Abogados del Foro Penal Venezolano, Capitulo Bolívar, denuncian que el Sebin realiza seguimientos para amedrentarlos (+Detalles)
“Es un acoso. Los funcionarios del Sebin nos siguen a todos lados, vestidos de civil y con camionetas oscuras sin placas. Se presentan adonde hemos estado e intimidan a quienes han hablado con nosotros”, relató Luz María Álvarez, abogada del Foro Penal en el estado Bolívar, al referirse al episodio que vivió el jueves 9 de mayo junto con el director nacional de la organización, Alfredo Romero.
Gustavo Montaño, el periodista solicitado, refirió que el funcionario del Sebin –que se identificó con una credencial– pidió también una copia de la grabación del programa. “Me negué. Le pregunté cuál era la orden del tribunal que solicitaba eso y no la tenía. Creo que la visita forma parte de una política estructurada que busca crear una matriz de miedo entre quienes defienden los derechos humanos”.
Los abogados del interior del país señalan que en las últimas semanas han observado cómo el Sebin, a través de funcionarios de civil que se trasladan en vehículos sin placa, vigila sus hogares y oficinas, los sigue en lugares públicos –como panaderías y restaurantes– y hasta les envía mensajes de texto a sus celulares con contenido engañoso para que se pongan en contacto con la institución. “Al menos tres hemos recibido ese tipo de mensaje, siempre desde el mismo número”.
En Táchira la situación es similar. Raquel Sánchez, abogada que lleva casos de defensa de estudiantes detenidos, indica que existe un asedio de funcionarios de inteligencia y otras personas desconocidas. “Nos vigilan motorizados del Sebin y otros en las afueras de nuestras oficinas y casas, así como a la salida de los tribunales. También nos envían mensajes de texto con doble sentido y llamadas en las que nadie habla, solo se escucha el sonido de la respiración”.
“Las acusaciones hechas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, contra defensores de los derechos humanos como Gustavo Tovar, Rodrigo Diamanti y Alfredo Romero son graves”, dice Marino Alvarado, coordinador de Provea. “Eso, sumado al amedrentamiento ejercido sobre ellos por las autoridades policiales, tiene el propósito de debilitar la defensa de las víctimas. El efecto es que muchos abogados se inhibirán de defender a quienes soliciten asistencia legal. Las acciones del Estado se van ampliando e integrando y la represión pasa a ser característica”.
El Nacional
