Foro Penal asiste a víctimas de violencia política con un numeroso voluntariado
Caracas.- Están por todas partes del país. Son un grupo de abogados que duerme poco y reparte su tiempo entre su trabajo regular y el servicio gratuito que presta a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), específicamente a ciudadanos detenidos arbitrariamente.
Saltaron a la palestra pública en febrero de 2014. En ese mes, luego de que iniciaron las protestas antigubernamentales -que se extendieron por más de tres meses- y, casi simultáneamente, las masivas capturas de civiles, en su mayoría estudiantes, el trabajo se les triplicó y comenzaron a ser conocidos, nacional e internacionalmente, los 145 juristas acreditados que conforman la Organización No Gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV).
De los casi 3.400 casos de aprehensiones arbitrarias registrados en todo el territorio nacional en 2014, estos profesionales del derecho atendieron 2.496. La cifra fue difundida ampliamente. Hubo causas muy sonadas dentro y fuera de las fronteras del país.
El ruido internacional que ocasionó la respuesta del Gobierno venezolano a la intensa jornada de manifestaciones en su contra y la casi inmediata respuesta del FPV, que tiene casi 13 años operando en el país a favor de víctimas de la violencia política, le dieron a la organización una visibilidad inesperada y le ganaron una postulación al Premio Nobel de la Paz 2015.
Casi al final del pasado mes de febrero, un grupo de personalidades, incluyendo 36 diputados chilenos, académicos y representantes de parlamentos de varios países, enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel postulando al FPV por su labor de brindar asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones a los DDHH.
A la caza de justicia
A Jesús Mohamad Espinoza una bala le arrebató la vida, a los 18 años de edad, durante la marcha que precedió al golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Fue uno de los 19 civiles que falleció ese día.
En Venezuela alrededor de 91% de los crímenes quedan impunes. Su caso, que no fue la excepción, conmovió al país y, especialmente, a los abogados que desde entonces llevan su causa, Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, ambos directivos del FPV.
Fue la muerte de Espinoza la que dio vida la ONG que, hasta la fecha, ha defendido aproximadamente a 4 mil ciudadanos agredidos por el Estado venezolano.
No fueron los juristas los que encontraron a la familia del joven fallecido, sino sus padres quienes tocaron la puerta del bufete privado que dirigen Himiob y Romero. El caso les cambió la vida para siempre a ambos profesionales del derecho.
“Antes de que me involucrara con el asunto de los DDHH, ese tema no era de mi gran interés. En abril de 2002, pocas personas en Venezuela tenían conocimiento acerca de esa materia. Entonces, empezamos a entender que la gente necesitaba asistencia legal gratuita y a luchar para que la justicia fuera lo esencial; y no puede haber justicia sin respeto a los DDHH”, contó Romero.
A la iniciativa, que “se fue estructurando por pura casualidad”, se fueron sumando abogados. La asociación civil Foro Penal Venezolano se constituyó legalmente el 22 de junio de 2005 ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital bajo el N° 1, Tomo 32, Protocolo 1°.
Poco a poco, la red de juristas interesados en DDHH, específicamente en detenciones arbitrarias, se fue extendiendo por todo el país y entonces la ONG decidió establecer coordinaciones en todos los estados.
Cuestión de vocación
El FPV no tiene estructura material. Romero lo explicó así: “El FPV es una red de abogados, la cual dirijo a los efectos de organizarla, pero cada miembro actúa en forma voluntaria. No cuenta con recursos.
Cada abogado independiente emplea sus propios recursos. No hay oficinas. Es decir, cada quien apoya al FPV en su oficina privada, la misma que utiliza para prestar su servicio jurídico o profesional regular”.
Hasta las impresiones y fotocopias de los documentos legales correspondientes a cada caso lo aportan voluntarios. Así lo afirmó María (nombre cambiado a petición de la fuente), quien desde hace más de cinco años trabaja como receptora de denuncias en la asociación civil.
Actualmente, la ONG cuenta con 1 mil 757 defensores activos (especialistas y no especialistas en leyes). Ellos son los que están detrás de los costos operativos del funcionamiento de este ente. Su aporte lo hacen poniendo a la orden sus habilidades y tiempo.
“Esta es, quizás, la organización defensora de los DDHH más grande del país. Su formato es innovador, por eso su labor ha trascendido las fronteras”, explicó Romero.
Financiamiento en entredicho
Hay quienes insisten, especialmente voceros del Gobierno, en que el FPV es un ente político financiado por Estados Unidos.
“El Foro Penal Venezolano es un armatoste que ha amasado fortuna durante años a base de crear y fortalecer la leyenda negra de la dictadura comunista en Venezuela (…) Este pool de abogados recibe o ha recibido dólares y adiestramiento de organizaciones creadas por el gobierno de Estados Unidos para saltarse barreras legales que prohíben a un gobierno financiar conspiraciones contra otro”, se lee en artículo publicado por el portal web oficialista Misión Verdad y replicado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en su página oficial en mayo del año pasado.
