Nicolás Maduro tiene ocho veces más presos políticos que Hugo Chávez
La Guardia Nacional la policía militar venezolana detuvo el 19 de junio a los abogados Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Apenas se conoció el hecho, el Gobierno justificó la medida argumentando que tenían en su poder 3 millones de bolívares (unos 3 mil dólares en el mercado negro) “para financiar saqueos”.
Como si se tratara de un agravante, la estatal Venezolana de Televisión reportó que al momento de ser aprehendidos, los jóvenes llevaban “170 volantes con la imagen del ‘Monstruo de Ramo Verde’”, mote despectivo que utiliza el oficialismo para identificar a Leopoldo López, encerrado desde febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde y fundador de Voluntad Popular, partido en el que militan.
Con la cabeza rapada y vistiendo uniformes amarillos, Márquez y San Miguel toman un lugar en el patio del Centro Penitenciario 26 de julio. Parados firmes, bajo un sol y calor agobiantes, su mirada se pierde en el horizonte hasta chocar contra los muros del penal que está enclavado en los llanos venezolanos. Esa es la última imagen que se tiene de ellos, a partir una fotografía compartida en redes sociales por sus compañeros de partido.
Sus rostros denotan tristeza y preocupación. Saben a lo que se enfrentan. Ambos son abogados con estudios de posgrado y conocen el monstruo por dentro. Márquez, de 30 años, realizó un máster de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. San Miguel, de 24, se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Y ahora están aquí, formados como soldados, hombro con hombro, al lado de ladrones, asesinos y violadores.
Voluntad Popular rechazó la versión oficial y respondió que sus representantes juveniles fueron capturados, mientras apoyaban el proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la UCAB censuró esta “detención ilegal” y “la permanente criminalización por parte del Estado venezolano del ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
La gestión de Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República ha marcado el aumento de los índices oficiales de escasez, inflación y violencia criminal. Pero hay otra estadística que también se ha incrementado: la de presos políticos.
Desde abril de 2013, fecha en la que Maduro tomó las riendas de Venezuela, hasta junio de 2016, el número de presos políticos aumentó de 11 a 96, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV). Con estos datos en la mano, denuncian que “la represión y las detenciones políticas se han convertido en política de Estado”.
Entre enero de 2014 y el 30 de junio de 2016, el FPV registró “5,853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones o expresiones, incluso en medios sociales, contra el Gobierno en Venezuela. Actualmente, 1,998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales”.
Dentro de esa cifra general se cuentan las 96 personas que permanecen tras las rejas por razones políticas. Allí destacan Leopoldo López; el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; y el exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales, tres de los líderes más importantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
No todos son connotados dirigentes partidistas o figuras públicas. El dueño de un supermercado, defensores de Derechos Humanos, estudiantes universitarios, ciudadanos comunes y corrientes, han terminado en alguna mazmorra por órdenes del Gobierno.
La gestión de Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República ha marcado el aumento de los índices oficiales de escasez, inflación y violencia criminal. Pero hay otra estadística que también se ha incrementado: la de presos políticos.
Desde abril de 2013, fecha en la que Maduro tomó las riendas de Venezuela, hasta junio de 2016, el número de presos políticos aumentó de 11 a 96, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV). Con estos datos en la mano, denuncian que “la represión y las detenciones políticas se han convertido en política de Estado”.
Entre enero de 2014 y el 30 de junio de 2016, el FPV registró “5,853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones o expresiones, incluso en medios sociales, contra el Gobierno en Venezuela. Actualmente, 1,998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales”.
Dentro de esa cifra general se cuentan las 96 personas que permanecen tras las rejas por razones políticas. Allí destacan Leopoldo López; el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; y el exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales, tres de los líderes más importantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
No todos son connotados dirigentes partidistas o figuras públicas. El dueño de un supermercado, defensores de Derechos Humanos, estudiantes universitarios, ciudadanos comunes y corrientes, han terminado en alguna mazmorra por órdenes del Gobierno.
