El camino para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional

La fiscal de la Corte Penal Internacional examinará la represión en Venezuela. Se evaluará si existen fundamentos para iniciar una investigación penal. La ONU, Amnistía Internacional y otros organismos de DD.HH. sostienen que habría delitos de lesa humanidad.

El jueves, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. La razón: la posible comisión de graves crímenes contra la humanidad. Bensouda evaluará el uso de la fuerza por parte del gobierno para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 y las detenciones y encarcelamientos a opositores.

Estos son algunos alcances para explicar el tema y cómo será su evolución:

1.- ¿Qué es un examen preliminar?

En esta etapa, la fiscal deberá confirmar que se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma (tratado que crea la CPI) para que el caso llegue a la corte. Es decir, que la CPI es competente; que la justicia venezolana no está actuando para resolver estos casos; y que se trata de crímenes internacionales especialmente graves, entre ellos de lesa humanidad (CLH). Para Gonzalo Himiob, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal Venezolano, el solo hecho de que se haya abierto un examen preliminar es ya un reconocimiento de que los delitos que se venían denunciando tiempo atrás en Venezuela tienen fuertes visos de veracidad.

2.- En el caso venezolano, ¿la CPI tiene competencia

Venezuela es parte del Estatuto de Roma y, como tal, la fiscal de la CPI puede investigar sucesos que hayan ocurrido después de la entrada en vigor del tratado (2002). Además, se tendrá que determinar si los hechos configuran posibles CLH. Aquí podría haber una complicación. Según Michelle Reyes, coordinadora para las Américas de la Coalición por la CPI, no toda violación a los DD.HH. es un CLH. Es decir, no todos son ataques contra la población civil realizados como parte de una política de Estado o por una organización de forma sistemática o generalizada.

3.- ¿Acaso no está actuando la justicia venezolana?

Muchas instancias internacionales (Corte IDH, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU) han reconocido que la justicia en Venezuela está secuestrada por el poder político. Para Miguel Henrique Otero, director del diario “El Nacional”, “todos los jueces esperan las órdenes del Ejecutivo para actuar”. Y aquí podría haber otro obstáculo: los CLH no están contemplados como tal en el código penal venezolano. Esto podría ser usado por Venezuela para argumentar que no es que tenga falta de voluntad para llevar los casos a la justicia, sino que simplemente no pueden aplicar figuras inexistentes.

4.- ¿Los crímenes en Venezuela son suficientemente graves

La gravedad se determina en función de criterios como el número de víctimas, la participación de altos mandos, la manera en la que se cometieron los crímenes, etc. Himiob considera que esta podría ser una valla difícil de superar. A pesar de que hay cientos de víctimas mortales, los CLH no se reducen a asesinatos y torturas: “Tenemos cifras [desde antes del 2017] de más de 12 mil personas detenidas injustamente y 1.300 presos políticos, que revelan una política de Estado destinada a neutralizar a disidentes”, señala el experto.

5.- ¿Altos funcionarios, como el presidente Nicolás Maduro, podrían ser condenados?

Maduro, ministros de Estado y generales de las fuerzas de seguridad podrían eventualmente ser condenados. “[La CPI] se centra en quien alberga la máxima responsabilidad, no va detrás de quien jala el gatillo”, sostiene Reyes. Sin embargo, es precipitado individualizar responsabilidades en esta etapa.

6.- ¿Cómo dificulta la sanción el que se trate del jefe de Estado

La inmunidad presidencial no impide que sea acusado de estos crímenes. Que se encuentre en funciones, sin embargo, podría ser un problema para garantizar su entrega a la CPI. Al margen de que esto pueda dilatar el proceso, los CLH no prescriben.

7.- ¿Cuáles son los efectos prácticos del examen preliminar?

Aunque no sabemos cuánto tiempo podrá demorar el camino a la CPI, el que se haya abierto cumple ya un efecto disuasorio para los funcionarios públicos. “Ya saben que están bajo la lupa internacional y ante una instancia que no pueden manejar por más poder político o económico que tengan”, señala Himiob. Sin embargo, advierte que la decisión podría generar falsas expectativas en quienes buscan un resultado a corto plazo. “Eso no es posible. Las carreras de la justicia internacional son carreras de resistencia, no de velocidad”.

