REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. AÑO 2024

REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN  EN VENEZUELA. AÑO 2024

RESUMEN EJECUTIVO

El 2024 se caracterizó por ser un año sin precedentes en cuanto a las cifras de represión por motivos políticos en Venezuela. La escalada comenzó desde la última semana de julio, específicamente a partir del día 28, fecha en la cual se realizaron las elecciones presidenciales en el país. Una serie de acciones no ajustadas a derecho fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado y los órganos de administración de justicia, coartando la libertad e incluso el derecho a la vida de los ciudadanos.

En el período cubierto por el presente informe, 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, hemos diferenciado las cifras de detenidos políticos en dos grupos. El primer grupo, desde el 1° de enero hasta el 27 de julio, donde se verificó la detención de 181 personas y el segundo grupo, desde el 28 de julio hasta el 31 de diciembre, al que llamaremos período poselectoral, en este grupo pudimos verificar la cifra de 2062 detenidos políticos.

Como hemos venido señalando, el aumento de las detenciones con fines políticos estaría directamente vinculado con las elecciones presidenciales y los eventos relacionados con las mismas. Como la ola de manifestaciones que se produjeron en todo el país en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. A partir de ese momento, específicamente, la última semana de julio y las primeras de agosto y, como consecuencia de las protestas que fueron reprimidas por los funcionarios de los cuerpos de seguridad, se dieron detenciones masivas, en las que arrestaron incluso a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y ciudadanos con padecimientos graves de salud.

Tras las elecciones de julio, se observó la utilización de la desaparición forzada como un mecanismo común aplicado a las detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos, han sido desapariciones forzadas temporales, pero, en otros casos, al menos 43 personas permanecerían, al 31 de diciembre, en desaparición forzada, completamente incomunicadas y sin que se conozca su paradero. De estas 43 personas, 19 son ciudadanos extranjeros y 24 son venezolanos.

Este mecanismo viola la prohibición de cualquier forma de desaparición forzada y también la presunción de inocencia ya que impide el derecho a la defensa y al debido proceso de las personas, entre otros derechos civiles consagrados en la Constitución y las leyes vigentes, así como en tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte.

Debemos destacar que de acuerdo con la cifra aportada por Human Rights Watch, dentro del período poselectoral hubo 24 personas asesinadas.

Este año se verificó el fallecimiento de 3 personas estando bajo custodia de las autoridades. Se trata de personas privadas de libertad, cuyas detenciones ocurrieron en el período poselectoral y que permanecían recluidas en el Internado Judicial de Carabobo, Tocuyito; en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón y en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. Los 3 fallecidos fueron hombres.

Al cierre de este informe, se pudo verificar la excarcelación de al menos 432 adultos y 173 menores de edad que habían sido arrestados a partir del 28 de julio. La mayoría de estas excarcelaciones se dieron en diciembre y todas las personas excarceladas continúan con procesos penales abiertos y bajo medidas cautelares sustitutivas a la privación de la libertad.

En la categoría de presos políticos existen 1794 personas al 31 de diciembre de este año, entre ellos 3 menores de edad.

Aunado a lo anterior, se continuó observando la utilización de otros mecanismos de intolerancia a cargo del Estado y sus agentes, para la represión selectiva de la ciudadanía, considerada o percibida como de oposición política.

Como otros hechos relevantes, destacamos que, en el mes de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, rechazó la apelación que hiciera el gobierno de Nicolás Maduro, sobre las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que lleva la Fiscalía de la Corte y confirmó que se reanudarían esas investigaciones.

A mediados de 2024, al menos 32 presos políticos, todos hombres, fueron reubicados arbitrariamente desde los centros de reclusión donde se encontraban, Centro de Procesados y Penados de máxima seguridad del Área Metropolitana de Caracas I, (SEBIN, El Helicoide) y el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino de máxima seguridad del Área Metropolitana de Caracas II, (sede de la DGCIM) en Boleíta, Caracas, al Centro Penitenciario de máxima seguridad “El Rodeo I” en el estado Miranda.

Entre febrero y la segunda semana de julio, se observó la persecución sistemática ejercida contra establecimientos vinculados con actividades de proselitismo político realizadas por María Corina Machado y el entonces candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia, durante la gira nacional y la campaña electoral 2024. Al menos 6 hoteles, 6 restaurantes y 2 viviendas privadas, visitados por ellos o miembros de su equipo, fueron sancionados o allanados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El 15 de noviembre de 2024 entró en vigor la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines” , esta ley restringe las actividades de las organizaciones no gubernamentales en el país. En agosto de 2024, previo a la aprobación y promulgación de la ley, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció sobre la eventual aprobación de ésta, señalando: “Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país, en el interés de la cohesión social y el futuro del país”.

 También fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial No. 6.859 Ext. la denominada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que brinda sustento legal a la persecución indebida (penal o administrativa) de cualquier persona que en uso de sus derechos, solicite a otras naciones o a organismos internacionales que se establezca cualquier tipo de responsabilidad legal contra el Estado venezolano, sus funcionarios o agentes relacionados o contra cualquier persona vinculada al gobierno.

Nuestra base de datos sigue actualizándose en cuanto a los casos y cifras de detenidos, desaparecidos y presos políticos. El estado de las personas reportadas sigue siendo verificada por los miembros de nuestro equipo de abogados y defensores activos.

Reporte de Represión completo aquí: