De los ocho tuiteros detenidos entre septiembre y octubre de 2014, cinco continúan en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. El asesinato del diputado Robert Serra y las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aceleraron la persecución y captura de tuiteros. El Ministerio Público no ha podido probarles los delitos por los que fueron detenidos. Agobiados por el encarcelamiento y los retrasos en los procesos judiciales la mayoría de los tuiteros apresados ha optado por declararse culpable de delitos menores para salir en libertad.

@albertoyajure

“Somos socialistas… Antiimperialistas… Revolucionarios y también chavistas”. Todas las mañanas escuchan el himno del Sebin. Reciben a sus familiares los días jueves y domingo desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, a menos que las autoridades decidan ese día suspender las visitas. Sus madres, padres y hermanos llegan sobre las 10.00 am a la enorme mole de concreto conocida como El Helicoide, en el sector Roca Tarpeya de Caracas.

Son conocidos como los “tuiteros presos”. Sus días transcurren detrás barrotes, en celdas de la policía política de Venezuela. La mayoría ha permanecido hasta ocho meses encerrado, a la espera de procesos judiciales que abogados penalistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos califican de irregulares.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) elaboró informes técnicos para identificar y localizar a usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Un dossier, al que tuvo acceso Runrunes, fue enviado el 12 de junio de 2014 por William Castillo, presidente de CONATEL, al entonces director del SEBIN  —y actual ministro del Interior y Justicia— Gustavo Enrique González López. El informe contiene más de 30 páginas de información técnica y detalla aspectos de métrica y tráfico de las cuentas: número de identificación de la cuenta, cantidad de seguidores, tuits promedios enviados por día, porcentaje de incidencia (cuántos tuits son republicados con RT y cuántos reciben menciones), gráficos por horas en las que el usuario tuitea y desde cuántos dispositivos (computador o teléfono móvil), etiquetas que emplea o que ha posicionado y cuentas más mencionadas.

En una de las páginas se desglosa: dominios de sitios en Internet usadas por algunas de las cuentas, información de registro de los dominios, direcciones IP y análisis de ranking de tráfico; el alcance estimado de usuarios nuevos por mes, y ubicación geográfica del servidor. La documentación de CONATEL —que fue preparada por los funcionarios Jeagni Sánchez; revisada por Jhonder Depablos; y aprobada por Edgar Rojas— había sido solicitada por el SEBIN una semana antes. Los informes fueron luego usados por el Ministerio Público para sustentar las imputaciones de detenidos en los procesos judiciales.

De ocho usuarios de Twitter que fueron detenidos entre el 22 de agosto y el 15 de octubre, cinco continúan tras las rejas. Familiares, amigos, abogados penalistas, detenidos, y defensores de derechos humanos cuentan parte de las historias detrás de una razia contra algunos de los tuiteros que expresaron comentarios y opiniones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los allegados de los “tuiteros” tienen miedo de declarar a los medios de comunicación. Pocos acceden a responder preguntas, siempre bajo la condición de mantenerlos en el anonimato. Ninguno quiere arriesgarse a perjudicar las causas, molestar a las autoridades o los fiscales.

En casi todos los casos, el Ministerio Público (MP) ha actuado de oficio, sin que medien denuncias formales. Los juicios se han desarrollado entre retardos, diferimientos y la suspensión reiterativa de audiencias. A cuatro de ellos se les ha mantenido en Caracas, alejados de sus estados y de los tribunales que llevan sus causas en Barinas, Maracaibo y Valencia.

El asesinato del diputado del PSUV, Robert Serra, ocurrido el primero de octubre de 2014 en Caracas, es uno de los denominadores comunes en las detenciones y juicios a seis de ocho tuiteros. Los comentarios y referencias sobre el caso publicados en Twitter cambiaron las vidas deLessi Marcano, Ginette Hernández, Víctor Ugas, Inés González, Abraham Muñoz y Daniely Benítez.

