Ariana Virginia Granadillo Roca: Una pediatra de ensueño

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Un Breve recorrido por la redes sociales del proceso de detención de Ariana Granadillo.

Ariana Granadillo, joven de 21 años la cual fue detenida en la alcabala de Peracal, San Antonio del Táchira supuestamente esta solicitada por el tribunal 2do de control militar de Caracas , y con orden de captura
El pasado 23 de junio, fue detenida por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas), Ariana Granadillo-Roca. Estudiante de Medicina de 21 años de edad. Fue detenida cuando el autobús donde viajaba con su padre y madre fue requisado y al pedirles la cédula de identidad a los pasajeros, dejaron detenida a Ariana porque existía una orden de captura en su contra en el sistema. Esto ocurre luego de que fuera denunciada su previa desaparición forzosa, conjuntamente con su padre y madre, el 24 de mayo de 2018 y su liberación el 31 de mayo del mismo año.

Es de notar, que en fecha 29 de mayo de 2018, es decir antes que fueran liberados de la referida detención-desaparición del 24 de mayo, la hermana de Ariana, Johana Granadillo-Roca y su prima Lorenza Granadillo-Guzmán realizaron una denuncia formal sobre la desaparición forzosa de Ariana y sus padres, ante la Fiscalía del Ministerio Público en Caracas. Dicha denuncia quedó registrada como “Planilla de Audiencia Nro 126 y fue recibida por la Abog. María Astudillo C.

Es importante considerar, que la Orden de Captura que sustenta la reciente detención de Ariana tiene fecha 27 de mayo de 2018. En esa fecha Ariana se encontraba desaparecida en manos del DGCIM tal como explicamos a continuación.

Tal como fue informado y detallado vía Skype, el 6 de junio de 2018, desde nuestras oficinas, por la misma familia Granadillo, Argenis (Padre), Gabriela (Madre) y la propia Ariana (hija), a Amanda Flores de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU y la secretaría del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el 24 de mayo de 2018, la familia Granadillo, padre, madre y su hija Ariana, fueron sacados de la casa que habitaban en la Urbanización San Antonio de los Altos (Carrizal), Estado Miranda, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y sin orden oficial alguna. Los mantuvieron desaparecidos y sometidos a trato cruel e inhumano hasta el 31 de mayo de 2018.