Contra una amnistía sin memoria y un perdón sin justicia
Contra una amnistía sin memoria y un perdón sin justicia
Después de 26 años de autoritarismo en Venezuela, se necesita algo más que una inyección de amnesia para pasar página y que haya una reconciliación real en el país caribeño
El viernes 2 de agosto de 2024, por la mañana, Kennedy Tejeda salió de su casa rumbo al comando de la Guardia Rural de Montalbán, en el Estado venezolano de Carabobo, a unos 200 kilómetros de Caracas. Buscaba averiguar el paradero de dos jóvenes de su comunidad que habían sido detenidos por manifestarse contra el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Lo recibió el guardia de turno. Tejeda preguntó cuándo debían presentarse los muchachos ante el tribunal correspondiente para asistir en su representación jurídica. El guardia le pidió que entrara a la comisaría y llamó al capitán.
“En el pasillo, el capitán pidió que le entregara el celular. Yo me negué. Entonces me dijo: ‘Dame tu teléfono o te quiebro aquí mismo’. Me volví a negar y arremetió contra mí para arrebatármelo. Yo estaba trabajando con el Foro Penal en la defensa de los detenidos y había participado como observador en las elecciones. Al ver mis chats en el teléfono, el capitán dijo: ‘¡Ah, pero tú eres escuálido [opositor]! A partir de este momento estás muerto”. Fue lo último que oyó antes de perder la libertad. Y así comenzaron los 17 meses que pasó detenido.
Otro caso es el de J. D., una víctima que prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias. Hace poco menos de un año iba por Caracas en su carro cuando fue interceptado por dos camionetas sin identificación oficial ni placas. Bajaron hombres encapuchados que portaban armas largas.
Le cubrieron la cabeza y lo llevaron a una casa clandestina de detención. Allí estuvo a punto de morir por la falta de medicinas críticas para su salud. Luego fue trasladado al Helicoide, bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Pero como soy un terrorista muy importante y peligroso me pasearon por otros centros”, dice con humor. “No sufrí castigos físicos, no fui vejado ni insultado, pero, ¿cómo se llama cuando te privan del sol durante semanas o no se te permite comunicarte con tus familiares?”.
Cuatro semanas después de haber sido excarcelado, ruidos como el deslizarse de la tranca de una puerta o el giro de una llave en una cerradura siguen disparando su angustia. Aún tiene dificultades para dormir y se mantiene medicado con ansiolíticos. “Estuve internado en un campo de concentración con aire acondicionado y televisión. No me golpearon el cuerpo, pero la psique es otra cosa. Se llama tortura psicológica”.
En estos días se habla mucho de amnistía. Hasta ahora los principales ausentes en la discusión han sido gente como Tejeda, personas a las que se tragó la tierra y vivieron lo más oscuro de la dictadura. O como J. D., que aún no ha recuperado la noción del tiempo tras incontables días en la oscuridad de una celda. Y, como ellos, otros miles de víctimas que esperan justicia.
Sí, hace falta una amnistía. Pero sería un error creer que basta con el olvido legal de expedientes y causas.
Es posible que la Comisión Especial para la Consulta de la Ley de Amnistía designada por la presidenta Delcy Rodríguez y la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional actúen con intención de aliviar décadas de confrontación. Pero hasta ahora, los esfuerzos del chavismo en la era pos-Maduro parecen orientados a una amnistía exprés que cierre expedientes entre 1999 y 2025 sin distinguir responsabilidades, y que, en la práctica, proteja a ejecutores y a la cadena de mando. Tras 26 años de autoritarismo, una amnistía así no llevaría a una reconciliación sino que sería una trampa. No hay que olvidar que los arquitectos y perpetradores de la represión eran o son servidores públicos pagados por el Estado venezolano. Por ello es crítico que se les aplique la justicia.
