Asciende a 1500 la cifra de detenciones en protestas poselectorales
De los 1503 detenidos en las protestas tras las elecciones hay 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres
La ONG Foro Penal computó este domingo al menos 1503 detenciones confirmadas en Venezuela en el contexto de las protestas poselectorales contra el resultado oficial de las presidenciales, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
La cifra total suma 87 nuevos encarcelamientos respecto al balance anterior, según los datos publicados en X por Foro Penal.
Asimismo, la organización detalló que, entre el grupo de encarcelados, han confirmado 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres.
La ONG contabilizó que solo 90 personas han sido liberadas -32 más que el reporte anterior de este sábado- del total de los 1.503 detenidos, sin especificar más detalles sobre los excarcelados.
Según el Gobierno, más de 2.400 personas resultaron detenidas durante las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, en las que, según la Fiscalía, se registraron 25 muertes.
Por su parte, varios familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que a los encarcelados se les acusa, entre otros delitos, de “terrorismo” y no se les permite una defensa con abogados privados.
Mujeres detenidas sufren maltratos y violencia de género
El pasado viernes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló las múltiples violaciones de derechos humanos a las mujeres detenidas en el marco de protestas que fueron trasladadas al Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, en el estado Miranda
Las detenidas se enfrentan al hacinamiento y a la falta de servicios básicos. Sufren de violencia de género y maltrato por parte de la directora del recinto, quien presuntamente las humilla y les echa agua fría, además de estigmatizarlas con etiquetas como “terroristas”.
Este trato cruel se acompaña de torturas psicológicas, al asegurarles que enfrentarán largas condenas.
Las mujeres son sometidas a requisas invasivas, que incluyen desnudarse y agacharse para que las custodias puedan inspeccionar sus partes íntimas. Esta práctica es una violación a su privacidad y dignidad, así como lo afirma el OVP.
Otra situación que documenta el organismo es la falta de registro y documentación: las mujeres detenidas no tienen un registro formal de su situación legal. No existe documentación que refleje su estado procesal, y ni los abogados ni los familiares tienen acceso a información sobre el estado legal de las detenidas.
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