Foro Penal denuncia nuevas prácticas en detención de estudiantes
Integrantes del Foro Penal en Táchira denunciaron que tres estudiantes de la Universidad Católica del Táchira y dos de la Universidad del Táchira que resultaron detenidos la semana pasada fueron sometidos a aislamiento total por un lapso de 20 horas.
Raquel Sánchez, coordinadora de la ONG, dijo que no se tuvieron conocimiento de la ubicación física de los estudiantes sino hasta el momento de la audiencia de presentación.
“Este factor es bastante delicado porque si se sigue presentando podríamos estar en presencia de desapariciones. Las personas detenidas fueron sacadas de la jurisdicción del municipio San Cristóbal, cosa que no entendemos si la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo aprehensor, queda en San Cristóbal. Los encapucharon por más de seis horas. Recordemos que dentro de los parámetros internacionales la incomunicación es un tipo de tortura y por la Constitución de Venezuela tenemos prohibida la incomunicación y también el aislamiento, ni siquiera en los estados de excepción”, dijo Sánchez.
Comentó que la irregularidad fue denunciada ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y les fue recibida bajo el argumento de que los detenidos serían presentados en audiencia.
El estudiante David Jaimez, uno de los detenidos, fue aprehendido cuando iba a entrenar kárate. Luego de pasearlo junto con otros dos estudiantes de la misma universidad por varias partes de la ciudad, lo llevaron a la sede policial ubicada en la parte alta de San Cristóbal. Allí los arrodillaron y les dijeron: “Maduro te mandó a pedir vivo o muerto”. Tras el anuncio escuchó cuando cargaron una pistola. Los golpearon y en una formación a lo largo de un pasillo hecha por funcionarios los golpearon y abofetearon a su paso. Les indicaron que los llevarían al aeropuerto para luego trasladarlos a Caracas y terminaron en la cocina de una casa a las afueras de San Cristóbal, a donde llegó una defensora pública y les fueron retiradas la capucha y las esposas.
Estando aún en esa casa, los fotografiaron con los supuestos objetos explosivos y contundentes que tenían en su poder al momento de su captura, pese a que en actas consta que cargaban cuadernos, teléfonos, llaves y dinero.
Después los llevaron al forense, donde les dieron instrucciones.
“Nos amenazaron y nos exigieron que dijéramos que no nos habían golpeado”, contó Jaimez. Luego fueron trasladados a tribunales, donde pudieron ver a sus familiares. La defensora pública con la que se entrevistaron no se presentó. Les dieron libertad con medida de presentación regular.
Fuente: El Nacional