Venezuela necesita algo más que un shot de amnesia para pasar página. Para que haya reconciliación real, la amnistía solo puede ser el primer paso. Es ineludible desmantelar el aparato represivo que hizo posibles historias como las de Kennedy y J. D. y evitar un perdón general que ampare a quienes ordenaron, orquestaron y ejecutaron violaciones de derechos humanos.
Las excarcelaciones recientes ilustran la paradoja del momento. Más de 400 presos políticos, de un total superior a 1.000, han salido de las cárceles. Pero la mayoría sigue sin verdadera libertad. “La excarcelación no es una libertad plena. Los procesos penales continúan con medidas cautelares, restricciones a la libertad, prohibición de salida del país y de hablar con los medios”, explica Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, organización que asiste a presos políticos en un pulso constante con la administración de justicia del régimen.
Abogado penalista y defensor de los derechos humanos, pocos como Himiob conocen los pliegues y grietas del sistema judicial venezolano. La Comisión de Amnistía lo invitó recientemente a intercambiar ideas en la Asamblea Nacional. En las discusiones emergió una frase repetida: “Vamos a pedir perdón, pero ustedes también deben pedir perdón. Hay que reconocer que hay víctimas de un lado y de otro”. El riesgo de esa fórmula es establecer una falsa equivalencia entre víctimas y victimarios con la coartada de acelerar las excarcelaciones y dejar atrás el conflicto político. Desmantelar el aparato represivo requiere mucho más que vaciar parcialmente las cárceles. Implica revisar y derogar el entramado que permitió criminalizar la disidencia y consolidar un ecosistema de vigilancia y miedo.
Mientras en Caracas se debate el alcance de la ley, en su casa Kennedy recuerda Tocorón. “El periodo que pasé en la cárcel fue una pesadilla. La comida era pésima y a veces estaba podrida. O venía con basura. Encontré uñas, cabellos y hasta dientes en la comida que nos servían. Un plato muy frecuente eran granos mal cocidos, lo que les provocó apendicitis o peritonitis a varios reclusos. Los custodios nos daban un trato degradante”. Allí, el castigo más fuerte era ser lanzado en el Tigrito, una celda insalubre, pensada para una persona, pero donde hacinaban a seis o más. “En realidad, no había un solo Tigrito, sino tres. En una ocasión encerraron a 26 reclusos juntos. La primera vez que me castigaron estuve ahí una noche. La segunda, cinco días. No tenía ventanas ni ventilación. Nos daban solo una botella de litro y medio de agua al día para todos. Si pedíamos más, nos sacaban a golpes mientras nos gritaban que queríamos provocar un motín. Pero el castigo más frecuente era el hambre. Nos hacían pasar hambre de manera constante y no podíamos quejarnos por miedo a ser castigados. En tres meses perdí 20 kilos”.
Las vías para superar más de dos décadas de polarización y represión están llenas de obstáculos. Uno de los mayores es el castigo a quienes ordenaron, orquestaron y perpetraron los abusos. La experiencia comparada demuestra que los intentos de clausurar el pasado mediante el olvido legal suelen reabrirse décadas después.
Para Tejeda, la justicia no es una consigna de negociación, sino algo bien concreto. “Lo que vivimos fue un horror. Sin embargo, como defensor de derechos humanos no puedo quedarme callado. Nuestro trabajo es denunciar. Debemos quitarnos la mordaza y no quedarnos de brazos cruzados. Hay que evitar que todo esto se repita. Quiero un país democrático y de justicia, donde los amigos y familiares puedan regresar para darnos un abrazo y celebrar la Navidad alrededor de una mesa llena”.
J. D. formula sus aspiraciones íntimas de un nuevo país de otro modo, pero apunta en la misma dirección: “El alma de los venezolanos está fracturada. De hecho, el alma que existía antes del chavismo se acabó. Hay que crear un alma nueva. Quiero ayudar a retejer esta sociedad”. Entre los sueños y esperanzas de estas dos víctimas de la represión chavista se juega el sentido real de cualquier ley de amnistía y del renacer de Venezuela.