Foro Penal constituye el Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto de los Derechos Humanos y la Democracia
Caracas 18 de enero de 2019.
Venezuela atraviesa un momento histórico en el cual es importante que la sociedad civil no vea defraudadas sus expectativas y pueda participar y controlar la actuación de los factores políticos de cara a la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.
“Entendemos los momentos que vive el país y respetamos las estrategias y acciones políticas que se puedan llevar a cabo, sin embargo, queremos dejar claro que tanto la sociedad civil, como las organizaciones de Derechos Humanos y las organizaciones sociales tenemos la obligación y el derecho de ser garantes y contralores de las acciones de los actores políticos, participando en las decisiones de carácter político sobre todo cuando se trata del respeto a los DDHH y la Democracia”, dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.
En este sentido, anunció la creación del “Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto de los Derechos Humanos y la Democracia”, acción apoyada por la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Sabemos, y eso es algo que no tenemos por qué dejar de decirlo, que los ciudadanos en ocasiones anteriores se han sentido defraudados por algunas actuaciones políticas. Por ello, hemos creado este canal de comunicación directa con la sociedad civil que ya está disponible en nuestra página web para recibir las inquietudes y observaciones de la sociedad civil en general al respecto del desempeño de los factores políticos en resguardo de la democracia y de los DDHH. Semanalmente estaremos realizando reportes a los efectos de comunicar a la comunidad internacional y los actores políticos nacionales lo que pueda estar ocurriendo y que pueda estar desviándose de lo que es el respeto a los Derechos Humanos y la Democracia”, explicó Romero al tiempo que adelantó que para este lunes se espera una primera reunión de activistas para arrancar la jornada del Consejo de la Sociedad Civil.
Alertó Romero que en este momento no se trata de hablar de una unidad a ciegas, sino de coincidencia y para ello, “se requiere establecer mensajes claros de lo que va ocurriendo a los efectos de que la sociedad civil esté absolutamente informada y que se lleve una ruta Democrática y de respeto a los Derechos Humanos. En un segundo punto hablamos de transición pacífica, pero más que eso, es un avance hacía el respeto a los Derechos Humanos que no ha existido durante mucho tiempo en el país y que requiere de la participación obligatoria de la sociedad civil. Aasí ha sido en la historia de las transiciones políticas de nuestro país. Y por último le decimos un no rotundo a una amnistía que pueda promover la impunidad sobre todo lo que respecta a quienes violan gravemente los Derechos Humanos”, señaló.
Sobre la movilización convocada por la Asamblea Nacional para el próximo 23 de enero, Romero recordó que Foro Penal está en operativo permanente en virtud de las diferentes manifestaciones que también están ocurriendo en el país a los efectos de resguardar el derecho a la manifestación pacífica contemplado en la Constitución.
“Nuestro centro de denuncias, los abogados y activistas que tenemos desplegados en todo el país están monitoreando constantemente cada una de estas manifestaciones, pero también estamos alertas en lo que respecta a la movilización que se espera bastante voluminosa de este 23 de enero. La ciudadanía en general cuenta, como siempre lo ha hecho, con la asistencia gratuita de Foro Penal, sobre todo en los casos de quienes vean vulnerados a us derechos. Nuestro numero del centro de denuncias es el 0414.264.42.87 y está activo permanentemente, al igual que todos nuestros abogados en estos días particularmente”, dijo en rueda de prensa de este viernes.
Romero hizo un llamado a las autoridades nacionales, policiales y militares. “Ustedes deben respetar el derecho a la manifestación pacífica tal y como lo establece nuestra Constitución”.
«LA AMINISTÍA NO ES PARA QUIENES COMETIERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD»
Por su parte, el también director de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé se refirió al mecanismo de la ley de amnistía acordado recientemente por la Asamblea Nacional. “Debemos aclarar primero que la amnistía debe sustentarse en criterios técnicos y facticos aceptados tanto por la comunidad internacional como por nuestras normas constitucionales. Ninguna amnistía puede concederse a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o violado los Derechos Humanos, por eso hacemos un llamado al Parlamento a incluir en su proyecto de ley de amnistía que está en discusión una cláusula expresa de exclusión de la misma de quienes hayan violado los DDHH, con base a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna”, solicitó.
Himiob exhortó a la AN a no mezclar dentro de un mismo cuerpo normativo lo que es una amnistía que está dirigida a reconocer situaciones de prisión y persecución política injustas, con otros mecanismos de justicia transicional que tienen que ver con la concesión de incentivos o de beneficios procesales o jurídicos para quienes, habiendo violado los derechos humanos o habiendo cometido crímenes así lo acepten y contribuyan con el restablecimiento de la continuidad democrática y del Estado de Derecho.
“La amnistía concede a sus destinatarios impunidad total, pues reconoce que jamás han debido ser perseguidos o encarcelados. Esto no es aplicable a quienes hayan violado DDHH o hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Estos últimos en todo caso, si aceptan sus culpas, y se pliegan a mecanismos de justicia transicional que les reinserten en la sociedad democrática, sobre la base de su colaboración en el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, pueden ser, dentro de la justicia transicional, receptores de incentivos o beneficios procesales o jurídicos que pueden incluir reducciones de pena, pero nunca su impunidad”, señaló.
Por otra parte, Himiob Santomé solicitó a la AN que sustente los criterios facticos, los hechos, sobre los que se decidirán quienes serán los eventuales destinatarios de una amnistía en informaciones validadas y verificadas no solo por organizaciones de DDHH nacionales sino también por los organismos internacionales. “De la revisión que hemos hecho de la lista de presos políticos a disposición de la Asamblea Nacional hemos encontrado que 117 personas de esas listas ya han sido desde hace tiempo excarcelados y, consecuentemente, ya no pueden ser tenidos como presos políticos sino como perseguidos políticos. Hoy hacemos pública esta lista de excarcelados para que el Parlamento venezolano cuente con la información precisa y adecuada que se necesita para la promulgación de una amnistía que objetiva y verdaderamente tome en cuenta a quienes en efecto siguen siendo presos políticos, a los perseguidos políticos y a los exiliados. De nuevo nos ponemos a la orden de los diputados para colaborar con este objetivo”, insistió.
En el año 2016 Foro Penal entregó a la AN una propuesta de ley de amnistía que fue avalada por al menos 50 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y con participación de más de 100 expertos jurídicos.
Himiob Santomé también se refirió a la iniciativa propuesta de crear una comisión de la verdad. “No están dadas las condiciones y pautas que desde el punto de vista internacional deben cumplirse para que se pueda constituir dicha comisión. De hecho, una de esas condiciones es que el conflicto, los abusos o la situación de represión que la motiva haya finalizado y esto no ha ocurrido, por lo cual, de acuerdo con los criterios del Alto Comisionado de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto no sería posible ni adecuado en este momento”, alertó.
Por último, Himiob Santomé advirtió que la constitución de una comisión de la verdad puede conducir a que se suspendan o se finalicen las actuaciones que desde el año pasado (2018) comenzó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Si el mensaje que se envía es que las graves violaciones a los DDHH y los crímenes de lesa humanidad eventualmente cometidos serán investigadas por una instancia interna, distinta de la Fiscalía ante el TPI, se corre el riesgo de que esta instancia deje de intervenir”.