410 detenidos en protestas siguen procesados por los tribunales militares

Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, indicó que durante las protestas en el país, entre abril y julio, 726 civiles fueron presentados en jurisdicciones militares; de ese grupo 410 personas aún se encuentran privadas de libertad, a la espera de la audiencia preliminar o de la conclusión de las investigaciones que llevan los tribunales castrenses.

Pese a ser civiles, fueron acusados de delitos que están establecidos en el Código de Justicia Militar como traición a la patria, rebelión militar, agavillamiento, ultraje al centinela, sustracción de efectos y de equipos de la Fuerza Armada, y violación del perímetro de seguridad.

El 11 de agosto, Saab indicó que el Ministerio Público “revisaría” al menos 72 casos de civiles procesados por la justicia militar que corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una posición oficial respecto a esas causas y los abogados que forman parte de la defensa de algunos de los detenidos afirman que no ha habido declinaciones consecuentes de la actuación del gobierno.

Solo en casos concretos ha habido declinaciones, las cuales han sido durante las audiencias preliminares luego de someter a prisión a los acusados. Como ocurrió el miércoles con ocho personas, entre ellas la activista por los derechos humanos, Lisbeth Añez, que luego de cuatro audiencias diferidas compareció ante el juez del Tribunal Militar 4º de Control del estado Vargas, en el que le dictaron libertad condicional con medidas cautelares que fueron fijadas por un juzgado ordinario.

“Están declinando las competencias, pero mantienen el proceso. Eso es algo completamente irregular, porque si se declina la competencia quiere decir que nunca el tribunal fue competente al caso. No se justifica, entonces, que siga el juicio. Lo que se debe es anular todo y remitir las actas al Ministerio Público ordinario y no al militar”, manifestó Himiob.

Según los abogados, las declinaciones no responden al acuerdo de la ANC sino a que, en la mayoría de los casos, no existen elementos suficientes para que los acusados sean imputados o las personas han sido víctimas de la violencia por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

“Están mas politizados los tribunales civiles que los de jurisdicción militar”, manifestó Andrés Colmenares, director de Funpaz. Aseguró que, pese a que es una irregularidad que los ciudadanos sean procesados por un juez militar, en varios casos los jueces han actuado de manera “más ecuánime”.

El dato

21 personas de Lara y Carabobo quefueron detenidas durante las protestas están presas en Uribana por orden de jueces militares. Están en riesgo de contraer tuberculosis, debido a las condiciones de reclusión, denunciaron sus abogados Eliécer Jiménez y Abraham Cantillo.

Promesas incumplidas

Delcy Rodríguez

presidente de la ANC

“Recibimos una comunicación del presidente Nicolás Maduro solicitando que los casos llevados ante la jurisdicción militar sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Daremos inmediata ejecución a esta solicitud” (15 de agosto de 2017)

Tarek William Saab

Fiscal designado por la ANC

“Es necesaria una repuesta rápida. En cada caso de civiles presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar podrá solicitarse ante el TSJ que dirima si concierne a esta jurisdicción la imputación de estos ciudadanos”. (11 de agosto de 2017)

Nixon Leal

Fundador de Jóvenes Venezolanos

El miércoles fue liberado con medidas cautelares Nixon Leal, quien estuvo preso en El Helicoide desde el pasado 3 de mayo cuando lo detuvieron al salir del hospital Domingo Luciani, luego de entregar insumos médicos a los jóvenes heridos en las manifestaciones.

Estuvo desaparecido dos días después de la detención y fue imputado por traición a la patria por el juez del Circuito Judicial Penal Militar del Fuerte Tiuna. Leal fue señalado por el vicepresidente Tareck el Aissami de liderar una “célula armada”.

Alberto Cabrera

Periodista de Voluntad Popular

Luego de ser procesados por el Tribunal Militar 18º de Control del estado Zulia, el periodista Alberto Cabrera y otras 12 personas, entre ellos el concejal Ángel Machado detenidos en Maracaibo, fueron recluidas en el Centro de Procesados Militares de Santa Ana en el estado Táchira.

El pasado 29 de julio la juez castrense, a cargo de ese juzgado, teniente de navío Ana Méndez, les dictó privativa de libertad por los delitos de rebelión militar, ultraje al centinela, ofensa y menosprecio a la FANB.