Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, recordó a los funcionarios del Estado venezolano su obligación legal de informar con claridad el destino, situación o paradero de las personas privadas de libertad en el país.
Himiob advirtió que la falta de información precisa sobre el estatus de los detenidos podría constituir una desaparición forzada, conforme al artículo 180-A del Código Penal venezolano, que establece penas de 15 a 25 años de prisión para las autoridades que priven ilegítimamente de libertad a una persona y se nieguen a reconocer la detención o a informar sobre su destino.
El abogado señaló en una publicación en la red social X que los funcionarios que trasladan presos deben notificar claramente el lugar a donde son llevados para evitar que se configure este delito.
Este pronunciamiento se produjo tras el traslado de los últimos presos políticos recluidos en El Helicoide hacia otros centros penitenciarios, situación que generó denuncias por la falta de información oficial detallada sobre el destino de varios detenidos.
Familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en la necesidad de garantizar transparencia sobre la ubicación y condiciones de reclusión de los presos, en medio de controversias y declaraciones oficiales contradictorias.
Fuente: El Nacional
