Tres golpes contra Nicolás Maduro

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La Fuerza Armada se ha consolidado como el principal apoyo de la revolución bolivariana. Y cada vez más en la medida en que el gobierno pierde el respaldo popular en medio de una tremenda crisis económica. Pero así como los uniformados reciben enormes cuotas de poder, también son vigilados y una veintena de oficiales han sido sentenciados por participar en supuestas conspiraciones en procesos que vistos en detalle lucen como medidas ejemplarizantes cargadas de intenciones políticas
 

El pasado 11 de enero fueron sentenciados con penas de entre 5 y 10 años de prisión cinco oficiales de la Aviación Militar de Venezuela y tres civiles acusados de encabezar una conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro. A eso lo llamaron “Golpe Azul”. La vigilancia sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un punto de primera importancia para el sostenimiento de la revolución y durante los tres años de mandato de Nicolás Maduro los militares han sido el soporte fundamental de su gobierno. No solo como componente armado sino también en el manejo de las áreas estratégicas de la nación, ocupando altos oficiales alineados al proceso los más importantes cargos en ministerios y empresas del Estado.

Esto ha sido vital, especialmente frente a un escenario de pérdida de apoyo de la población al gobierno y a la conducción de Maduro, que según las firmas de opinión más importante del país lo ubican en solo 20%. De allí que la sospecha de intentos de rebelión desde la propia institución armada sea una constante en los últimos años.

Según las autoridades venezolanas tres conspiraciones militares para derrocar al gobierno de Maduro han sido develadas a lo largo de tres años. Cerca de 20 oficiales superiores y medios cumplen condenas en las distintas cárceles militares por razones políticas y recientemente se creó un organismo cívico militar conducido por el ministro de Relaciones Interiores (un militar) y el vicepresidente Tarek El Aissami, denominado Comando Nacional Antigolpe, que en apenas unas semanas operando ya ha puesto tras las rejas a un alto oficial, a un diputado de la Asamblea Nacional y a dos concejales opositores.

Uno de los servicios de inteligencia y espionaje más activos en esa tarea ha sido la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un cuerpo de seguridad bajo la dirección del Ministerio de la Defensa, que ha utilizado los más modernos sistemas de intervención telefónica y electrónica y vigilancia sobre los uniformados de las distintas fuerzas.

Muy dados a etiquetar las supuestas conspiraciones, la primera de este trienio madurista fue la llamada “Operación Jericó”, ocurrida a comienzos de 2014. Fueron investigados y sentenciados 10 oficiales de la Aviación Militar que según la Fiscalía Militar organizaron un movimiento, aliado a la oposición, para generar una rebelión armada contra Maduro. La segunda, es la mencionada “Golpe Azul”, ocurrida en 2015 y cuya sentencia se produjo en el mes de enero y puso en las cárcel a cinco oficiales y tres civiles. La más reciente recibió el nombre de “Operación Alcatraz” y ha comenzado a producir detenciones por parte del Comando Nacional Antigolpe.

Una característica de los dos procesos militares que se han realizado y han producido sentencias contra uniformados es que para ellos se activaron tribunales accidentales, vale decir consejos de guerra. Consultado, el penalista Alonso Medina Roa, quien formó parte del equipo de defensores en el caso de la “Operación Jericó” indica que de acuerdo al Código Militar de Justicia tales instancias de juicio se activan “única y exclusivamente en momentos de guerra”.

Las condenas aplicadas fueron por “instigación a la rebelión”. Pero en ambos casos las actuaciones de los acusados no pasaron de reuniones entre grupos de oficiales, además de que los involucrados en el llamado “Golpe Azul” programaron la grabación de un video con un pronunciamiento contra el gobierno. Solo con eso la sentencia se dio por “instigación”.

Según aprecia el penalista Alonso Medina, para que exista la instigación tiene que generarse un efecto en la persona instigada y realizarse una acción. Es decir, que la persona instigada se rebele, se levante en armas, contra el Estado a los fines de derrocar al gobierno. Pero no hubo ninguna acción de esa naturaleza. Ningún oficial llegó a señalar en el juicio sentirse instigado así como tampoco incurrió en alguna actuación armada con fines de derrocar al gobierno.