La de Benítez es la única que ha sido sobreseída. Fue acusada en señal abierta de televisión por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, de predecir el luto en la Asamblea Nacional antes del asesinato de Robert Serra, detenida durante 48 horas, liberada con una medida cautelar y finalmente absuelta en junio pasado.

Las acusaciones del número dos del chavismo movilizaron a fiscales y cuerpos de inteligencia de varias entidades: Los tuiteros habían sido señalados por Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), en su programa de televisión “Con el mazo dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde también fueron anunciadas las detenciones de seis de los ocho acusados.

#LaFiscalía20

Del un total de ocho procesos judiciales, cuatro han tenido un mismo desenlace: los acusados se han declarado culpables y admitieron delitos con penas menores, muy distintos a los que les fueron imputados al momento de las detenciones. El MP recomendó a los acusados y a sus familiares que revocaran la asesoría legal que recibían organizaciones como el Foro Penal y que aceptaran defensores públicos o privados a cambio de imputaciones más leves.

“La Fiscal 20, Katherine Haringhton, conversaba con un hombre en el tribunal cuando me divisó a lo lejos. Pasado un rato se me acercó y me dijo: ‘Yo no debería decirle esto, pero le recomiendo que le cambie esos abogados a su familiar. Es la única manera para ayudarla en este caso’. Ellos [el Ministerio Público] no querían que tuvieran defensores del Foro Penal”, asegura un allegado de uno de los acusados.

La Fiscalía 20 del MP, a cargo de Haringhton, procesó judicialmente a manifestantes, estudiantes, dirigentes de oposición e integrantes de organizaciones no gubernamentales. La Fiscal apareció en la lista de siete funcionarios sancionados por la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su vinculación o asistencia en la violación de derechos humanos durante las manifestaciones de 2014. Luego de este hecho fue condecorada por el presidente Nicolás Maduro y ascendida al cargo de Viceministra de Investigación Penal.

Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal, indica: “Esta es una práctica común de la Fiscalía en estos casos que viola el derecho a la defensa y constituye una especie de extorsión porque los acusados están en todo derecho de elegir su defensa. El MP debería promover la defensa fuera del Estado, porque descongestiona la Defensa Pública”.

Al menos tres detenidos que recibieron sentencias menores a cinco años de cárcel han solicitado la excarcelación por suspensión condicional de la pena. Este procedimiento, introducido en el texto del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) en la reforma de 2012, permite a los acusados solicitar ante el juez la anulación del proceso en aquellos delitos de “acción pública” cuya pena no exceda los ocho años. Otra de las condiciones para acceder a esta medida es que los juicios hayan sido procesos “abreviados” (como la admisión de los hechos por parte del acusado). Pese a esto, algunas liberaciones no se han producido.

El MP ordenó evaluaciones psicosociales hasta en dos ocasiones a varios de los tuiteros detenidos, la última en marzo de 2015. Los resultados de los exámenes, sin embargo, no han llegado hasta los tribunales para que los jueces evaluen la suspensión de las condenas. “Es un mecanismo para mantenerlos presos, porque no hay voluntad para liberarlos. De ser así, ya lo hubiesen hecho. Cada quien tiene el derecho de elegir cómo defiende su caso, pero la admisión de hechos no es una garantía para la liberación inmediata”, resume Romero.

#ALaCárcelPor140Caracteres

“Nos arruinaron la vida por un bendito tuiter”, se lamenta una mujer, entrada ya en años, y vinculada a uno de los acusados. La mirada se le pierde en un punto de esa vista amplia, panorámica —casi de postal— que tiene sobre Caracas: “El 31 de diciembre nos reunimos toda la familia aquí, justo aquí, en este lugar, a mirar hacia El Helicoide”, relata mientras baja el rostro justo antes de quedarse sin palabras.

Algunas de las acusaciones contra los tuiteros son consideradas improcedentes a los ojos de algunos defensores. Por ejemplo, en el caso de Daniely Benítez —flautista del grupo musical Só Sambistas e integrante durante más de diez años del Sistema Nacional de Orquestas— el MP nunca pudo probar ningún delito porque ella ni siquiera tenía acceso a la cuenta de @Hiipolita.

