Al cierre del mes de agosto de 2022, en Venezuela se encuentran tras las rejas 245 personas, catalogadas por el Foro Penal como presos políticos.
Entre estos 245 presos políticos, 128 son funcionarios militares, 13 son mujeres y 1 es adolescente.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2022, se han reportado 23 personas como “detenidos políticos”.
En la madrugada del día 4 de agosto concluyó la audiencia de juicio en la que fue condenada Emirlendris Carolina Benítez Rosales, a quien la juez a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio sobre Causas Vinculadas con Delitos de Terrorismo de Caracas, le dictó la pena máxima admisible en Venezuela de 30 años, por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado en grado de frustración por motivos fútiles e innobles, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
Su caso está relacionado, sin evidencias, con la operación de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrida el 4 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar de Caracas. Esta operación supuestamente tenía como objetivo generar una explosión en la tarima presidencial, con dos aeronaves no tripuladas tipo dron, durante la conmemoración del octogésimo primer aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
En esta misma audiencia de juicio fueron condenadas por los hechos antes mencionados un total de 17 personas, las condenas impuestas van entre cinco y treinta años de prisión.
En febrero de 2022 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, solicitó la libertad inmediata de Emirlendris Benítez, y que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparaciones de conformidad con el derecho internacional, pero la petición fue ignorada por el tribunal de la causa.
Hasta la fecha, no se han investigado las torturas y tratos crueles a los que Emirlendris Benítez ha sido sometida.
