Familiares de detenidos en protestas poselectorales viven entre la desinformación y la incertidumbre
Familiares de detenidos en protestas poselectorales viven entre la desinformación y la incertidumbre
Alfredo Romero, director de Foro Penal, aseveró que es inconstitucional aislar o incomunicar a quienes se encuentran detenidos debido a que “no está en ninguna ley”.
Caracas. “Mi hijo me dijo que tu chamo estuvo preguntando por ti”, de esa forma y gracias a otra madre, Leticia* se enteró que los martes y viernes son los días de visita en la Entidad de Atención de Coche, donde son recluidos los adolescentes en conflicto con la ley, del sexo masculino, detenidos en el marco de las protestas poselectorales.
La madre no sabía que podía visitar a su hijo porque la última información que le dieron fue que su hijo tenía que pasar 15 días en aislamiento, como parte del protocolo que cumplen los detenidos que son trasladados desde otro lugar. No obstante, sin que ella lo supiera, permitieron esas visitas antes del tiempo
Saber que su hijo Adrián*, se quedó a la espera de verla le parte el corazón. “Ya mañana (viernes) voy, pero es que no sabía. Yo solo quiero que esto pase, o despertarme y que fuera solo un sueño. De verdad que no le deseo esto a nadie”, dice.
Mientras caminaba junto con otros amigos, el adolescente de 16 años fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se lo llevaron detenido el lunes, 29 de julio, a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta. Leticia no pudo ver a su hijo por una semana.
“Ese día me dijo: Mamá, quiero que me saques de aquí porque me siento mal. No tengo para respirar porque aquí no hay ventilación”, contó sobre la situación de hacinamiento en la que se encuentran los detenidos en la sede de la PNB.
La desinformación es una de las principales preocupaciones entre los familiares de los detenidos en el marco de las protestas en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro, el 28 de julio.
Días de visita, ropa que deben llevar y los centros penitenciarios a los que trasladan a sus parientes, después de pasar el tiempo estimado en centros de detención preventiva, son una sorpresa.
El Foro Penal, la ONG Provea y la organización Civilis se reunieron en el auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, para dar asesoría jurídica a los familiares que lo necesitaran.
Situaciones inconstitucionales
Datos como colores de la ropa, prendas que no son permitidas, tipos de comida, así como sus derechos y el de sus familiares detenidos, fueron los protagonistas en las distintas ponencias y preguntas de quienes asistieron a la convocatoria.
También sobre situaciones inconstitucionales, como el aislamiento, que consiste en incomunicar de forma presencial y telefónica por 15 días a los y las adolescentes y 45 a personas adultas.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, aseveró que “eso no está en ninguna ley”, puesto a que en el Código Orgánico Penitenciario solo se habla de un período de clasificación, que puede durar hasta 30 días, más no de aislamiento.
“Dice (el Código Orgánico Penitenciario) que la persona recluida tiene derecho a comunicarse de forma oral o escrita con otras personas, salvo que haya razones de seguridad que lo impidan”, aclaró.
Cuando el detenido fue castigado con una sanción disciplinaria grave, es una razón de seguridad por la cual lo pueden incomunicar por 15 días. Una causa “gravísima” tiene como sanción es el aislamiento por un lapso no mayor a 20 días.
A duras penas
A José Gregorio Pérez lo detuvieron en Charallave el lunes, 29 de julio, mientras regresaba a su casa después de su jornada de trabajo como jardinero.
Su hermano, Diego Casanova, contó que al momento de su detención, los guardias dijeron que estaba tirándole piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Nosotros lo buscamos el martes porque no sabíamos nada de él y supimos que lo tenían detenido. Cuando lo pude ver, apenas este sábado (10 de agosto) que pasó, me dijo que lo golpearon cuando lo detuvieron y que le decían que era un guarimbero”, subrayó.
Casanova expresó su preocupación debido a que su familia es de bajos recursos y “a duras penas” tienen para comer.
“Hacemos todo lo posible por llevarle la comida todos los días porque allí no tiene cómo valerse. Pero es muy difícil”, lamentó.
Detenidos sin certezas
Este jueves, 15 de agosto, la familia del activista y defensor de Derechos Humanos, Edward Ocariz, cumple siete días sin poder verlo.
Con el pasar de los días para su hermana, Sol Ocariz, hay más preguntas que certezas. La principal es saber si realmente está dentro del Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo.
“La última vez que lo vi, fue el jueves, 8 de agosto, cerca del mediodía. Ese día, aproximadamente a las 6:00 p. m., se lo llevaron de Zona 7 (Boleíta). No me dijeron nada concreto sobre el lugar. Solo que creían que al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)”, cuenta.
Al llegar a El Helicoide, sede del Sebin, tal y como le sugirió la defensora pública, le dijeron que no estaba allí. Para ella, la respuesta fue tranquilizante, debido a que la idea de que su hermano podía estar en el lugar conocido como uno de los principales centros de tortura y violaciones de derechos humanos, según denuncias de organizaciones, le resultaba angustiante.
El martes, 13 de agosto, decidió irse al centro penitenciario ubicado en Tocuyito, en donde, después de buscarlo en el sistema, le aseguraron que estaba.
“Llegué a las 10:00 a. m. y me atendieron a las 4:00 p. m. A esa hora, una mujer que se identificó como la directora del centro penitenciario me indicó que debía esperar mínimo 45 días para verlo. También dijo que ellos no estaban con presos comunes y que tenían un espacio aparte, que era un galpón que les habían habilitado, en donde tenían baño, agua, luz y duchas”, comentó.
Otra interrogante para ella es saber por qué si tienen las tres comidas “aseguradas”, debe llevarle alimentos preparados para varios días.
“Eso me hace pensar si en verdad les darán la comida como me dijeron, o si solo come lo que yo le llevé”, manifestó.
No le permitieron pasar la medicación de Edward para tratar su hipertensión debido a que el médico del centro de reclusión tenía que revisar y aprobar el récipe llevado por el familiar.
De acuerdo con las declaraciones de quienes asistieron a la convocatoria de Foro Penal, Provea y Civilis, a sus familiares sí les dan la comida, pero en mal estado. Un familiar denunció que los alimentos tenían gusanos.
Hasta la fecha, Foro penal verificó 1406 detenciones: 117 son adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 185 mujeres.
El mayor número de arrestos corresponde a Distrito Capital, en donde la cifra es de 238.