Consejo de Derechos HumanosGrupo de Trabajo sobre la Detención ArbitrariaOpiniones aprobadas por el Grupo de Trabajosobre la Detención Arbitraria en su 99º períodode sesiones, 18 a 27 de marzo de 2024
Opinión núm. 15/2024, relativa a Oreste Alfredo SchiavoLavieri (República Bolivariana de Venezuela)
Información recibida Comunicación de la fuenteOreste Alfredo Schiavo Lavieri, nacido el 11 de agosto de 1957, es nacional de Italia y de la República Bolivariana de Venezuela. Es economista y empresario.
El Sr. Schiavo Lavieri fue detenido con una familiar el 8 de junio de 2020 en el conjunto residencial de Puerto Escondido (Guarira), por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Al momento de la detención no había sido dictada orden judicial de arresto; por consiguiente, a los detenidos no se les presentó la orden judicial correspondiente. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional señalaron que estaban haciendo una investigación acerca de un general y preguntaron al Sr. Schiavo Lavieri y a su familiar si lo conocían y luego procedieron a detenerlos.
Las autoridades que ejecutaron la detención no se identificaron en ese momento como funcionarios del Estado ni informaron al Sr. Schiavo Lavieri y a su familiar de los motivos por los cuales los estaban privando de la libertad, únicamente se limitaron a decirles que tenían que acompañarlos.
Posteriormente se tuvo conocimiento que al general lo vinculaban con la supuesta operación Gedeón, en la que supuestamente un grupo de militares disidentes venezolanos en el exilio planearon derrocar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Después del arresto, a los detenidos los tuvieron aislados por varios días, sin permitirles comunicarse con sus familiares o abogados de confianza y sin informar a los familiares y abogados acerca del lugar de reclusión. A la familiar del Sr. Schiavo Lavieri la dejaron en libertad el 12 de junio de 2020.
El Sr. Schiavo Lavieri y su familiar fueron víctimas de desaparición forzosa, ya que los aislaron cinco días, durante los cuales no se les permitió hacer ninguna llamada para informar a sus familias del lugar donde se encontraban, no se les permitió asistencia jurídica, fueron constreñidos bajo amenaza a declarar en su contra y firmar documentos en los que reconocían que sus derechos humanos habían sido respetados y los amenazaron de muerte si denunciaban lo que había sucedido.
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