Así lo dio a conocer el Director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob Santomé, que citó textualmente lo expresado en los puntos 17 y 18 de las observaciones finales del Comité, que rezan:
“Presuntos actos de intimidación, descalificación, amenazas y/o ataques contra periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados y presuntas detenciones arbitrarias de algunos miembros de la oposición política
- El Comité está preocupado por informes relativos a actos de intimidación, descalificación, amenazas y/o ataques presuntamente perpetrados contra periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados. Asimismo, le preocupan los informes relativos a las detenciones de los miembros de la oposición política Leopoldo López y Daniel Ceballos, que han sido declaradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria (arts. 6, 7, 9, 19, 22 y 25).
El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para:
- a) Ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de derechos humanos y otras cuestiones de interés público;
- b) Garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política o en sus derechos en virtud del Pacto;
- c) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.
Declaraciones descalificatorias contra miembros de organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a labor del Comité
- El Comité se encuentra preocupado por los informes que señalan que algunas de las personas que contribuyeron a su labor en el marco del examen del cuarto informe periódico del Estado parte fueron objeto de declaraciones descalificatorias como consecuencia de dicha contribución por parte del Presidente de la Asamblea Nacional en el programa de tv “Con el Mazo Dando”, citando información de “patriotas cooperantes”. Dichas declaraciones fueron realizadas poco tiempo después de que el Comité trajera a la atención de la delegación declaraciones hechas anteriormente por la misma persona en relación con la contribución de organizaciones de la sociedad civil a la labor de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. El Comité destaca la resolución 68/268 en la cual la Asamblea General “Condena enérgicamente todos los actos de intimidación y todas las represalias contra las personas y los grupos que contribuyen a la labor de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, e insta a los Estados a que adopten las medidas necesarias… para prevenir y eliminar esas violaciones de los derechos humanos…”
El Comité, reiterando los llamados que hizo durante el diálogo constructivo al respecto, urge al Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que han contribuido a la labor del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales. Asimismo, le solicita que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto”.
“Se trata de un importante avance en la protección de los defensores y activistas de derechos humanos en nuestro país –destacó Himiob- puesto que en los últimos tiempos han recrudecido el acoso y la intimidación por parte de altos representantes del gobierno contra activistas de derechos humanos, en especial contra quienes forman parte de nuestra ONG, el Foro Penal Venezolano”.
Mencionó Himiob el caso de Alfredo Romero, Director Ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, que ha sido injuriado y amenazado en no menos de 37 oportunidades en programas que se transmiten a través de VTV, siempre bajo falsos supuestos y sin presentar ninguna evidencia de las acusaciones que se le hacen,y también el caso de Marcelo Crovato, abogado voluntario del Foro Penal Venezolano que fue detenido el año pasado mientras asistía gratuitamente a un grupo de personas. Crovato sigue restringido en su libertad sin que si quiera haya finalizado su audiencia preliminar.
“Además de las continuas amenazas de muerte contra nosotros y nuestras familias, la más reciente contra una de nuestras abogadas voluntarias, Nohelia Álvarez, también hemos recibido reportes de investigaciones penales que se pretenden abrir, sin pruebas ni mérito alguno, contra otros representantes del Foro Penal Venezolano, como Alonso Medina Roa, uno de nuestros directores, por el simple hecho de haber defendido a presos políticos y de ser activista de derechos humanos”, siguió Himiob.
“Esperamos que el Estado venezolano comprenda que los activistas de derechos humanos nos ocupamos de la defensa de cualquier persona, sin sesgos ni distinciones, que haya sufrido abusos contra sus derechos esenciales como ser humano. El deber del gobierno, como parte de la ONU, es acatar las recomendaciones que se le hacen desde este organismo”, concluyó Himiob.-
NP Foro Penal Venezolano
Fuente: La Patilla