El Foro Penal Venezolano relata la agresión sufrida por Joselyn Prato, de 23 años, y su hermano Joan, quienes fueron arrestados por supuestamente protestar el 21 de agosto de 2015 contra la ministra de Turismo, Marleny Contreras, esposa del diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
“Fueron liberados luego de 68 días de terrible tortura, abusos sexuales y tratos crueles”, recoge la ONG en su informe semestral.
Todo, por abuchear a Contreras en una playa.
El Gobierno niega la existencia de presos políticos en el país. Apelando a la ironía, aclara que solo hay “políticos presos”. “En Venezuela no hay presos de conciencia”, aseveró la canciller Delcy Rodríguez, durante la asamblea que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró en República Dominicana a mediados de junio.
En la mayoría de los casos, las imputaciones se basan en delitos comunes, que incluyen desde corrupción hasta legitimación de capitales, incendio intencional y actos lascivos. “El Ministerio Público y los tribunales se sirven de delitos comunes para justificar las persecuciones políticas”, apunta el abogado Gonzalo Himiob, miembro del FPV.
Himiob explica que estos juicios se distinguen por sus irregularidades. “El derecho a la defensa queda virtualmente anulado, se utilizan pruebas ilegales o de dudosa procedencia y antes de que se emita la sentencia, ya el Presidente y los portavoces del oficialismo adelantan que la persona es culpable y debe ser condenada”, describe el experto legal.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó el 29 de marzo de este año una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que buscaba favorecer a los presos y exiliados políticos. Sin embargo, Maduro no la promulgó y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— declaró que la norma era inconstitucional. “Con impunidad no habrá ni estabilidad, ni justicia”, expresó el Jefe de Estado.
La discusión ha trascendido las fronteras venezolanas, llamando la atención de la comunidad internacional. Solo en las últimas semanas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el Parlamento Europeo y el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alzaron sus voces para exigir la liberación inmediata de los presos políticos.
Seis veces más presos políticos que en la era Chávez
En 2014, año marcado por las manifestaciones callejeras contra el Gobierno chavista, la cifra de presos políticos llegó a 310. “A título comparativo, la mayor cantidad de presos políticos en un año en el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez fue de 49, en el 2009”, resalta en su balance el Foro Penal Venezolano.
La ONG advierte que 2016 “se proyecta desde ya con un alto índice de represión en el país”, y recalca que “el número de personas detenidas de manera arbitraria y por motivos políticos, se ha incrementado considerablemente a medida que avanza el año”. En ese sentido, en este primer semestre reseñaron la aprehensión de 2,030 ciudadanos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expuso en un informe que en los primeros cinco meses de este año ocurrieron 2,779 protestas, 680 de las cuales tuvieron como motivo la escasez de alimentos. En un año, subraya el OVCS, este tipo de reclamos populares creció en 320%. Además, en ese mismo periodo documentaron 254 saqueos o intentos de saqueos.
A mediados de junio pasado, mientras la canciller Rodríguez estaba en República Dominicana afirmando que Venezuela no sufre una crisis humanitaria, una ola de saqueos estremecía a Cumaná, capital del oriental estado Sucre y reconocido bastión electoral del chavismo. El gobernador de la entidad, Luis Acuña, indicó que los disturbios concluyeron con “más de 400 detenidos”.
Maduro señaló que los instigadores de estas protestas, que se esparcen como la pólvora en todo el territorio nacional, son “los sectores armados y violentos de la derecha y vinculados a Voluntad Popular y Primero Justicia en varios estados del país”. “Le pido al Ministerio Público y al Poder Judicial máximo castigo a todos estos criminales que han permitido incendiar lo más hermoso que tiene Venezuela, que es su paz”, reaccionó el mandatario.
El Foro Penal Venezolano observa que el Gobierno usa los tribunales no solo para “aislar” o “silenciar” a sus adversarios políticos, sino para intimidar a grupos sociales y “sustentar” su interpretación de la realidad, que identifica como culpable de todos los males a la “guerra económica” que promovería “la derecha”.
“Una constante importante que vale la pena rescatar es que el grueso de las detenciones se dirige contra un grupo poblacional bien definido: el de los estudiantes. Desde 2014 más del 80% de las detenciones y ‘retenciones’ ilegales se han producido contra estudiantes o jóvenes menores de 30 años”, alerta la ONG.
Fuente: Univisiónnoticias