El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dio a conocer este 1 de abril, un documento titulado “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1”, en el cual se le dio respuesta a los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad iniciados por ese organismo. Igualmente, en ese documento, se informó que la investigación sobre Venezuela continuará, previa la autorización pendiente de la Sala de Cuestiones Preliminares, por parte de ese organismo, debido a que existen los fundamentos necesarios para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. La CPI considera que: „desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”. El 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó una versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS)1. Sobre este particular, el gobierno de Nicolás Maduro pidió, el día 27 de abril, que le sea permitido responder a ese informe.
En cuanto a las personas reportadas como “detenidos políticos”, tenemos que fueron 12 las personas detenidas desde enero de 2023 hasta la fecha de cierre de este reporte.
Al 30 de abril de 2023, son 284 los presos políticos3 que están tras las rejas, entre los cuales tenemos 153 militares y 20 mujeres.
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