El conversatorio “Cuando defender es resistir” se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre de 2026 en el Salón del Colegio de Médicos (CEPRO) en Lechería, estado Anzoátegui
La actividad reunió a defensores de derechos humanos, abogados, estudiantes, líderes políticos y familiares de víctimas de detenciones arbitrarias.
Arelys Ayala, Coordinadora Regional de Anzoátegui, lideró la moderación del evento y agradeció la masiva convocatoria del tejido social de la región, destacando la asistencia de gremios, profesionales y medios de comunicación locales. Enfatizó que la labor del capítulo Anzoátegui no se limita únicamente a la asistencia jurídica técnica, sino al apoyo, contención y acompañamiento cercano a las familias afectadas por la persecución penal.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, ofreció el balance más reciente de la organización, detallando que para la fecha existen 344 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Denunció además que la gran mayoría de estos casos son centralizados de manera irregular en tribunales de Caracas. Señaló que el sistema penal ha experimentado ajustes institucionales que resultaban impensables tiempo atrás, pero recordó la urgencia de reconstruir el Poder Judicial de forma estructural para asegurar la independencia jurídica. Subrayó el peligro sistémico y las presiones que enfrentan tanto los abogados defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor, como los propios familiares en las afueras de los centros de reclusión.
El espacio sirvió como plataforma de denuncia activa para familiares. Entre ellos intervino Juan Bautista Caguaripano (padre del capitán Juan Carlos Caguaripano), quien expuso la falta de respuestas institucionales y el retardo procesal de las autoridades en relación con la sentencia del caso del Fuerte Paramacay tras 9 años de privación de libertad.
Figuras como Ulises Martínez y Luis Beltrán Calderón Mejías, ex presos políticos, sumaron sus voces para alertar sobre los patrones de persecución estatales contra la disidencia.
Las intervenciones cerraron con un llamado común a la articulación colectiva entre víctimas, sociedad civil y equipos jurídicos como la única vía firme para resistir ante las violaciones sistemáticas. El encuentro reafirmó el compromiso inquebrantable del Foro Penal en el activismo pacífico hasta lograr la amnistía plena y la libertad incondicional de la totalidad de los presos políticos en el país.
