Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 la organización registraba 11 presos políticos.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal durante su visita a Valencia (Foto: Dayrí Blanco)
El expediente del caso Paramacay fue retirado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo y enviado a la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado, después de que transcurrieran 10 días sin que ese tribunal emitiera una decisión. La defensa conoció el traslado este jueves, según informó Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo.
Esto ocurrió mientras 43 personas son registradas como presos políticos en Carabobo, de acuerdo con el balance presentado por Betancourt durante el foro “¿A dónde va la justicia en Venezuela?”, realizado en Valencia. El abogado calificó el caso Paramacay como un “limbo” y cuestionó el traslado del expediente fuera de la sala que llevaba el proceso.
Foro Penal planteó la necesidad de una reestructuración del sistema judicial venezolano y expusieron casos de presos políticos, retrasos procesales y denuncias sobre la actuación de organismos de justicia en Carabobo.
Cambio de instancia irregular
El coordinador regional del Foro Penal consideró irregular el movimiento del expediente y sostuvo que la situación deja el proceso en un “limbo judicial”. El traslado ocurrió el 30 de septiembre y cuestionó que una instancia administrativa del circuito asumiera el manejo de un expediente que estaba siendo conocido por una sala de apelaciones.
El caso Paramacay es, según Betancourt, el único proceso de este tipo en Carabobo que se encuentra en esa situación y mencionó otros expedientes de presos políticos que permanecen en distintas instancias judiciales. Entre ellos está el de Misael Estrella, sobre quien existe un recurso de amparo presentado hace más de tres años y todavía no hay una decisión. Otros casos tienen procesos de apelación pendientes, se tramitan en otros estados o permanecen ante el Tribunal Supremo de Justicia.
43 presos políticos en Carabobo
Las condiciones de los presos políticos también fueron expuestas durante el encuentro. Betancourt señaló que algunos adultos mayores necesitan atención y que otros permanecen recluidos en comandos policiales, donde enfrentan restricciones para movilizarse, comunicarse con sus familiares y acceder a alimentación adecuada.
Carabobo ocupa el segundo lugar entre los estados con mayor cantidad presos, según los registros de la organización.
El balance nacional más reciente del Foro Penal, correspondiente al 28 de septiembre de 2026, contabilizó 324 presos políticos: 184 civiles y 140 militares. De ese total, 146 tenían condena y 178 permanecían sin condena.
Betancourt también denunció que existen casos cuyos procesos se desarrollan fuera de Carabobo, mientras familiares y abogados deben trasladarse entre distintas entidades para dar seguimiento a las causas. En su intervención pidió que una eventual reestructuración judicial tome en cuenta criterios de probidad y meritocracia.
Señalamientos sobre el sistema judicial regional
El representante del Foro Penal acusó al Ejecutivo regional de tener control sobre los circuitos penal y civil de Carabobo y utilizó la expresión “secuestrado” para referirse al Colegio de Abogados del estado.
Expresó que en los pasillos del Palacio de Justicia algunos profesionales del derecho preguntan cuándo cambiará la situación del sistema judicial, pero no denuncian públicamente lo que consideran irregularidades por temor a represalias.
Recordó los casos de familiares de víctimas que mantuvieron sus denuncias pese a las dificultades. Mencionó a Rosa Orozco, madre de Geraldín Moreno y al padre de Daniel Queliz como ejemplos de personas que insistieron en sus procesos hasta conseguir condenas contra responsables materiales.
También se refirió a Kennedy Tejeda, integrante del Foro Penal en Carabobo que permaneció más de un año detenido. Durante su encarcelamiento estuvo aislado y tuvo restricciones para recibir asistencia y visitas.
De 11 presos políticos a miles
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, sostuvo durante el encuentro que la reconstrucción del sistema de justicia debe comenzar con la designación de magistrados independientes. Propuso que el proceso pase por un comité de postulaciones y defendió que los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia tengan independencia frente al poder político.
Romero afirmó que todavía existen presos políticos y que la estructura ha sido utilizada para la persecución política que permanece. También cuestionó la independencia del Ministerio Público y sostuvo que fiscales y tribunales han participado en procesos de detención que considera arbitrarios.
El director del Foro Penal planteó además revisar leyes que, según su interpretación, han sido utilizadas como herramientas de represión, entre ellas la Ley contra el Odio y la Ley de Extinción de Dominio.
El contraste con el pasado reciente fue uno de los datos utilizados por Romero para explicar la evolución de la persecución política. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 la organización registraba 11 presos políticos. Pero, desde 2014, se contabilizan 19 mil 251 detenciones por motivos políticos y más de 11 mil 475 personas sometidas a medidas restrictivas de libertad.
Para Romero, la transformación de la justicia requiere desmontar las estructuras que considera vinculadas con la persecución política. Su planteamiento incluye la independencia de jueces y fiscales y la revisión del marco legal utilizado en estos procesos.
Fuente: El Carabobeño
