10 de junio de 2026
PANAMÁ / GINEBRA – La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela celebra un importante avance judicial internacional: la primera solicitud de extradición derivada de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas venezolanas de 2014.
Un tribunal federal argentino solicitó formalmente a las autoridades españolas la extradición del ex coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien enfrenta cargos de asesinato vinculados a abusos cometidos durante la represión de 2014. Verdú figura entre los 14 comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mencionados en una denuncia presentada en Argentina en 2023 por la organización no gubernamental internacional Inter-Just.
El procedimiento se está llevando a cabo bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de terceros Estados investigar y enjuiciar crímenes internacionales graves cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del presunto autor.
La Misión acogió con satisfacción esta medida procesal como un avance importante en la lucha contra la impunidad, reafirmando que las fronteras geográficas no pueden servir de refugio seguro para los responsables de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano.
Mediante diversos informes, la Misión de Investigación ha documentado exhaustivamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Las investigaciones de la Misión se guían por el objetivo de “garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y la justicia para las víctimas”, en pleno cumplimiento de su mandato.
Las protestas de 2014 marcaron una de las mayores oleadas de movilización popular durante la presidencia de Nicolás Maduro, en medio de un deterioro gradual de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Las investigaciones de la Misión concluyeron que la respuesta del Estado a estas protestas masivas no consistió en incidentes aislados de brutalidad policial, sino que formó parte de un patrón sistemático y planificado de violencia estatal.
Mediante una exhaustiva recopilación de pruebas, la Misión de Investigación identificó varias características clave de la represión de las protestas de 2014:
Uso desproporcionado de la fuerza: Las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente munición real y armas letales contra manifestantes desarmados, lo que provocó numerosas muertes.
Coordinación con grupos civiles armados (“colectivos”): Las fuerzas estatales, en particular la GNB, permitieron, toleraron o actuaron conjuntamente con civiles armados para atacar e intimidar a los manifestantes.
Detenciones masivas y torturas: Cientos de estudiantes y simpatizantes de la oposición fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y sometidos a torturas y malos tratos durante su detención o su traslado a centros de detención, registrándose numerosos casos de violencia sexual.
La misión de investigación determinó que estas acciones reflejaban un sistema de represión institucionalizado y estructurado, dirigido desde los más altos niveles del gobierno con el objetivo de silenciar la disidencia y mantener el control político.
Las investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos también han puesto de manifiesto la existencia de una clara cadena de mando que se origina en los niveles más altos del Poder Ejecutivo, implementada con la complicidad de sectores de los actores judiciales y llevada a cabo mediante la participación deliberada de la GNB y los organismos de inteligencia civiles y militares del país.
La Misión continúa investigando la situación actual de los derechos humanos en Venezuela y presentará su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.
FIN