También en 2014, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, vinculó al director del FPV, Alfredo Romero, con un presunto intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Dijo además que esta ONG había recibido dinero del país norteamericano para financiar acciones violentas.
Los directivos del FPV han asegurado reiteradamente que no reciben donaciones ni aportes de dinero de nadie. “Lo único que definitivamente sí aceptamos es trabajo voluntario”, dijo Romero.
Para ser voluntario (especialista en leyes o no) de la ONG es preciso llenar un formulario en el sitio web: https://foropenal.com.
En la mira de los rojos
Las amenazas y acciones intimidatorias les han llovido a los miembros de FPV. Especialmente a los directivos.
La madrugada del 26 de abril de 2014 fue privado de libertad el abogado del FPV, Marcelo Crovato, detenido cuando asistía legalmente un allanamiento la madrugada del martes 22 de abril en el Municipio Chacao.
Crovato fue imputado por los delitos de instigación pública, obstaculización de la vía pública, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.
El jurista estuvo detenido 10 meses. El pasado 26 de febrero, recibió la medida de casa por cárcel, con prohibición de declarar a medios de comunicación.
La comunidad internacional no ve con buenos ojos el hostigamiento a los defensores delos DDHH humanos que por estos días ha proliferado en el país.
El pasado 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó al Estado venezolano proteger a Alfredo Romero y Luis Betancourt, miembros del FPV; y a Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del estado Táchira, por considerar que sus vidas e integridades personales corren peligro.
La Cidh mantiene desde 2002 al país entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial.
A principios de abril, durante las reuniones previas a la VII Cumbre de las Américas, 28 organizaciones pro Derechos Humanos pidieron al Gobierno venezolano poner fin al hostigamiento que mantiene contra activistas pertenecientes a diferentes organizaciones que funcionan en el país.
Tras el rastro de los presos políticos
Hasta mediados de abril habían en el país 89 ciudadanos presos por motivos políticos, 43 por protestar contra el gobierno, informó en abril el Foro Penal Venezolano (FPV).
La organización no sólo asiste a víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a personas detenidas arbitrariamente, también les sigue de cerca el paso a los procesos judiciales de los presos políticos.
Con insistencia, a través de sus cuentas en redes sociales, la ONG y sus activistas les recuerdan al país el nombre de los ciudadanos detenidos y les piden no olvidar sus causas.
Con frases como: “No hay peor castigo para un preso político que el olvido” y “no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia”, los directivos del FPV intentan crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de no olvidar a quienes se encuentran tras las rejas por motivos políticos.
Desde Miami (Estados Unidos) el grupo Venezuela Awareness Foundation (VAF) también le sigue el rastro a los presos políticos en el país.
El pasado 21 de abril, la organización radicada en el exterior recordó, a través de un comunicado, a cinco funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas: Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Arube Pérez, Luis Molina y Erasmo Bolívar, quienes el mes pasado cumplieron 12 años en prisión política.
En el documento VAF aseguró que a los ex-funcionarios, privados de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, les han sido negados beneficios procesales, contemplados en las leyes, por los que pudieron haber accedido a la libertad hace seis años de acuerdo a la legislacion venezolana.
El criminalista y ex-jefe de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis; el alcalde de Caracas Antonio Ledezma; y el exalcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, entre otras figuras públicas, engrosan la lista de presos políticos que llevan el FPV y VAF.
No es casual el impulso de estas ONG
La proliferación de organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos (DDHH) en Venezuela en la última década está lejos de ser casual. Al menos eso cree el abogado y profesor de la UCAB y el IESA, Juan Manuel Raffalli.
El especialista explicó que son dos las razones por las cuales esos entes se han multiplicado y visibilizado en los últimos años en el país.
La primera está directamente relacionada con la actuación del Gobierno. “El hecho de que haya un régimen que asume una posición tan autoritaria y de poco respeto a los DDHH hace necesarias esas organizaciones”, afirmó.
La segunda razón trasciende las fronteras. “Las organizaciones internacionales que defienden los DDHH prestan más atención a países con situaciones como la nuestra y son más dadas a apoyar a las ONG que funcionan en esos territorios”, dijo.
“Es una doble circunstancia: por un lado, una necesidad interna; y, por el otro, una comunidad internacional que apoya, amén del crecimiento que globalmente han experimentado organizaciones que defienden los DDHH”, concluyó.
Bajo Amenaza
El pasado 18 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó al Estado venezolano proteger a Alfredo Romero y Luis Betancour, miembros del FPV, por considerar que su vida e integridad personal corren peligro.
Fuente: Diario El Tiempo