Auditorio azul

El grupo de cinco oficiales medios sentenciados por la supuesta conspiración bautizada “Golpe Azul” se compone de primeros tenientes cuyas edades están entre los 28 y 35 años. Todos pertenecientes a la Aviación Militar. De acuerdo al expediente, el caso se basó en un testigo civil de nombre Roberto José Nueves Armas, quien bajo juramento narró cómo este grupo de oficiales en compañía de otros civiles (un taxista, un carpintero y un funcionario bancario también sentenciados) se habían reunido a mediados de enero de 2015 en un departamento en la ciudad de Maracay -a unos 100 kilómetros de Caracas- para conversar sobre la grave situación económica del país y la necesidad de sacar al gobierno de Maduro. En esa reunión, aunque algunos asistentes estaban en desacuerdo, se decidió que un grupo de oficiales grabara un video pronunciándose acerca de la crisis del país, como un manifiesto para denunciar el malestar que afectaba al sector militar y en el que se hiciera un llamado a la desobediencia de las autoridades y las instituciones del Estado.

Una segunda reunión se produjo el 11 de febrero de 2015, en otro departamento ubicado en la ciudad de Maracay. Allí supuestamente y según ese testigo, se llevó a cabo la grabación del video con un pronunciamiento en el que participaron los oficiales posteriormente sentenciados y los tres civiles.

Sin embargo ese video nunca fue recuperado por las autoridades de inteligencia militar. Una civil que estuvo en esa reunión -Estéfani Andreina Carrillo Torres, esposa de uno de los oficiales y quien según el testigo, fue quien lo grabó- salió del país sin ser detenida con el supuesto video y por tanto ni la DGIM ni la Fiscalía Militar lograron demostrar la existencia y el contenido del mencionado pronunciamiento.

Durante ese proceso investigativo y al momento en que se producían allanamientos en la búsqueda de evidencias, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó a través de su programa televisivo “Con el mazo dando” un video obtenido de un teléfono celular incautado por Contrainteligencia Militar en donde estos oficiales se preparaban para realizar la grabación del pronunciamiento. El video de apenas unos 7 segundos solo muestra al grupo en el supuesto lugar seleccionado colocándose los uniformes militares para la grabación, pero sin evidencia de lo que el testigo asegura que contenía el pronunciamiento militar.

Diosdado Cabello lo mostró en el programa como una prueba contundente de la presunta conspiración e intento de Golpe de Estado y aseguró que los servicios de inteligencia estaban al tanto de esa reunión y que gracias a esas investigaciones se frustró el alzamiento.

Sin embargo, la realidad establecida en el expediente y descrita por el único testigo de la Fiscalía Militar es que la DGIM no estaba investigándolos ni estaba al tanto de dicha reunión y solo luego de la delación del testigo es que comenzaron a realizar las investigaciones. De allí que las únicas evidencias presentadas durante el juicio fueron ese testimonio del testigo y algunos mensajes de texto que los oficiales mantenían en sus celulares y dispositivos electrónicos.

Diosdado Cabello igualmente contradice al testigo en su relato mediático al señalar que se trataba de un “oficial militar que no se dejó comprar por el imperialismo para traicionar a Chávez y a la revolución”. En realidad fue un civil, amigo de uno de los civiles sentenciados, quien decidió denunciar al grupo ante la policía política (Sebin).

Otros elementos presentados por la Fiscalía Militar para producir la sentencia por incitación a la rebelión fueron los correos y los intercambios telefónicos enviados durante esos días por los acusados.

Según explica el abogado Dimas Rivas, quien forma parte del equipo de defensa de los oficiales sentenciados en el caso “Golpe Azul”, para recopilar pruebas de los dispositivos personales, Contrainteligencia Militar acudió a dos expertos en intervenciones electrónicas.

Uno de estos expertos -primer teniente Levis Angola Durán- explicó ante el tribunal militar que utilizó un programa informático llamado “IBM software 1- 2 analyts note book 8.9” de uso comercial el cual es alimentado por la base de datos de operadoras telefónicas, el Servicio de Identificación de Venezuela (SAIME) y el Instituto de Seguridad Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para la realización de las vinculaciones de las llamadas. Allí se inserta la información contenida en un CD, el cual es aportado por las operadoras telefónicas para que luego el programa emita un gráfico con la información de los números en estudio.

El penalista Dimas Rivas advierte que esa evidencia electrónica contenida en el los CD aportados por las operadoras telefónicas no contó con la cadena de custodia y la información de la base de datos con el cual se alimenta el sistema no fue controlada por ninguna de las partes. Es decir, no garantizaba la veracidad de los datos. El efectivo militar y experto nunca firmó la cadena de custodia relacionada con la evidencia electrónica.

Primero fue Jericó

El abogado Alonso Medina Roa explica que este llamado “Golpe Azul” tiene sus antecedentes en el caso ocurrido en marzo de 2014, cuando fueron detenidos y enjuiciados 10 oficiales militares acusados de encabezar lo que llamaron la “Operación Jericó”. Como se recordará, en varias ciudades del país se habían producido fuertes manifestaciones en contra del gobierno con el resultado de muertos, heridos y casi 100 detenidos.

