Foro Penal Venezolano: En Venezuela se ha incrementado el uso del sistema judicial como arma de persecución política
“Esto lleva ya mucho tiempo así –informó Gonzalo Himiob, Director de la ONG- desde el año 2002 los tribunales, el Ministerio Público y hasta los cuerpos de seguridad han sido forzados a someterse no a lo que pautan la Constitución y las leyes, sino a los designios políticos del gobierno”.
Recordó el abogado los casos similares de Simonovis, Forero, Vivas y los PM; los de los exgerentes y trabajadores de PDVSA, el de Francisco Usón, el de Otto Gebauer, el de Carlos Ortega, el de Ovidio Poggioli, el de los hermanos Guevara, los de los banqueros presos y perseguidos, el caso de los gerentes de Econoinvest; también el caso de los Baduel, padre e hijo, y el de Alexander Tirado; los casos abiertos contra los twitteros, contra los estudiantes, contra los comunicadores sociales y contra tantos otros en los últimos quince años.
“En todos estos casos, sin pruebas y de espalda a las leyes, se procesó y hasta se condenó a personas cuyo único pecado era el de haber sostenido una postura crítica ante el poder o el de haber resultado coyunturalmente incómodos al gobierno”, destacó Himiob.
Por su parte, Alfredo Romero, Director Ejecutivo de la ONG, se mostró preocupado por el reciente incremento en el uso del sistema de justicia como un arma de persecución política.
“Para diciembre de 2013 –destacó Romero- se mantenían solo 13 personas presas por motivos políticos en el país. Durante todo el año 2014 esa cifra se elevó de manera alarmante, llegándose incluso a un punto en el que simultáneamente estuvieron privadas de su libertad por causas políticas más de 350 personas. Al día de hoy son 78 personas las que se mantienen encarceladas de manera arbitraria, por razones políticas, y además quedan 2057 personas con procesos penales activos y en curso, que afrontan bajo medidas cautelares, sin que haya fundamento legal para ello”.
Siguió Romero: “Es evidente que existe un patrón sistemático de respuesta desde el gobierno contra la oposición y la disidencia política, en el que bajo un velo de presunta legalidad, se procede de manera arbitraria a usar el sistema judicial con una herramienta para neutralizar cualquier forma de oposición política”.
“Esto se ha incrementado desde el 2014 hasta ahora. La injusta condena a Leopoldo López y a los estudiantes es una prueba más de ello”, concluyó Romero.
Fuente: Foro Penal Venezolano
