El 2017 se caracterizó por ser un año sin precedentes en cuanto a la represión en Venezuela. Desde enero de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2017, han ocurrido 12016 detenciones con fines políticos.
Particularmente, a partir del mes de abril de 2017 se intensificaron una serie de protestas en todo el país, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática venezolana, en las cuales participaron un gran número de estudiantes, dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil partidarios de la oposición, quienes salieron a las calles a protestar diariamente.
Producto de esas protestas, se observó la respuesta abusiva y desproporcionada de los cuerpos de seguridad del Estado, incluso de grupos de civiles armados “colectivos”. También se observó una conducta parcializada, por parte de los órganos de administración de justicia, que actuaron siguiendo directrices de altos funcionarios del Gobierno, no ajustadas a derecho y quienes tuvieron en sus manos la libertad e incluso la vida de las personas consideradas como disidentes.
Dentro del esquema de represión, destacaron, especialmente, 4 prácticas, las cuales fueron aplicadas sistemáticamente contra los ciudadanos, directamente dentro del marco de las protestas del año 2017:
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