José Vicente Haro, su abogado defensor, afirmó que fue detenida de manera irregular durante cinco días. “El Sebin rompió puertas en su apartamento y se llevó cuatro computadoras, una laptop, dos pendrives y equipos que aún no han sido devueltos”, dice. Cabello la acusó en televisión pública de haber escrito los tuits que anticiparon un duelo en la AN, pero Benítez fue luego absuelta por un tribunal. El diputado no se ha retractado de sus acusaciones.

“¿Cómo es posible que Diosdado haya acusado a todo el mundo en televisión de haber cometido delitos y la Fiscalía no haya hasta ahora probado la culpabilidad en ningún caso? ¿Cómo es posible que él [Cabello] diga ahora que va demandar a diarios por publicar informaciones que lo acusan de ser un narco, pero nuestros familiares se quedaron presos injustamente por unos tuits? ¿Cómo denigró y difamó a los nuestros, pero todavía no se da cuenta del daño que le ha causado a mi familia?”, se pregunta el allegado de uno de los detenidos.

Haro también trabajó como abogado defensor del tuitero Leonel Sánchez Camero, quien ahora es asistido por otro abogado. El titular de la cuenta @AnonymusWar, fue uno de los primeros detenidos, en agosto de 2014. Fue acusado por supuestos delitos de instigación al odio, conspiración y ultraje.

“Publicaba información, opiniones, comentarios. También hacía mucho RT a otras cuentas y mencionaba a funcionarios, entre ellos a Diosdado Cabello. La Fiscalía 20, a cargo de Haringhton, hizo la acusación. Hay informes enviados al Sebin —algunos elaborados por Conatel— que revelan el contenido de mensajes directos (DMs) de Twitter. Y esto es muy grave, porque el Estado violó la privacidad de sus comunicaciones. Su caso está en un tribunal en Barinas, pero a él lo tienen en El Helicoide”, relata Haro.

A Víctor Ugas, procesado por publicar fotografías del cadáver de Robert Serra, se le acusó —además de un cargo por revelación indebida de información— por un delito de espionaje, contemplado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La foto del cuerpo del diputado Serra estuvo en manos de otros usuarios de la red social que incluso se ofrecieron a distribuirla vía correo electrónico; también fue  publicada por un portal web radicado en Argentina que por esos días fue bloqueado por Conatel. El MP no ha demostrado que Ugas hubiese vulnerado o accedido de manera ilegal a ningún sistema informático para hacerse con la fotografía.

Las acusaciones vinculadas con el caso Serra tenían una marca: La Fiscalía achacó a todos los detenidos delitos de ultraje a funcionario público, sin embargo la presunta víctima (Robert Serra) había sido asesinada. Romero cuestiona algunos aspectos de las acusaciones: Las detenciones e imputaciones vinieron a partir de declaraciones de un funcionario en televisión; y no hubo familiares que denunciaran el supuesto ultraje. Y explica que para que pueda demostrarse ultraje, la víctima debe sentirse ultrajada. En este caso, la víctima no estaba, y sus familiares, que pudiesen sentirse afectados, no fueron los que hicieron la denuncia.

“Las detenciones e imputaciones vinieron tras una declaración de alguien en televisión. Y hay casos, incluso en otros países como Inglaterra o España, en los se ha detenido a personas por tuitear mensajes racistas. Pero, hay que detenerse: ¿quién es el afectado, la presunta víctima? ¿quién se sintió difamado o agredido o ultrajado por esos tuits? porque si la víctima no se sintió ofendida,… ¿sus familiares sí?”.

Uno de los casos que ha cobrado notoriedad es el de Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible. El Sebin la mantuvo detenida incluso después de que un tribunal le dictara una boleta de excarcelación. El MP la acusó tres cargos: ultraje a funcionario, ultraje violento e instigación pública. En el juicio ofreció disculpas a los familiares del diputado Serra, a quien había llamado delincuente y señalado de “armar” a niños en el 23 de Enero.

