Muerte del concejal García alerta sobre condiciones de reclusión en Venezuela
El concejal venezolano Carlos García recibió atención médica dos semanas después de haber sufrido un infarto cerebral en prisión. Su muerte, precedida por una agónica búsqueda de medicamentos, alertó sobre la situación de los opositores encarcelados.
García, de 44 años, falleció este domingo en un hospital de San Cristóbal, adonde fue trasladado el 18 de agosto desde los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Guasdualito (oeste), de donde era edil.
“Mi hermano sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) a principios de agosto y durante dos semanas no lo atendieron, pensaron que estaba fingiendo. Cuando lo movieron al hospital ya estaba en muy malas condiciones”, dijo telefónicamente Yhorlenys Aular.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una investigación, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab. Según Aular, García contrajo además una bacteria en el cerebro y llevaba tres días sin medicación, por lo que la familia publicó pedidos de ayuda en internet para conseguir antibióticos, en grave desabastecimiento.
El político, de quien se publicó una foto en el hospital con evidente pérdida de peso, había sido detenido el 17 de diciembre de 2016 acusado de hechos violentos durante protestas por escasez de efectivo.
Las autoridades aseguraron que estaba en posesión de una elevada suma de dinero, pero sus familiares y el partido Primero Justicia, en el que militaba, afirmaron que el Sebin forjó pruebas. Padecía también de “hipertensión y depresión severa”, aseguró este lunes su copartidario y diputado Tomás Guanipa en una rueda de prensa, en la que culpó de la muerte al gobierno.
“Condiciones inhumanas”
En un comunicado, la corte suprema sostuvo que García tenía toxoplasmosis y que ésta se pudo haber agravado por una “enfermedad infecciosa inmunodeficiente”, de la que el dirigente no tendría conocimiento.
García, formaba parte de 566 “presos políticos” que denuncia la oposición, entre ellos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ambos con prisión domiciliaria.
“En casi todos los casos su situación es lamentable. Están sometidos a condiciones inhumanas e insalubres”, señaló Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal.
Himiob apuntó que la muerte de García se suma a la del piloto Rodolfo González, de 63 años y acusado de conspiración, quien según el gobierno se suicidó en la sede del Sebin en Caracas el 13 de marzo de 2015, versión rechazada por su familia.
En meses recientes se multiplicaron las denuncias sobre el deterioro de la salud de opositores presos; y también las de torturas a detenidos durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.
Es el caso del parlamentario Gilber Caro, capturado el pasado 11 de enero acusado de planear acciones terroristas y quien este lunes completó ocho días en huelga de hambre. La defensa asegura que padece múltiples afecciones.
“Lo que le pasó a García le puede pasar a Gilber Caro y a muchos otros”, advirtió Guanipa.
Hermetismo tras las rejas
Otro proceso sensible es el del diputado regional Wilmer Azuaje, detenido en mayo y preso pese a una orden de excarcelación. Una foto de Azuaje encadenado a una escalera en los calabozos del Sebin en Caracas fue presentada por la oposición como prueba de vejámenes.
“A Wilmer lo que come lo hace vomitar por la mala calidad de la alimentación. Lo mismo le pasa a Gilber Caro, a quien le tiran la arepa por debajo de la puerta”, aseveró Guanipa.
La familia de Yon Goicochea también ha expresado preocupación por la salud del político venezolano de origen español, quien lleva un año preso pese a tener boleta de libertad.
El hermetismo rodea estos casos, como ocurrió en agosto con el general Raúl Baduel, exministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez. Fue trasladado de prisión y su familia no pudo verlo durante 23 días, al cabo de los cuales, dijo, lo encontró con la misma ropa y barbado.
El gobierno niega tener presos políticos y evita referirse a esas denuncias. El fiscal rechaza que los tratos crueles sean generalizados. En lo que presentó como una muestra de sensibilidad, el dirigente chavista Diosdado Cabello pidió a la justicia cerrar un proceso por difamación contra el político y periodista Teodoro Petkoff, de 85 años, por hallarse enfermo, quien tenía prohibido salir del país.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige la liberación de los “presos políticos” como condición para negociar con el gobierno un acuerdo que ponga fin a la grave crisis política y económica.
Las partes iniciaron el pasado miércoles en República Dominicana contactos para sentar las bases de un posible diálogo.
Fuente: La Prensa