El presidente de Venezuela ordena despedir a los funcionarios que apoyen el revocatorio

Jorge Rodríguez, miembro del buró político del partido gobernante en Venezuela, declaró el lunes que, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y del Trabajo tienen 48 horas para remover de sus cargos a los altos funcionarios que firmaron para apoyar la propuesta de referendo revocatorio impulsada por la oposición venezolana.

“Se le entregó a cada uno de esos ministros los nombres de las personas que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana”, advirtió Rodríguez, quien también es el alcalde del municipio Libertador de Caracas. “Esos son los funcionarios que empiezan a denostar del gobierno del cual son responsables, son los que retardan los procesos, los que esconden los papeles”.

Rodríguez, un líder fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo énfasis en que la medida se aplica a los “funcionarios 99”, es decir aquellos de libre elección y remoción que son considerados como personal de confianza.

Ya en julio pasado, la Asamblea Nacional –el máximo órgano legislativo de Venezuela– recibió denuncias de más de mil funcionarios públicos que fueron despedidos a raíz de haber participado en el proceso de referendo revocatorio.

La oposición dice que ha recaudado millones de firmas para convocar a una elección que podría remover del cargo a Maduro. El proceso de referendo revocatorio fue consagrado en la Constitución venezolana de 1999 y establece que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.

En 2004 se celebró el primer revocatorio donde el presidente Hugo Chávez declaró que “los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro”. En esa oportunidad el mandatario ganó el proceso, por lo que fue ratificado.

Pero en ese entonces organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch declararon que la implementación de la “lista Tascón” y el “programa Maisanta”, dos mecanismos empleados para conocer las identidades de las personas que firmaron en el referendo de 2004, “fueron usadas para discriminar políticamente a opositores al gobierno”.

Este mes, el líder chavista Diosdado Cabello declaró: “Hemos encontrado de 13.000 funcionarios, grado 99, revisados, más de 4.000 han firmado contra el presidente Chávez y contra el compañero Nicolás Maduro”.

Según Gonzalo Himiob, fundador del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental de derechos humanos, tanto la Constitución venezolana como la Ley contra la Corrupción y la Ley del Estatuto de la Función Pública establecen que “siendo funcionario público no pueden perseguirte por expresar tus ideas políticas o por estar contra la línea partidista”. El abogado asevera que “eso es absolutamente inconstitucional e ilegal”.

También señaló que los despidos violentan las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: “No importa que seas empleado de confianza porque la relación laboral debe ser protegida más allá de cualquier consideración partidista, es un derecho humano fundamental”.

Según la Associated Press el gobierno venezolano es el empleador más grande del país con cerca de 3 millones de trabajadores en cargos públicos.

Fuente: The New York Times