Sobre este caso, Romero explica: “Pidió disculpas, como es un escarmiento. La acusan de instigación pública, pero ese es un delito que hay que definirlo, delimitarlo, y probarlo, porque, ¿cómo se demuestra que alguien que publica un mensaje tiene influencia sobre otros? No estoy de acuerdo con insultar, humillar y difamar en redes sociales, pero debe existir proporcionalidad. Podrían acarrear multas, castigos, pero nunca encarcelamiento”.

#LaVidaEnUnaCeldaDelSebin

Un solo pasillo conecta las celdas donde están confinados los detenidos del Sebin en El Helicoide. En una primera celda, denominada “Preventiva 1”, el hacinamiento es la norma: hasta 23 detenidos comparten casi 15 metros cuadrados. Algunos están acusados por delitos comunes. No hay luz, ni camas para todos, los reclusos hasta duermen en el piso por turnos o descansan de pie.

Más adelante hay otro calabozo, exclusivo para funcionarios. Un grupo de estudiantes y acusados por estafa, fraude y homicidio están recluidos en una celda que en el Sebin llaman “Preventiva 2”. Aquí está Leonel Sánchez Camero, titular de la cuenta @AnonymusWar. Hay un baño, pero el espacio es reducido y los reclusos tienen dificultades para moverse, relata uno de los detenidos que revela algunos detalles con la condición de que no se publique su nombre.

En otra celda están recluidas 15 mujeres, entre ellas Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible; y Ginette Hernández, a quien las autoridades asociaron a la cuenta @Hiipolita, en la que se publicaban predicciones, mensajes religiosos, y consultas de tarot. Hay allí un televisor con la señal de canales del Estado, un equipo de DVD, una cocina pequeña y una nevera. La primera pregunta que una de las detenidas hace a sus familiares cuando llegan de visita: “Denme noticias. ¿Qué está pasando allá afuera?”.

Los días en esta celda transcurren entre películas, manualidades y lecturas. Todas las tareas están repartidas por turnos: Hernández cocina a  veces, le gusta tejer y hacer manualidades; mientras que González Árraga tiene asignada la limpieza y dedica parte de su tiempo a leer textos de química.

En “Preventiva 3” hay otros 18 detenidos, ocho de ellos duermen en el piso. No hay literas, los colchones están montados sobre tablas y cajones. Allí está el arquitecto Lessi Marcano, quien fue el autor los tuits de la cuenta @Hiipolita que predijeron que habría luto en la Asamblea Nacional una semana antes del crimen de Serra.

José Isaías Roa, Mayor (R) de la Aviación y ex Fiscal Superior del MP en Apure y Sucre también está en esa celda, en la que hay un televisor, un equipo de DVD y una pequeña cocina eléctrica. Allí compartieron con el director del semanario 6to Poder, Leocenis García, quien fue llevado al Hospital Militar tras iniciar una huelga de hambre; y el banquero Álvaro Gorrín, quien después de salir en libertad donó 80 colchones para los detenidos.

Las tres comidas del  día llegan en envases de aluminio. En ocasiones hay dos paramédicos y un médico residente, pero los reclusos se quejan de no tener atención especializada en casos de emergencia. Golpean los candados de las celdas y los barrotes cuando hay una urgencia y algunos reconocen que los han trasladado hasta el Hospital Militar. Refieren que al menos dos presos en El Helicoide fueron liberados después de descubrirse que tenían tuberculosis.

El trabajo más arduo recae en  las familias, que se encargan de llevar provisiones: artículos de aseo personal, frutas, alimentos enlatados, comida congelada (pollo, carne), agua potable —que no les dan allí dentro—, libros, revistas, películas. Además regresan a casa con bolsas llenas de ropa sucia, que lavan y devuelven en la próxima visita. La madre de uno de los detenidos en El Helicoide planifica todas sus actividades de la semana en torno a los días de visita. Hace colas en supermercados y farmacias, padece fuertes dolores en la espalda que —afirma— se deben a la carga de pesados paquetes y botellones de agua mineral. Dice que la sostienen el apoyo emocional y económico de allegados y los abrazos durante los días de visita.

