INFOGRAFÍA│Foro Penal Venezolano contabiliza 2.396 detenciones por causas políticas en 2016

Por: Armando Altuve │El Pitazo – Distrito Capital  Los arrestos de personas, que al ser detenidas lograron su libertad plena o bajo medidas cautelares tras ser presentadas ante una audiencia, se han incrementado en medio de la crispación política y las demandas de un sector de la población que exige revocar al presidente Nicolás Maduro. El Foro Penal Venezolano indica que han sido detenidos arbitrariamente 96 presos políticos.

En medio de un clima de crispación política y crisis económica, el número de personas detenidas y arrestadas por razones políticas se ha incrementado. De acuerdo con registros actualizados, el Foro Penal Venezolano ha contabilizado 2.396 personas detenidas por manifestar en contra del Gobierno, ocurridas entre el 1° de enero y el 10 de septiembre de 2016.

Las últimas aprehensiones registradas sucedieron el pasado 2 de septiembre en la población de Villa Rosa, en el estado Nueva Esparta, donde funcionarios de la Guardia Nacional (GN) arrestaron a cinco personas tras protestar con cacerolas en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encontraba en la localidad para encabezar un acto de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Del total de arrestados –entre ellos tres menores de edad–, dos fueron liberados.

Entre el grupo de personas se encuentra el periodista y director del medio digital Reporte Confidencial, Braulio Jatar, quien fue detenido el 3 de septiembre por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se dirigía a la emisora de radio donde labora. El también abogado, nacido en Chile, le imputaron el delito de legitimación de capitales tras ser presentando ante tribunales y, actualmente, permanece recluido en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico. A Jatar lo detienen luego de que una serie de vídeos del incidente en Villa Rosa fueran publicados en el portal de noticias que dirige.

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Antes de suscitarse los hechos de Villa Rosa, el Foro Penal Venezolano registró 93 detenciones en Caracas. Los arrestos se originaron tras culminar la manifestación opositora denominada la “Toma de Caracas” que realizó el 1° de septiembre la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En cinco zonas del este de la ciudad se generaron enfrentamiento entre supuestos manifestantes y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que reprimieron a las personas con bombas lacrimógenas y perdigones. Ese día, en San Cristóbal, estado Táchira, también hubo represión de las autoridades que dejaron al menos 34 personas heridas en el Obelisco de San Cristóbal.

Los registros preliminares de la ONG indicaron que 163 personas habían sido detenidas por las autoridades en todo el país desde el 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016. De esos aprehendidos, 144 fueron liberados sin presentación, 27 salieron con medidas cautelares, 15 bajo fianza y uno en libertad plena. Solo seis detenido fueron encarcelados.

Las más de 2.000 de personas arrestadas ingresan en la lista de lo que el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, ha catalogado como detenidos políticos que son aquellas personas que han sido detenidas pero aún no ha sido ordenada su privación de libertad. En este grupo se incluyen a las personas que tras su detención no han sido presentadas ante tribunal trascurridas 48 horas y aquellas que han sido presentadas ante un juzgado se le haya otorgado libertad plena o bien bajo medidas cautelares.

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Crisis política y económica en las causas

La cifra de detenidos por razones políticas ha aumentado en los últimos dos años. La organización apunta que desde enero de 2014 hasta el 10 de septiembre de 2016 se han contabilizado 6.489 detenciones de personas. Para el primer semestre del año, la ONG sumó 2.030 casos detenciones políticas durante manifestaciones y protestas ocurridas en los estados Carabobo, Cojedes, Lara, Miranda, Portuguesa, Táchira, Zulia y el Distrito Capital.

La crisis política y económica ha motivado cada vez más a los ciudadanos a alzar su voz en las calles o en cualquier espacio. Los datos más recientes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registraron que durante el primer semestre de 2016 hubo 3.507 protestas–19 diarias en promedio– en todo el país. Parte de las manifestaciones espontaneas, masivas o populares se produjeron por el desabastecimiento de alimentos, uno de los problemas que más aqueja a los venezolanos actualmente. Los registros del Foro Penal Venezolano apuntan, por ejemplo, que en el mes de junio de 2016, se registraron 1.600 detenciones, de ellas, 948 personas fueron apresadas por hacer cola durante la noche para adquirir comida en el estado Lara.

