Foro Penal: «El Ejecutivo se consagró como violador de DDHH»
El defensor de derechos humanos dijo que esta situación persiste desde hace varios años, pero desde febrero de 2014 empeoró.
«Se ha recrudecido el uso del sistema judicial como instrumento de persecución política», afirmó el abogado en el marco de una rueda de prensa.
A raíz de los procesos abiertos a más de 3.000 mil venezolanos como consecuencia de las protestas civiles que comenzaron en febrero del año pasado, Romero cree que el sistema se ha vuelto más agresivo, y hoy lo demuestra con una nueva modalidad.
«Se esta utilizando la enfermedad bajo un esquema de castigo», expresó el representante de la organización no gubernamental.
El Foro Penal lleva información sistematizada sobre las situaciones médicas de al menos 10 privados de libertad quienes son impedidos de recibir tratamiento adecuado, con el fin de pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo. En cuanto al conteo de presos políticos, actualmente hay 78 personas privadas de libertad por causas que tienen que ver con su posición política, incluyendo a los cinco detenidos en un cayo de Morrocoy por abuchear a la ministra de Turismo y esposa del presidente de la Asamblea Nacional.
«A ello se suman las 2.059 personas que se encuentran en libertad pero con medidas judiciales restrictivas que tienen el fin de silenciarlos», agregó Romero. De la misma forma, en el ahogo de las libertades democráticas en Venezuela, hoy se suma la persecución férrea contra los defensores de derechos humanos, el cierre absoluto del acceso a la información pública y el silencio de los medios de comunicación, subrayó el abogado.
«Especialmente después de la sentencia contra Leopoldo López, el Poder Ejecutivo se ha consagrado ante el mundo como un violador de derechos humanos», afirmó Romero.
Caras de la parcialidad
En relación con el fondo del tema, como raíz de la politización de la Justicia venezolana el Foro Penal señala de plano a la inestabilidad de los jueces.
«Realizamos un estudio, que aún no hemos publicado, que demuestra que alrededor del 80% de los jueces penales (en Caracas) son provisorios; esta cifra supera el 90% cuando revisamos a los jueces de Control, es decir, los encargados de decidir quién va preso y quien no», señaló Alfredo Romero.
Estados de excepción
«Expresamos nuestro más absoluto rechazo hacia el gobierno por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se están materializando en nuestras fronteras», expresó por su parte, el director del FPV, Gonzalo Himiob.
«Queremos hacer un llamado a evitar el desplazamiento abusivo y arbitrario de población, y por encima de todas las cosas a respetar el debido proceso, que no puede ser suspendido en estados de excepción», manifestó.
La alerta tiene un contexto. De acuerdo con la coordinadora del FPV en el estado Táchira, Raquel Sánchez, estan ocurriendo en esa entidad situaciones particulares donde se relajan las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, en el marco de procedimientos realizados por la llamada OLP o en los municipios bajo estado de excepción.
Un ejemplo de las arbitrariedades observadas, comentó la abogada, tiene que ver con el restricción de operaciones bancarias que esta contenida en el decreto de estado de excepción.
«No existe en la restricción un máximo en la cantidad de dinero permitida para que los ciudadanos circulen, y esto ha conllevado una serie de detenciones de personas a quienes les imputan legitimación de capitales por llevar 5 mil bolívares en el bolsillo. Nos parece insólito», expresó la abogada.
No obstante, con la suspensión de garantías constitucionales lo que le parece más alarmante es «la represión psicológica que esta viviendo el pueblo del Táchira».