El encarcelamiento ha dejado sus marcas: depresión, miedo, paranoia. Las familias se quiebran por saberlos en un calabozo y ellos se lamentan de que sus padres, madres y hermanos sufran por su confinamiento. Uno de ellos admite: “La depresión aquí es tal, que quien no tenga la fortaleza de aguantar esto, fácil se puede morir… No es fácil… Nada fácil…”

“Me voy a amarrar a mi cama, a mí no me van a llevar a una cárcel”, fueron las palabras que un recluso dijo a sus familiares un día antes de la muerte del piloto Rodolfo González, a quien Nicolás Maduro, llamó “El Aviador” durante una cadena nacional. La amenaza de un posible traslado a cárceles había sembrado el miedo entre los reclusos. González se ahorcó en su celda en El Helicoide durante la noche del jueves 12 de marzo.

“Lo conocía muy poco, apenas habíamos cruzado palabra una o dos veces que coincidimos en la salida para tomar el sol. No hablaba con casi nadie. Esa noche fue un desastre, había mucho miedo. Luego, después de las 11 pm , supimos que algo había pasado cuando escuchamos a los guardias correr de un lado a otro”.

La madre de una detenida se lleva las manos a la cabeza cuando recuerda el momento en el que recibió la noticia. Había compartido varias veces con la esposa de González. Los estudiantes detenidos durante las manifestaciones de 2014 hicieron un acto en su homenaje, rezaron y le dedicaron algunas palabras en la visita del domingo 8 de marzo.

“Se construyen vínculos muy fuertes allí adentro —afirma la hermana de una tuitera detenida— porque compartir una vivencia así no es algo sencillo. Solo se tienen ellos. Quizá el día de mañana todos le encontremos sentido a esto. Por alguna razón tenían que conocerse”.

#EsperanLibertad

Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ), detenido en Valencia, fue puesto en libertad con medidas cautelares.

Daniely Benítez (@pretinha76) fue absuelta tras haberse dictado en junio el sobreseimiento de su causa. Logró reunir algunos fragmentos y reescribir la tesis de grado que perdió en las computadoras sustraídas de su vivienda por el Sebin. Se graduó de la Escuela de Artes de la UCV, cerró su cuenta de Twitter y salió del país.

María Magalys Contreras (@marletmaga), de 55 años, padece problemas psiquiátricos y renales. Se declaró culpable de delitos menores. Su sentencia fue suspendida y se le permitió salir en libertad con una medida de régimen de presentación y  trabajo comunitario.

Ginette Hernández no pudo asistir a su acto de grado. Admitió  el delito de falsa oferta y agavillamiento. Continúa detenida y espera una suspensión de la pena.

Lessi Marcano (@Hiipolita) admitió culpabilidad por delitos menores. Aún espera de la suspensión de su sentencia.

Víctor Ugas (@VictorUgas, la cuenta ya no está activa) sigue preso en El Helicoide.

Inés González Árraga (@InesitaTerrible) reconoció delitos de instigación pública y el MP desistió los cargos de ultraje a funcionario y ultraje violento. Su familia y abogados acudieron a la Embajada de España, país del que también es ciudadana, y solicitaron ayuda legal y diplomática. Se desconoce si el Gobierno de España adelantó alguna diligencia. Padece endometriosis, que le produce fuertes dolores abdominales. Requiere someterse a una operación. Espera por la suspensión de su pena.

Leonel Sánchez Camero (@AnonymusWar) continúa detenido en El Helicoide. Padece “fuertes” dolores en la espalda. La audiencia para el inicio de su juicio fue suspendida hasta en cuatro ocasiones, la última vez en mayo de este año. Su caso está en un tribunal de Barinas, a donde lo trasladan en aeronaves militares custodiado por agentes del Sebin. De seguir preso, cumplirá un año tras las rejas en agosto.