Condenas a priori ejecutadas por el gobierno condena el Foro Penal Venezolano (Comunicado)
Nos deslindamos, de manera definitiva y categórica, de todo individuo, grupo o institución pública o privada que pretenda imponer sus ideas o sus visiones políticas, sean cuales sean, por medio de la fuerza, de las armas o de la violencia de cualquier tipo.
El Foro Penal Venezolano enaltece el respeto al derecho a la defensa y al debido proceso como derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Por ello, rechazamos cualquier detención o arresto que no cumpla con los requisitos constitucionales y legales, como la existencia de una orden judicial previa o la flagrancia debidamente comprobada, y el allanamiento o investigación penal contra personas que se ejecuten sin cumplir los debidos requisitos de ley, como mecanismos promotores de la intolerancia política o en franco abuso de autoridad. También rechazamos que se viole la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la garantía constitucional que consagra el derecho de cualquier ciudadano a ser juzgado en libertad, salvo que concurran supuestos absolutamente excepcionales que, además, siempre deben demostrarse cabalmente e interpretarse de manera restrictiva, porque así lo disponen la Constitución y las leyes.
En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente detención del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma.
Nuestra preocupación se sustenta en que dicha detención se ejecuta contra un Alcalde en plenas funciones, encargado de la Capital de la nación, con autoridad que nace de la expresión clara y contundente, manifestada a través del sufragio, de la voluntad popular; y en que dicha detención, cuyos motivos permanecen difusos y deben ser a la brevedad aclarados por los organismos competentes con base en la ley, produce de manera inequívoca un quiebre en la continuidad y en la regularidad de la prestación de un servicio público de la más alta importancia.
Rechazamos también categóricamente que desde el Poder Ejecutivo Nacional se condene públicamente y de manera anticipada a opositores o a personas críticas al gobierno, atribuyéndoles a priori responsabilidades en delitos tan graves como el homicidio, el terrorismo o delitos contra la seguridad de la nación, sin haber concluido los debidos procesos legales mediante sentencia definitiva y firme dictada por los organismos competentes del Poder Judicial.
No le corresponde al Poder Ejecutivo determinar responsabilidades penales ni calificar delitos contra ningún ciudadano. No hay forma de lograr la paz social, si los órganos de la Administración de Justicia no actúan ni están en capacidad de actuar, merced las presiones indebidas que sobre éstos se ejecuten, de manera transparente, objetiva, imparcial e independiente.
No es constitucional, legal ni cónsono con el anhelo de paz de todos los venezolanos el uso del poder, de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público y de la Administración de Justicia, para perseguir e intimidar, a causa de sus ideas, a disidentes, a opositores o a aquellos que de alguna manera critican las políticas públicas o las decisiones gubernamentales.
Exigimos, para la debida garantía de los derechos ciudadanos, tanto individuales como colectivos, que prevalezca la concordia, el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes y el ánimo democrático y pacífico en todos los actores públicos del país, y que la justicia sea despolitizada, a los efectos de que cumpla a cabalidad y de manera autónoma con las funciones que le son atribuidas por nuestra Carta Magna.
Creemos fielmente en un país de todos y para todos, con respeto a los criterios políticos diversos y a las ideas de cada ciudadano, en el marco de la ley y de la Constitución, y rechazamos la intolerancia, la discriminación y la criminalización de las opiniones e ideas contrarias al poder.
En Caracas, a los 20 días del mes de febrero de 2014.-
Fuente: Foro Penal Venezolano