Las protestas y las detenciones se han acentuado en medio de la solicitud del referendo revocatorio presidencial que la MUD espera se realice antes de finalizar el año 2016 y que al menos 11 millones de venezolanos estarían dispuesto a apoyar, según reveló el último estudio de la encuestadora Venebarómetro que se divulgó el pasado mes de julio.

Especialistas indican que el incremento de la represión y las detenciones por manifestar en contra del Gobierno buscan criminalizar el derecho a la protesta. “Lo que observamos es una agudización de la criminalización del derecho de los ciudadanos a expresar su descontento por el Gobierno y las protestas políticas son las que más altos niveles de represión han registrado en los últimos meses”, comenta el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Ponce, quien consideró que a pesar de la criminalización aún el deseo de protestar no ha mermado.

“El Gobierno penalizó el cierre de calles y puso trabas a la solicitud de permisos para manifestar, pero en la medida en que la crisis agudiza la gente ha ido ocupando las calles. El Gobierno ha intentado sembrar miedo e intimidación como se evidenció en Villa Rosa, y esa situación ha demostrado que el Gobierno no quiere que se haga pública la crisis política”, sostuvo Ponce.

El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, coincidió con Ponce y afirmó que la represión ha sido una “política de Estado” que tiene como fin último perseguir a la disidencia. Explicó que actualmente el Gobierno actúa a espalda del derecho al debido proceso tras las aprehensiones y arrestos arbitrarios y señaló que la práctica evidencia la ruptura del Estado de Derecho.

“Por ejemplo, con el caso de los estudiantes detenidos de 2014 que se encuentran presos en el Helicoide, el tribunal ha despachado 57 días de 248 que tiene el año y se han diferido ocho audiencias. Hay una intención de mantenerlos presos sin juicios y sin derecho a la defensa”, sostuvo.

Romero agregó que la mayoría de los jóvenes que son arrestados y liberados bajo medidas cautelares se limitan de seguir ejerciendo su derecho a la protesta. “En términos prácticos están limitados porque las personas temen ser detenidas nuevamente y los tribunales apliquen una especie de reincidencia que no existe y los mantienen presos. Pero si tienen restricciones para manifestar eso también les impide formalmente a protestar”, dijo Romero quien aseguró que esta situación también apunta hacia el objetivo de criminalizar la protesta y acallar a la disidencia.

Presos políticos

Al igual que las detenciones de manifestantes, la cantidad de presos políticos ha aumentado en los últimos dos años. El Foro Penal Venezolano registra 96 detenidos, de los cuales 30 han sido arrestados en manifestaciones, 22 por rebelión militar, tres por uso de redes sociales y uno por rebelión civil. 95 están privados de libertad, como el caso del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien fue condenado a casi a 14 de prisión en la cárcel de Ramo Verde tras los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2014 en una manifestación en Caracas

Entre los meses de junio y septiembre, al menos 10 dirigentes de Voluntad Popular han sido detenidos por funcionarios del Sebin, entre ellos el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry de Aragua. Delson Guarate, y el abogado y dirigente de la tolda naranja, Yon Goicoechea. En esa lista también están incluidos el periodista y el director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, quien fue detenido por presuntamente sobrevolar un dron durante la marcha del 1° de septiembre, lo que había sido prohibido por una resolución.

“El Gobierno intimida al que piensa diferentes y arremete contra Voluntad Popular por ser uno de los partidos que ha hecho llamados a la protesta pacífica. Lamentablemente, el Gobierno tiene una visión del que todo que haga un llamado o salga a protestar es un enemigo interno, por eso hemos visto la represión, la criminalización, el hostigamiento y los señalamientos contra dirigentes políticos y personas que le hacen críticas”, enfatizó Ponce.

Fuente: El Pitazo