Persecución e Intimidación contra Defensores de Derechos Humanos

Desde mayo de 2014, se inició una escalada de intimidación y amenaza contra activistas de Derechos Humanos, resultando recientemente, en marzo de 2015, en medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y otros miembros de esa ONG, las cuales no han sido ejecutadas o cumplidas por el Estado venezolano. (Ver decisión CIDH)

En el caso de Alfredo Romero, la intimidación se ha venido incrementando desde que acudió a la sesión del Comité contra la Tortura de la ONU, en noviembre de 2014. Alfredo Romero no solo ha sido señalado sistemáticamente por altos funcionarios del Estado venezolano a través de programas en canales de televisión del Estado, desacreditándolo e intimidándolo de diversas maneras, sino que incluso fue interceptado por un vehículo en la calle y apuntado con armas de fuego, luego de 30 minutos aproximadamente de haber sido nombrado en un canal del Estado. Esto fue denunciado ante los órganos policiales. En el reporte anual A/HRC/30/29 del 17 de agosto de 2015, emitido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en relación con “la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y los mecanismos en el área de Derechos Humanos” específicamente en el punto 19 relacionado con Venezuela el Alto Comisionado se refirió a Alfredo Romero como defensor de Derechos Humanos objeto de intimidación y represalias, tanto contra él como contra su familia, por parte del gobierno venezolano luego de haber participado en reuniones formales con entes de las Naciones Unidas,

"Venezuela (Bolivarian Republic of) 19. Allegations of acts of intimidation and reprisal against Alfredo Romero, Executive Director of Foro Penal Venezolano, a non-governmental organization representing victims of arbitrary detention and torture, his family and members of the organization were addressed to the Government on 19 February 2015 by a number of mandate holders (A/HRC/29/50, case VEN 2/2015). Mr. Romero travelled to Geneva in November 2014 to meet with representatives of the United Nations human rights system. After his return, he, his family and the organization Foro Penal Venezolano were mentioned repeatedly on a Venezuelan television programme, “Con el Mazo Dando”, during which they were reportedly referred to as conspirators against the system in the light of their cooperation with international human rights instruments and suspected of receiving funding from foreign countries. In addition, Foro Penal Venezolano reportedly received anonymous threats via Twitter. At the time of finalization of the present report, no response had been received from the Government"

De igual manera, Tamara Sujú, Coordinadora Internacional del Foro Penal Venezolano se vio obligada a requerir asilo en la República Checa, el cual le fue otorgado en vista de la persecución sistemática e intimidación en su contra por parte de funcionarios del Estado venezolano. Así se encuentran otros activistas de Derechos Humanos con medidas cautelares de la CIDH, tales como Humberto Prado, Rocío San Miguel y Marco Ponce. En mayo de 2014, el entonces Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó públicamente a través de los medios de comunicación a Gonzalo Himiob Santomé, Director del FPV, de participar en supuestas “actividades subversivas y terroristas”. Además del acoso constante por parte de altos funcionarios públicos contra miembros de la ONG Foro Penal Venezolano y otras organizaciones de Derechos Humanos, quienes son desacreditados y referidos de manera intimidatoria en los canales de televisión del Estado, el 4 de junio de 2015, el Presidente de la República Nicolás Maduro expresó públicamente que haría una cadena nacional a los efectos de exponer a las ONG de Derechos Humanos que participaron en la sesión del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, celebrada entre el 2 y 3 de junio de 2015. El Presidente Maduro se expresó públicamente refiriéndose a las ONG en ese entonces: "Estos bandidos van a hablar mal del país y ganan miles de dólares”.

 

Persecucion
Horacio Giusti, Jefe de prensa, Foro Penal Venezolano

A consecuencia de la denuncia por violaciones a los Derechos Humanos expuestas en este informe, recientemente otros miembros de la ONG Foro Penal Venezolano han sido intimidados y agredidos. El 28 de abril de 2015, aproximadamente, luego que Horacio Giusti, Jefe de Prensa de la organización, había denunciado acoso y persecución ante instancias policiales, fue interceptado por dos individuos en una motocicleta. Uno de los individuos se bajó de la motocicleta, lo acorraló contra la pared le preguntó por su nombre y oficio y al responder, le propinaron dos golpes muy fuertes, uno en un ojo y el otro en la mandíbula y luego ambos agresores arrancaron en la motocicleta, quedando Horacio tirado contra la pared y bastante perturbado. Esta situación ha sido denunciada ante la Fiscalía en Venezuela y ante la CIDH, e incluso existe una “acción urgente” al respecto emitida por Amnistía Internacional para este caso específico. (Ver documento Amnistía)

 

 

Los abogados del FPV que defienden en el estado Aragua la causa de los militares enjuiciados por el supuesto “Golpe Azul”, entre ellos nuestro Coordinador del estado, Dimas Rivas, son continuamente objeto de amenazas y de intimidaciones por parte de los operadores de justicia, amenazas que han llegado incluso a señalar que serán privados de su libertad por ejercer su trabajo como defensores. Recientemente, los abogados Oscar Ríos y Raquel Sánchez, respectivamente Abogado Voluntario y Coordinadora Regional del estado Táchira del FPV, fueron interceptados al salir de la sede de la Policía Nacional Bolivariana de ese estado por un grupo de encapuchados, que a pedradas le destrozó al vehículo en el que circulaban los parabrisas e hirió de gravedad en la cabeza a Raquel Sánchez. Previamente, otros abogados de ese estado, igualmente voluntarios del FPV, han recibido amenazas públicas a través de las redes sociales e incluso del mismo Gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora. El 9 de junio de 2016 la ONG Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de estos voluntarios del FPV, en virtud de las agresiones que sufrieron. (Ver documento Amnistía)