Foro Penal: Represión en Venezuela alcanza el mayor número de presos políticos con 976

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Caracas, 28 de enero de 2019

La organización no gubernamental Foro Penal FP) alertó sobre el incremento en el número de presos políticos en Venezuela, y la oleada de incursión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en casas de familias pobres sin ningún tipo de orden judicial tras manifestaciones antigubernamentales. “Al día de hoy contabilizamos 976 presos políticos. Solamente del 21 de enero hasta el 28 de enero hemos registrado 850 arrestos, de los cuales 703 quedaron privados de libertad, es decir estos últimos engrosan la lista de personas encarceladas con fines políticos”. El número de presos políticos estaba en 273 hasta el domingo 20 de enero”, precisó Alfredo Romero, director presidente.

Detalló que Caracas lidera la lista con mayor número de arrestos arbitrarios con 171 y le sigue el estado Aragua con 115. “En este momento, hemos registrado 696 que fueron detenidos solo el 23 de enero, en todo el país, pasando a ser el día con más detenciones políticas, al menos desde 1999. Setenta y siete (77) adolescentes, varios entre 12 y 16, y 100 mujeres, todos quedaron privados de libertad. Por ejemplo, en Yaracuy, 11 niños entre 12 y 16 años quedaron privados de libertad sin justificación alguna”, condenó Romero.

La mayoría de estos arrestos se realizan en zonas pobres donde se han registrado protestas en los últimos días. Estas personas fueron presentadas bajo cargos como obstrucción de la vía pública, desacato a la autoridad, instigación pública, agavillamiento y en los casos más graves terrorismo.“Esto se produce por instrucción de Nicolás Maduro quien pidió pena máxima para los detenidos”, agregó Romero.

Aseguró que se trata de un patrón agravado que incrementa la lista de casos de crímenes de lesa humanidad en el país bajo el régimen de Nicolás Maduro, y cuyas pruebas serán presentadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás instancias internacionales competentes próximamente, informó Romero en rueda de prensa de este lunes junto a miembros de Provea y Redes Ayuda.

Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal denunció obstaculización del trabajo de los defensores de Derechos Humanos. “Los tribunales tratan de impedir que los afectados elijan a sus defensores de confianza y los hacen elegir contra su voluntad a defensores públicos. Esto ha ocurrido en Caracas, Yaracuy, Zulia, Monagas y Bolívar. Esto tiene que ver con el hecho de que al poder no le interesa que los ojos vigilantes de activistas y defensores de Derechos Humanos tengan acceso a los expedientes”, manifestó.

Asimismo, destacó un caso sobre ataques a los defensores de Derechos Humanos que está en pleno curso. “Tenemos en estos momentos una situación muy grave, la madre de nuestro coordinador en Yaracuy, Laura Gallo fue detenida y quedó privada de libertad con la condición de fianza, pero la mantienen encarcelada en una celda con reas comunes en el INOF del Estado Yaracuy. Una evidente maniobra de intimidación para nuestros abogados”, dijo.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, director de Provea, denunció que al menos 35 personas resultaron asesinadas por funcionarios policiales en el contexto de las manifestaciones en todo el país. •”Tenemos la cifra corroboradas con nombres y apellidos. Los asesinatos se registran en 10 estados de Venezuela, por ejemplo, hay 10 en Distrito Capital, 8 en Bolívar, 4 en Portuguesa. 8 personas fueron ajusticiadas en el Tocuyo, estado Lara”, detalló.

En este sentido, Uzcátegui pidió a los familiares denunciar e identificar “para poder castigar a los violadores de Derechos Humanos”.
Melanio Escobar, representante de Redes Ayuda, se refirió al “blackout” informativo en Venezuela. Aseguró que existe un bloque selectivo del internet que se ve reflejado en las redes sociales y portales noticiosos. “En este mes de enero se ha llevado a cabo el avance de censura más audaz que ha tenido la dictadura de Nicolás Maduro”, que consiste en “silenciar todas las redes sociales en momentos selectivos cuando pasa un momento álgido. Esta es una evidente manera de silenciar las voces disidentes, de violar el derecho de la libertad de expresión, de violar el derecho de informar y estar informado”.

“No solamente se conforman con enviar las ordenes a los medios tradicionales, que todavía salen parcialmente libres, de que no mencionen al presidente encargado Juan Guaidó o que no se hable de los muertos o de las víctimas de la represión durante las manifestaciones, sino que también silencian cualquier alocución de Guaidó. Cuando suceden estos hechos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del estado, los venezolanos no tenemos acceso a la información. Ya estamos acostumbrados a que la hegemonía comunicacional del Estado controle todos los medios tradicionales”, dijo Escobar.