REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. JULIO 2020
RESUMEN EJECUTIVO
Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020 han sido detenidas con fines políticos 281 personas. Particularmente esta cifra ha venido aumentando cuantitativamente a partir de marzo, luego que se decretara el estado de alarma en Venezuela, debido a la pandemia de COVID-19
Se han intensificado las protestas por fallas en los servicios básicos, tales como agua o electricidad, las cuales han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad, quienes, amparándose en el referido decreto de estado de alarma, han arrestado o “retenido” a un número importante de ciudadanos. Otras de las causas de los arrestos durante el período de estado de alarma incluyen: arrestos durante protestas por escasez de combustible, arrestos por publicaciones de mensajes relacionados con la pandemia o en contra del Gobierno de Nicolás Maduro o sus funcionarios.
Específicamente en julio hubo 39 personas detenidas con motivos políticos. Al menos el 97% de estos arrestos fueron realizados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Desde que se decretara el estado de alarma, a la fecha 31 de julio, continúan los obstáculos en el acceso a la justicia y las restricciones e incomunicación entre los abogados y los detenidos, por lo que únicamente se ha podido tener información extraoficial sobre estas personas. Los tribunales y las oficinas del Ministerio Público de todo el país permanecen sin actividades, solo estarían habilitados para actuar por guardias, para casos considerados por ellos como excepcionales o de “emergencia”. Las audiencias regulares se mantienen suspendidas o se están realizando a puerta cerrada, de espaldas a la defensa técnica, que se sustituye arbitrariamente por defensa pública.
En cuanto a los presos políticos la cifra al cierre del mes de julio de 2020 es de 382 personas, entre ellas 29 mujeres, 126 funcionarios militares y 2 adolescentes.
El 15 de julio de 2020 fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Naciones Unidas (ONU) por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, un informe, específico sobre la independencia del sistema de justicia y el acceso a la justicia, las violaciones de los derechos económicos y sociales, en Venezuela, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.