8.- ¿Cuál será el impacto del examen preliminar en la región?

Según el internacionalista Farid Kahhat, es probable que el Gobierno Venezolano intente utilizarlo para fines políticos y para evitar que eso suceda, sería mejor que el proceso jurídico siga su cauce normal y los países de la región no interfieran. “El Grupo de Lima va a seguir actuando, fundamentalmente, por la ruptura del orden constitucional en Venezuela, al margen de lo que ocurra en la CPI”, sostiene.

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►CASOS RELEVANTES

Plan Zamora

Desde el 2017, se habla de una supuesta operación gubernamental para reprimir las protestas. Según la ONU, este plan ha servido para avalar “la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles en el control de las manifestaciones”.

Asesinato de Óscar Pérez

En enero, más de 500 efectivos se movilizaron para capturar al grupo rebelde liderado por el ex policía Óscar Pérez. Según los videos que este transmitió a través de sus redes sociales, él y sus 6 compañeros se rindieron. Sin embargo, todos terminaron muertos. El director para las Américas de Human Rights Watch asegura que hay indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Otras violaciones a los DD.HH.

Según la ONU, de abril a julio del 2017 las fuerzas de seguridad cometieron detenciones arbitrarias, palizas, descargas eléctricas, intentos de asfixia y amenazas de violencia sexual contra los detenidos. Otro informe de la OEA en el mismo período denuncia el asesinato de 67 manifestantes, detenciones ilegales y la existencia de presos políticos.

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►PASO A PASO: LAS ETAPAS EN LA CPI

Solicitud:

Solo pueden solicitar abrir una investigación un Estado parte, el Consejo de Seguridad de la ONU o la fiscal de la CPI.

Los individuos, las ONG y otros organismos pueden enviar “comunicaciones” sobre presuntos crímenes a la fiscal.

Examen preliminar (sin plazo)

La fiscalía evalúa si se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma –tratado que crea la CPI- para abrir una investigación.

Tiempo: ¿los hechos ocurrieron luego de la entrada en vigor del tratado (2002)?

Territorio / persona: ¿los hechos tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte o fueron cometidos por un nacional de un Estado parte?

Materia: ¿configurarían un crimen de lesa humanidad, de guerra o genocidio?

Complementariedad: ¿los hechos son investigados por la justicia nacional?

Gravedad: ¿cuál es el número de víctimas? ¿De qué crímenes se trata? ¿Participan altos funcionarios?, etc.

Investigación

Después de recolectar evidencia e identificar posibles sospechosos, el fiscal puede:

Citar e interrogar a los investigados, víctimas y testigos.

Solicitar órdenes de arresto (para esto necesita cooperación estatal).

Juzgamiento

Se identifica al sospechoso y se asegura que entienda los cargos en su contra.

Se acusa y los jueces deciden si se abre juicio.

Al culminar el juicio, los jueces emiten una sentencia.

Sentencias

La condena puede ser de hasta 30 años de cárcel o, en circunstancias excepcionales, cadena perpetua.

La decisión puede ser apelada por el fiscal o la defensa del acusado.

La sentencia se cumple en el territorio de uno de los Estados parte.

Algunos ejemplos (Fecha de entrada en la etapa respectiva)

Colombia (2004)

Iraq/UK (2006)

Guinea (2009)

Nigeria (2010)

Ucrania (2014)

Palestina (2015)

Gabón (2016)

Afganistán (2017)

Filipinas (2018)

Venezuela (2018)

República Democrática del Congo (2004)

Sudán (2005)

Uganda(2012)

Libia (2011)

Laurent Ggagbo(2016). Presidente de Costa de Marfil en arresto desde el 2011.

Dominic Ongwen (2016). Alto mando del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda.

Thomas Lubanga (2012). Presidente de la Unión de Patriotas Congoleños, culpable de crímenes de guerra. Purga prisión en la República del Congo.

Ahmad Al Faqi Al Mahdi (2016). Yihadista condenado por crímenes de guerra por destruir patrimonio de la humanidad en Mali.