Carta democrática refuerza la soberanía nacional de Venezuela y no la intervención

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Cuando se cuenta con gobiernos electos pero que no cumplen con los acuerdos señalados y suscritos, incluso por Venezuela, en la Carta Democrática Interamericana, puede sugerirse la aplicación de este mecanismo que solo analizar la situación y adoptar las decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes, a fin de promover la normalización de la situación alterada.

“Por ejemplo, la Carta Democrática aplica en países que incumplan el artículo 3 de este documento en el que se expresa que donde exista violación sistemática de los Derechos Humanos, Falta de Estado de Derecho, no realización de elecciones periódicas previstas para cambios de altos funcionarios a través del voto popular, así como también la no presencia de pluralidad de partidos y la no independencia de poderes públicos es aplicable, y en este momento en Venezuela solo se está analizando hacerlo pero no se ha activado”, aclaró el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH), abogado Carlos Ayala Corao.

El jurista aclaró que es obligación de los Estados organizar y garantizar la democracia de los pueblos, de lo contrario, “la sociedad civil debe pensar que si se activa la Carta qué se le va a pedir a los Estados miembros”.

Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede acordar la suspensión temporal del Estado Miembro, del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios de los Estados que conforman la Organización (34 países), “algo que aún no ha ocurrido. La suspensión no implica desvinculación de los tratados internacionales que se derivan de la Carta”, agregó Ayala Corao este viernes, durante un foro realizado en Caracas en el cual expertos en Derechos Humanos explicaron todo lo referente al mecanismo internacional y sus implicaciones en el caso de Venezuela.

Ayala recomendó que frente a violaciones de Derechos Humanos lo correcto es documentar y denunciar ante instituciones aunque no respondan, pero también existen instituciones internacionales a las cuales acudir”, dijo.

El abogado especialista en Derechos Humanos recordó quela Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) es representativa en un entorno de dictaduras. Como ejemplo, mencionó los casos de Perú donde hubo un gobierno electo pero no democrático. “El gobierno de Fujimori secuestró los poderes y quebrantó libertades democráticas”, dijo.

 

NO IMPLICA INTERVENCIÓN

Seguidamente, Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, recordó que en el año 2009 el propio presidente Nicolás Maduro, en su cargo de canciller para ese entonces, solicitó la activación de la Carta a Honduras, cuando gobernaba Manuel Zelaya.

Asimismo, aclaró que la Carta Democrática “no contempla ninguna intervención física o de fuerza, si fuera el caso de Venezuela. Provea califica al gobierno de Maduro como dictador del siglo XXI considerando el ejemplo peruano de dictadura moderna, pero los peruanos lucharon para salir de esa dictadura”, señaló.

Provea el 12 de abril de 2002, condenando la ruptura del orden constitucional en Venezuela, luego del recordado “Carmonazo”, golpe de Estado que se materializó entre el 11 y el 12 de abril de 2002,  repudió los hechos y solicitó a la comunidad internacional la aplicación de la Carta Democrática Interamericana debido a la situación de ruptura del Estado de Derecho y el desconocimiento de la Constitución Nacional, por el gobierno de facto encabezado por el señor Pedro Carmona Estanga.

Actualmente, Provea junto a 45 organizaciones de la sociedad civil venezolana ha solicitado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Doctor Luis Almagro, continuar con los esfuerzos emprendidos para activar los mecanismos que permitan aplicar la Carta Democrática Interamericana al Estado venezolano, #debido a la prolongada situación de ruptura del hilo constitucional generada luego de la irrita e inconstitucional aprobación y posterior prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica y la suspensión indefinida del derecho al sufragio el pasado 20 de octubre de 2016. Esta nueva solicitud reitera lo ya expresado por las ONG venezolanas el pasado 24 de octubre de 2016 mediante una comunicación también dirigida al Secretario General de la OEA, en la que se denunció la violación de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana (CDI) por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como la petición de activar los mecanismos presentes, tanto en su artículo 19 como en su artículo 20, para su activación frente a la situación venezolana”.

 

NO IMPLICA SOLUCIÓN INMEDIATA

Por su parte, el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, aseguró que no existe injerencia de ningún tipo al solicitar la activación de este mecanismo.”La Carta Democrática no es injerencia, su fin es más bien todo lo contrario. Su fin es rescatar la soberanía popular cuando la misma ha sido pisoteada por la violencia a los Derechos Humanos, la falta de elecciones periódicas, la ausencia de Estado de Derecho y la ausencia de independencia de poder judicial. En tal sentido, la Carta Democrática es un instrumento para discutir principios democráticos entre todos los países de América y trabajar en la profundización de la democracia y el respeto a los de Derechos Humanos”, aclaró.

Romero además señaló, que “la Carta no implica una solución inmediata a la crisis sino un mecanismo para buscar soluciones como las libertades fundamentales que en su planteamiento, en Venezuela ha sido satanizada. La Carta Democrática es igual a libertades y esa discusión en cualquier país libre más bien debería tener la aceptación del gobierno.  De hecho, “Hugo Chávez sabía lo que se estaba creando con la Carta  porque ellos mismos la crearon y aprobaron en el año 2001”, recordó.

El abogado especialista en Derechos Humanos reiteró que el gobierno de Maduro “ha sido el más represivo de la historia. Ha existido un incremento tanto cuantitativo como cualitativo de los  presos y perseguidos  políticos a quienes constantemente le violan sus derechos al someterlos a tratos crueles e inhumanos”, precisó.

Las organizaciones de Derechos Humanos propusieron la creación de una coalición de organizaciones sociales para trabajar por la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho “con la finalidad de promover los principios establecidos en la Carta Democrática”.

 

 

 

Fuente: La Patilla