26 de junio de 2026
Washington, DC—En ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre el uso continuado de la tortura y otros malos tratos contra personas detenidas arbitrariamente por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y rinde un homenaje a quienes han sido víctima de este crimen. En este sentido, exhorta a los Estados a poner fin a estas prácticas, y liberarlas incondicionalmente.
La CIDH reitera sus preocupaciones sobre el uso indebido del derecho penal para privar de su libertad a personas con discrepancias político-ideológicas con los gobiernos de turno, o que ejercen legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, o defienden los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En este escenario, según los datos más recientes de sociedad civil, se registran: 1.281 personas presas políticas en Cuba, 46 en Nicaragua, y 554 en Venezuela, muchos de las cuales siguen en grave riesgo de tortura y otros malos tratos.
De las anteriores, la mayoría son víctimas de diversos actos de violencia, tortura física y psicológica, y malos tratos, cometidos principalmente por agentes públicos como una herramienta para obtener información, o de castigo o humillación. Estas prácticas afectan de manera diferenciada a las mujeres. Al respecto, la CIDH ha otorgado medidas cautelares frente a alegatos de tortura, para la protección de personas privadas de libertad en contextos de represión política.
Sobre Cuba, Prisoners Defenders documentó las reiteradas torturas y malos tratos contra personas presas políticas. Estas incluyen actos de violencia sexual, agresiones físicas, aislamiento y tortura psicológica y amenazas de muerte, y se presentan en un contexto caracterizado por ausencia de investigaciones independientes e impunidad.
Respecto de Nicaragua, el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura registró más de 40 formas de tortura perpetradas contra las personas detenidas por razones políticas a partir de la crisis de abril de 2018. Estas abarcan violencia sexual, golpizas, asfixias, choques eléctricos, quemaduras, aislamiento prolongado y tortura psicológica. Además, identificó 170 presuntos perpetradores, entre ellos, autoridades estatales, policiales y penitenciarias.
En cuanto a Venezuela, la CIDH recibió constantes informes de tortura y malos tratos contra personas presas políticas, especialmente durante los primeros meses de la detención. Estas incluyen, entre otras, el suministro de sustancias desconocidas que afectan la movilidad. Asimismo, la CIDH está profundamente preocupada porque el Helicoide sigue funcionando como un lugar clave de tortura en la región, colocando en riesgo continuo a decenas de detenidos. Adicionalmente, el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos reportó torturas, malos tratos, violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sin perjuicio de la gravedad de los actos, la Comisión no puede conocer el número total de víctimas, en parte porque muchos casos no se denuncian por el temor a represalias. Como la Comisión ha documentado, las familias que denuncian las violaciones sufridas por sus familiares son víctimas de acoso y persecución por parte de agentes estatales, sumado a los malos tratos que enfrentan durante las visitas y de los prolongados plantones a las afueras de centros de detención para exigir liberación.
En adición, las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela se enfrentan a deplorables condiciones de detención, agravadas por las razones que fundamentan su detención. Sumado a la falta de información oficial sobre su situación y lugar de alojamiento, dichas personas carecen de acceso al agua potable, alimentación adecuada y, atención médica de calidad y especializada. Igualmente, viven en condiciones insalubres, en ocasiones, en espacios de aislamiento como forma de castigo, y enfrentan restricciones para recibir visitas e intercambiar correspondencia con sus familias.
La tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios internacionales consagrados en distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia y, por consiguiente, están absolutamente prohibidos. Los Estados no pueden invocar circunstancias excepcionales para evadir el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de trato humano de las personas encarceladas. Adicionalmente, según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, constituye un deber estatal prevenir e investigar de oficio tales actos, juzgar y sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas y sus familias, y adoptar medidas para garantizar la no repetición.
La Comisión urge a Cuba, Nicaragua y Venezuela a poner fin a la tortura contra las personas presas políticas, y liberar, de manera inmediata e incondicional, a todas las personas detenidas por razones políticas bajo su jurisdicción.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 118/26
11:50 AM
Fuente: CIDH - IACHR
