Informe Anual Amnistía Internacional- Capítulo Venezuela

29 de abril 2025

Las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad

Las personas detenidas, incluidas mujeres, niñas y niños, fueron presuntamente torturadas. Las condiciones de reclusión siguieron deteriorándose. Persiste la impunidad de las violaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó que se reanudara la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Quienes ejercen el periodismo siguen corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento y el gobierno persiste en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes. Se amenaza a las ONG de derechos humanos con clausurarlas, y las personas defensoras siguen corriendo grave peligro. Al terminar el año, más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido del país. Los derrames de petróleo en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, tuvieron consecuencias graves para la fauna marina. Persisten los niveles elevados de pobreza y la población carece de acceso suficiente a alimentos, agua y atención médica. Persiste también la violencia contra las mujeres y el aborto seguía estando penalizado. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. La minería ilegal y la violencia amenazan los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. Se expulsó del país al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Se renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Información general

Las elecciones presidenciales celebradas en julio fueron muy controvertidas. Los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro se enfrentaron a numerosos obstáculos para participar en los comicios, como el impedimento de inscribirse en el registro electoral y la detención arbitraria y tortura de sus miembros.

Pese a la presión internacional que recibieron las autoridades electorales —especialmente de la Unión Europea y otros países de la región, como Brasil y Colombia— para que hicieran pública la información detallada de los resultados, el gobierno rechazó todo tipo de investigación y siguió persiguiendo a integrantes de la oposición política.

El Tribunal Supremo de Justicia validó la elección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial. El candidato Edmundo González Urrutia, que había cuestionado los resultados, huyó del país en septiembre y recibió asilo en España.

El personal de la OACNUDH fue expulsado del país en febrero tras denunciar la desaparición de Rocío San Miguel, pero al concluir el año se había readmitido a un equipo pequeño de este organismo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por un plazo de dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, aunque las autoridades no le habían dado acceso al país al terminar el año. En octubre, la Misión publicó un informe en el que denunciaba la continuidad de la política estatal de represión y los crímenes de lesa humanidad, haciendo hincapié en la crisis electoral y poselectoral.