REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. SEMESTRE I- 2022
RESUMEN EJECUTIVO
Las cifras acumuladas entre enero de 2014 y el 30 de junio de 2022, arrojan que 15.770 personas han sido arrestadas por motivos políticos en el país y que 875 ciudadanos civiles han sido procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar
En cuanto al año 2022, la cifra de “detenidos políticos” en estos primeros 6 meses es de 16 personas.
Al 30 de junio de 2022, la cifra de “presos políticos” es de 239 personas, entre las que se encuentran 16 mujeres, 130 militares y 1 adolescente.
En este período destaca el caso del primer teniente Luis Alejandro Mogollón Velásquez quien quedó en libertad plena por cumplimiento de condena, tras 5 años y 2 meses privado de libertad. Luis Alejandro Mogollón fue detenido arbitrariamente en su lugar de trabajo el 28 de marzo de 2017, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Fue relacionado con la denominada operación “Espada de Dios”, la cual presuntamente, tenía como finalidad reclutar militares para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. El caso de Luis Alejandro Mogollón es particular, ya que la fiscalía no consignó en el expediente la orden para que se iniciara la investigación por los hechos que se le imputaban, lo cual haría nulo el proceso. Habiendo pasado 5 años desde su detención, se logró iniciar el juicio sin ningún testigo, funcionario actuante o experto que lo señalara en la comisión de ningún delito. Sin embargo, fue condenado a 5 años por el delito de sustracción de efectos pertenecientes a la FANB. Durante su detención sufrió torturas que fueron denunciadas, pero nunca investigadas.
Es importante también mencionar que en contravención a lo establecido en el Código Orgánico Procesal venezolano y pese a las recomendaciones hechas en su más reciente informe sobre Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al menos 114 presos políticos se encuentran aun privados de libertad en “prisión preventiva”, habiendo pasado más de 3 años presos, sin haber sido condenados. En referencia a esto el ACNUDH recordó al gobierno de Nicolás Maduro, entre otras cosas, que: “la detención preventiva debe seguir siendo la excepción de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
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