Foro Penal: 2017 año récord de represión en Venezuela
“Dialogo entre gobierno y oposición ha reducido cantidad de excarcelaciones
El 2017 es el año de mayor represión de la historia en Venezuela. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se registraron 5.511 arrestos con fines políticos. “Exageradamente la mayoría de estos arrestos se produjo entre los meses de abril y agosto. A manera comparativa observamos que en 2016 hubo 2.381 detenciones o arrestos políticos. Por otra parte, 848 presos políticos, es decir, personas formalmente privadas de libertad con fines políticos, fueron encarceladas en 2017. Jamás se había registrado una cantidad tan elevada de presos políticos en un año. Mil doscientos por ciento (1200%) más en comparación con 2016, cuando hubo 69 nuevos presos políticos, por ejemplo. En el año 2014, que también fue un período de protestas, hubo 3.708 arrestos con fines políticos y 311 presos políticos nuevos. En 2015 detuvieron a 411 personas con fines políticos y 52 nuevos presos políticos”, detalló el Director Ejecutivo de Foro Penal (FP), Alfredo Romero.
En este sentido, Romero indicó, además, que Foro Penal ha presentado más de 4 mil denuncias ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de las cuales ya se tiene resoluciones de más de 330 casos.
Durante su primer balance de 2018 presentado este jueves, Romero recordó que el 15% aproximadamente de las personas detenidas arbitrariamente han denunciado torturas, tratos crueles e inhumanos de diversos tipos. “El menú es amplio como siempre lo hemos dicho, van desde abusos sexuales, asfixias, descargas eléctricas, etcétera”, aseguró.
El portavoz de Foro Penal resaltó otro problema importante, el caso de los refugiados políticos. “Una consecuencia de la persecución política que existe en Venezuela es la cantidad importante de venezolanos refugiados en otros países por ese temor fundado de volver al país por ser perseguidos o encarcelados. Esto es un problema serio y gravísimo que también estamos abarcando desde Foro Penal a nivel internacional”, dijo.
DIÁLOGO FRACASADO
Alfredo Romero aclaró que la situación de las detenciones arbitrarias, persecución y la represión no ha mejorado, al contrario, ha empeorado gravemente pese al diálogo. “No hay éxito en las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición, lo que hay es un fracaso y se los voy a probar. No engañemos a la gente, esto está aumentando la persecución. No hay liberaciones sino excarcelaciones, que, por supuesto las celebramos, pero todas estas personas tienen medidas cautelares y eso no es libertad plena”, señaló en rueda de prensa.
El abogado de FP reiteró que el efecto “puerta giratoria” sigue latente y aumenta cada vez más. “En lo que va de 2018 hay 9 detenciones nuevas, más desapariciones forzadas o involuntarias como el caso del trabajador del Ministerio de Comunicación e Información, Jameson Marcial Jiménez Mata (36), el 4 de enero. Desde el 24 de diciembre hasta la fecha ha habido más de 20 detenciones con fines políticos, pese a las 48 excarcelaciones que se produjeron desde el 23 de diciembre. Insisto, todos bajo cautelares, no tienen libertad plena. Es importante resaltar que esta cantidad de excarcelaciones es menor a los meses anteriores al diálogo. Por ejemplo, en el mes de agosto se produjeron 146 excarcelaciones, en septiembre 188 excarcelaciones, en octubre 69, en noviembre 99 y en virtud de esas negociaciones, las excarcelaciones bajaron en diciembre a 48”, puntualizó.
A juicio de Alfredo Romero, el gobierno utiliza el diálogo como fachada para bajar la presión internacional. “Observamos, entonces, que el gobierno venía liberando presos políticos a manera de bajar el costo político consecuencia de las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos como Foro Penal, o instituciones internaciones como la Organización de Estados Americanos e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El diálogo más que aumentar, redujo la presión internacional y redujo, como consecuencia, la excarcelación de presos políticos, mientras que la encarcelación de nuevas víctimas continúa”.
Romero aseguró que para que este diálogo sea efectivo debe ponerse sobre la mesa como precondición la libertad total y plena de los presos políticos, y debe incluirse en ese diálogo la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y del Alto Comisionado de la ONU. “A la fecha se mantienen tras las rejas 214 personas, lo cual es un número que duplica el de enero de 2017 y este diciembre, a pesar del diálogo, pasaron el fin de año encarcelados el mayor número de presos políticos de la historia, mucho mayor que en todos los años anteriores”.
EXCARCELACIONES Y DESAPARCIONES FORZADAS
Por su parte, Gonzálo Himiob Santomé, Director de Foro Penal, alertó que no es correcto hablar de liberaciones cuando lo que se ha generado son excarcelaciones que, incluso, en cualquier momento pueden ser revocadas y estas personas pueden volver a la cárcel. Todavía no se tiene claro las condiciones de estas excarcelaciones porque los tribunales no han informado al respecto ya que un órgano incompetente e ilegitimo como es la Asamblea Nacional Constituyente es la que está decidiendo el destino de estos ciudadanos”, criticó el abogado penalista.
Adicionalmente, Himiob Santomé advirtió que entre los casos de los 20 nuevos arrestos y que en al menos 18 de estos casos ya conocen las circunstancias en las que han ocurrido. Además, sostuvo que hay cuatro nuevos presos políticos y cinco personas cuyo destino es incierto y que se asumen como desaparecidos ya que no han sido presentados en tribunales. “A un ciudadano brasilero, representante de una ONG, lo detuvieron el 26 de diciembre en el estado Vargas y no fue hasta el 6 de enero que se tuvo noticias que lo tenían detenido y fue deportado a los Estados Unidos”, dijo.
En virtud de esta nueva situación de desapariciones forzadas, Romero informó que ya se están elevando estas denuncias ante el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU para atender esta situación. “El primer caso que estamos llevando es el de Jameson Jímenez. Sin embargo, hay otros casos. Estas denuncias la llevaremos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right Watch, entre otros aliados”, acotó.
Sobre el caso particular de Jameson Jímenez, su esposa, Cindy Portillo denunció que está desaparecido desde el 4 de enero de 2017, pero relató que hay un antecedente que la hace suponer que estaría en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. “A mi esposo lo fueron a buscar funcionarios del Cicpc el 26 de julio de 2017 a nuestra casa y se lo llevaron desde las7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche para interrogarlo por el caso del piloto Óscar Pérez. Ellos son amigos desde la infancia, pero mi esposo no tiene contacto con él desde lo ocurrido con el helicóptero”, expresó.
Portillo informó que ya han acudido al Minci, su lugar de trabajo. “Vi las cámaras de seguridad, se vio cuando entró mi esposo en la mañana y no cuando salió. Eso es insólito. Yo fui a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía a poner la denuncia, al DGCIM, al SEBIN y nadie me da respuesta de mi esposo que es un hombre trabajador y padre de familia. Queremos saber si está bien y dónde lo tienen”, clamó.
Prensa Foro Penal
Caracas, 11 de enero de 2018