Lugar: Sala de Juicio del Circuito Judicial Militar Penal de Maracay, Estado Aragua
De izquierda a derecha:
Primer teniente (Av) Henry Javier Salazar Moncada. Condena de 10 años, 8 meses y 8 días.
Primer Teniente (Av) Carlos José Esqueda Martínez. Condena: 9 años, 8 meses y 8 días.
Civil Luis Rafael Colmenares. Condena: 5 años, 8 meses y 8 días.
Primer Teniente (Av) (r) Luis Hernando Lugo Calderón. Condena 9 años, 8 meses y 8 días.
Primer Teniente (Av) Petter Alexander Moreno. Condena: 9 años, 8 meses y 8 días.
Civil Pedro Rafael Maury Bolívar. Condena 5 años, 8 meses y 8 días.
Civil Jesús Enrique Salazar. Condena: 5 años, 8 meses y 8 días
Primer Teniente (Av) Ricardo José Antich Zapata. Condena: 9 años, 8 meses y 8 días.
Adelante, traje gris, el abogado de la defensa, Dimas Rivas Navarro

 

Al igual que en el caso “Golpe Azul”, para este proceso se activó un Consejo de Guerra Accidental con similar acusación por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. En aquella oportunidad se ordenó la captura de 10 oficiales, entre los cuales estaban un general de división activo, un coronel del Ejército, un oficial de la Armada, un oficial retirado de la GNB y varios oficiales superiores y subalternos de la Aviación Militar.

Toda la evidencia se basó en el testimonio de uno de los detenidos, un capitán de corbeta, quien optó por denunciar a sus compañeros y reveló que había acudido a varias reuniones con el grupo de oficiales, tanto en Caracas como en la ciudad de Maracay, a los efectos de organizar un movimiento insurreccional para derrocar a Nicolás Maduro.

En su relato ese testigo indicó que este grupo de oficiales pretendía utilizar algunas aeronaves militares tipo Tucano y un avión de combate de la flota de Sukhoi para bombardear objetivos militares y otras instalaciones del gobierno nacional. Sin embargo, en el juicio se demostró que durante las fechas indicadas en que ocurriría el levantamiento los aviones de entrenamiento tipo Tucano no estaban operativos por una revisión exhaustiva a la que estaban siendo sometidos.

En el caso de los Sukhoi se estableció en el juicio que para ese momento estas aeronaves no contaban con armamentos para atacar objetivos de tierra, tal como argumentó la Fiscalía.

Y ahora Alcatraz

El 10 de enero de 2017, tres días después de que la mayoría opositora de Asamblea Nacional de Venezuela declarara a Nicolás Maduro en “abandono del cargo” debido a la crisis política, económica y de inseguridad, fue activado el Comando Nacional Antigolpe cuyas primeras medidas condujeron a la detención e incomunicación de cuatro dirigentes políticos opositores que ostentan cargos de elección popular.

Los detenidos por esta supuesta operación son el general retirado Raúl Baduel, quien fuera Ministro de la Defensa en los primeros años de Hugo Chávez y quien lideró su rescate durante los sucesos de 2002 cuando salió del poder por 24 horas. Baduel cumplía una condena con beneficio de casa por cárcel desde hacía un año y medio. La medida lo regresó a una cárcel militar y se encuentra incomunicado. A Baduel se le identifica como cabeza de esa conspiración.

Agentes de inteligencia detuvieron al diputado Gilber Caro y a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, pertenecientes a la unidad opositora.

Sobre esas detenciones, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, aseguró que fue develado un “un plan terrorista desestabilizador” y que estos dirigentes “mantenían reuniones conspirativas con el general Baduel”. Indicó además que a los detenidos le fueron decomisados explosivos. Reverol también aseguró que estas personas estaban “vinculadas” a Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López.

Tanto los familiares de los detenidos, como los partidos políticos en los que militan, han denunciado la arbitrariedad e ilegalidad de estos procedimientos. Y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, resumió así la situación en declaraciones públicas: “La única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror”. Esa es la tesis que prevalece desde el lado de la oposición, donde consideran a estas personas como presos políticos. El gobierno, como se ha visto, los califica como peligrosos conspiradores. Y en un sistema de justicia que se acomoda a los intereses del Ejecutivo, es estrecho el margen de maniobra que tendrán sus defensores legales.

 

 

Fuente: Vértice