FPV Táchira: 71 detenidos en protestas en lo que va de año

Según las cifras que maneja el Foro Penal Venezolano Táchira -FPV- solamente en el estado, durante los tres primeros meses del año, se ha registrado un total de 71 detenciones en medio de manifestaciones, en donde en la mayoría de los casos se han presentado violaciones a los derechos humanos, por lo que hacen un llamado a las autoridades nacionales para que se revisen las conductas de los cuerpos de seguridad, específicamente en la Policía Nacional Bolivariana -PNB-. “En el Táchira, desde el primero de enero de 2015, hasta el 13 de marzo de 2015, tenemos un total de 71 personas detenidas en situación de protesta. A nivel nacional el Foro Penal ha reportado 304 causas en situación de protesta”, informó Raquel Sánchez, coordinadora del FPV en la entidad. Detalló que solamente el día que murió el liceísta de 14 años se registró un total de 32 detenciones en menos de medio día, dada la cantidad de focos de protestas que se originaron en diferentes puntos de la ciudad. Revisar actuación de la PNB Sánchez considera primordial que se efectúe una revisión exhaustiva de la actuación de la Policía Nacional Bolivariana -PNB- en el control de las protestas, ya que aunque han dicho que las actuaciones son parte de casos aislados, desde el FPV no consideran que sea así, ya que siempre se trata del mismo cuerpo de seguridad actuante. “La ONG Foro Penal Venezolano advierte y hace un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes en cuanto a la forma de actuación policial que ha desplegado la PNB, la cual en los últimos tiempos se ha visto involucrada en varios asuntos irregulares al control”, señaló. Indicó que tiene conocimiento de que existen varias causas abiertas en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público del Táchira en contra de funcionarios actuantes por varios hechos. Recordó que la responsabilidad de la actuación del cuerpo policial no solamente puede quedar en la persona que comete el hecho punible, sino también debe recaer en la cadena de mando, ya que son los encargados de otorgar el permiso para la actuación de un funcionario en el control de manifestaciones. Sánchez hizo referencia a una serie de  eventos en los que se ha visto involucrada la PNB y que han llamado la atención del FPV, como lo fue el caso D. Zambrano, quien recibió un disparo en su abdomen comprometiendo su intestino delgado y hasta la fecha no han determinado responsabilidades. Señaló el caso de los tres estudiantes de la Universidad Católica del Táchira -UCAT-  heridos por arma de fuego, “presuntamente donde el agresor fue un funcionario de este cuerpo policial. En esta causa sí hubo presentación de estas personas y los funcionarios se encuentran privados de libertad”. Asimismo ocurrió con el liceísta de 14 años quien fue asesinado por un efectivo de la PNB, en donde se podría determinar una responsabilidad “solidaria en cuanto a los funcionarios que se encontraban allí pertenecientes al cuerpo, pues debió haber un llamado en el momento que se ve que hay una persona afectada en su integridad física y que está en grave peligro”.    Para el FPV siempre que se da un tipo de actuación irregular por parte de dichos funcionarios siempre se trata de dar un justificativo para la acción por parte de las autoridades regionales. “Por ejemplo, con el caso de Carlos Villamizar, para justificar los golpes que el joven tenía se habló de una supuesta riña dentro del centro de reclusión. Con los tres jóvenes de la UCAT se dijo que fue producto de un forcejeo porque ellos querían robar, hurtar, el arma de fuego y las motos de los funcionarios. En el caso de Roa también se habló de un forcejeo y resulta ser que entre los videos y los testimonios de las personas presentes en el hecho se deja ver que no hubo ningún forcejeo”, detalló.       Sánchez considera primordial realizar la alerta desde el FPV para que la conducta que se está evidenciando en la actuación de la PNB no sea generalizada hacia otros cuerpos de seguridad, “violentando los derechos humanos y tratos crueles humanos y degradantes en el control de las manifestaciones”. Apuntó que en Venezuela existe una ley especial, la cual contempla los delitos y las responsabilidades en cuanto a tratos crueles e inhumanos y tortura “que son cometidos por el estado venezolano o Gobierno de turno”, indicó. Ataques a la ONG La coordinadora del FPV en Táchira, Raquel Sánchez, recalcó que están en la plena facultad de denunciar la violación de derechos humanos que ocurran dentro de la jurisdicción, por lo que no descarta que, luego de estas declaraciones, autoridades regionales y militares vuelvan a desmentir la información que manejan. “Estos señalamientos son característicos en los Estados que les conviene no evidenciar las situaciones que se viven en el contexto real (…) esto no nos sorprende”.  

Fuente: Diario Los Andes