El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió a las autoridades venezolanas sobre las graves consecuencias legales de realizar traslados de presos políticos sin informar su paradero. Señaló que estas acciones podrían constituir un delito grave y una violación severa de los derechos humanos.
Himiob recordó que los funcionarios del Estado tienen la obligación legal de informar de manera clara el destino y las condiciones de las personas privadas de libertad. "A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero", enfatizó.
Además, alertó que la omisión de esta información puede tipificarse como desaparición forzada según el artículo 180-A del Código Penal venezolano, que sanciona con penas de 15 a 25 años de prisión a las autoridades que priven ilegítimamente de libertad y nieguen información sobre la ubicación de los detenidos.
El delito de desaparición forzada se considera continuado y permanente mientras no se determine fehacientemente el destino o ubicación exacta de la víctima.
Fuente: QUE PASA EN VENEZUELA.
