Casos de tortura denunciados en 2014 siguen impunes

El Foro Penal Venezolano señala que ningún funcionario incurso en tratos crueles durante las detenciones de 2014 ha sido juzgado y esto se ha convertido en una práctica estatal violatoria de los derechos humanos que califica de delito de lesa humanidad

Los abogados del Foro Penal Venezolano registraron 138 casos torturas y tratos crueles e inhumanos durante las detenciones ocurrida en 2014. Aunque no manejan las cifras exactas de este año, aseguran que continúan y con el mismo patrón: uso de descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, agresiones severas, amenazas y más. Prueba de ello, son los hermanos Alejandro y José Sánchez, detenidos en Montalbán el pasado jueves 13 de abril mientras intentaban ingresar a su carro por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Sus familiares y dirigentes de Primero Justicia denunciaron la desaparición de los morochos por casi 48 horas y luego que lograron comunicación con ellos, expresaron que fueron víctimas de tortura para implicar a políticos en la organización en los hechos violentos en la Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Chacao.

“Papá preferimos morirnos antes de ir al Sebin”, le dijeron los hermanos a su papá José Francisco Sánchez, momentos antes de la audiencia que culminó con el traslado de los jóvenes a la cárcel Tocorón. “Lloraron muchísimo en el tribunal, todos vieron una declaración llorando a mares y terror de ser enviados al Sebin. Imagínate tu cómo habrá sido el daño. Con esa tortura una firma hasta su sentencia de muerte“, señaló.

Los hermanos Sánchez son estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y activistas de Primero Justicia. Fueron colgados de un brazo por 48 horas, rociados con gasolina y asfixiados con trapos en la cabeza para obligarlos a acusar a los diputados Marialbert Barrios, Tomas Guanipa y José Guerra como responsables de tal financiamiento para cometer los destrozos. Estos testimonios grabados en video, con el rostro distorsionado, los difundió Maduro en cadena nacional, en la que reiteró el carácter legal de la delación. “Es una delación controlada y legal y yo creí necesario hacerlo del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas para elevar la sensibilidad en la lucha por preservar la paz de nuestras ciudades”, dijo el presidente.

“La delación es una figura prevista en el Código Penal que permite a la persona investigada por crímenes suministrar información eficaz al Estado sobre otros involucrados en el delito a cambio de una rebaja de pena. Pero esta no puede ser obligada a declarar contra sí mismo y tiene que estar asistido por un abogado“, dijo Himiob.

Es decir, Maduro violó el artículo 33 de la Ley de Prevención de la Tortura en Venezuela que establece que “ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”.

El Ministerio Público no promovió como pruebas los videos presentados y tampoco autorizó al Presidente a divulgar públicamente las filmaciones, pese a que durante la cadena dijo que tenía los poderes constitucionales para hacer eso ante el mandato de la Fiscalía y el Poder Judicial. Los jóvenes fueron acusados por los delitos de instigación pública y agavillamiento.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, apunta que tanto en el período de protestas de 2014 como ahora se ha puesto en evidencia la violación del debido proceso y el uso público de información que es parte del proceso judicial que contamina el proceso. Sin embargo, en esta oportunidad observa que son más los funcionarios imputados por el Ministerio Público por estar incursos en acciones extrajudiciales. “Por lo menos ahora se investigan los casos de tortura, en 2014 la constante fue negar de los delitos cometidos, solo se criminalizaba a la víctima. Pero se necesitan más reacciones institucionales y que se condenen a los responsables”.

En la impunidad

Las pruebas viciadas y la violación de presunción de inocencia ha sido una constante en los expedientes de los presos políticos de los últimos tres años. “Las detenciones con este régimen han sido siempre arbitrarias. No hay presunción de inocencia, no se respeta el debido proceso, el acusado se no puede defender y es condenado a priori de manera pública. Esto no puede ocurrir, para eso existen los tribunales y el Ministerio Público. Por ende, el factor de enlace de estos elementos y de gravedad es la impunidad”, asevera Ortega.

El Foro Penal Venezolano confirma que ningún funcionario del 2014 que haya actuado con técnicas torturadoras ha sido condenado. Alfredo Romero recuerda el caso de Jaime Yespica, quien fue golpeado por un grupo de personas acompañadas de funcionarios de Poliaragua. Eran más de 15 personas y solo detuvieron a uno que en poco tiempo fue liberado. También, considera que el segundo caso más grave de tortura de 2014 fue el de José Alejandro Márquez, quien murió luego de ser agredido dentro de un camión de la Guardia del Pueblo.

Los diputados opositores esperan respuesta de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre los 37 funcionarios del Sebin, del Cicpc y del Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas que presuntamente participaron y colaboraron en la tortura de José y Alejandro Sánchez.

El artículo 65 del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana señala que los funcionarios deben “respetar la integridad física de todas las personas y bajo ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen violencia física, psicológica y moral”.

La negligencia del Estado al no garantizar el control del orden público y promover la violencia desde sus autoridades son hechos que califican como delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que, como dice la Constitución en el artículo 29, no prescriben ni excluyen beneficios como el indulto. “Hay un patrón de conducta y una represión repetitiva por parte del Estado. Aceptan las torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias. Pero esos son delitos que van a tener que pagar“, señala Romero.

Fuente: El Nacional.

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/casos-tortura-denunciados-2014-siguen-impunes_178529