Más de 50 presos políticos esperan por su libertad en Carabobo
Más de 50 presos políticos esperan por su libertad en Carabobo
El coordinador de Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, destacó que, sin ley de amnistía, ya se ha excarcelado a presos político
La libertad no ha llegado para todos los presos políticos. En Carabobo, son 55 los que se mantienen repartidos en varios calabozos de la entidad que agrupa la segunda mayor cantidad de detenidos registrados por Foro Penal.
Desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez anunció un número importante de liberaciones en el país, 23 personas han sido excarceladas en Carabobo, de acuerdo con los datos del coordinador en la entidad de Foro Penal, Luis Armando Betancourt.
“Estos números debemos verlos con claridad y saber que todavía nos queda mucho camino que recorrer”.
Betancourt resaltó que durante las últimas semanas la organización ha recibido un alto volumen de nuevas denuncias de presos políticos en Carabobo y el resto del país. “El número ha sido tan importante como aquel 28 de julio cuando hubo esas detenciones masivas”.
Se trata de casos que Foro Penal está evaluando para poder determinar si están en la categoría de presos políticos.
“Hay mucho trabajo que hacer y todos nuestros abogados y el equipo defensores activos, nuestros directores estamos trabajando para hm poder dar darle respuesta a todas estas personas que van a denunciar esos nuevos casos”.
Presos políticos delicados de salud en Carabobo
Betancourt resaltó que, a pesar de que se estén vulnerando los derechos humanos por igual de todos los presos políticos, se deben establecer prioridades para liberar a las personas que están delicados de salud, situación que es fácil de verificar.
Detalló el caso de Nelson Piñera, cuya su hija ha denunciado en diversas oportunidades que se encuentra en grave estado de salud y que ha perdido más de 20 kilos. “Esa es una persona que, sin duda, es un preso político y debe salir en libertad”.
Junior Misael Estrella está detenido desde 2017 y, pese a ser absuelto de toda acusación en su contra, no fue liberado. Por el contrario, el 5 de septiembre de 2024 recibió condena por 22 años y seis meses.
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El presidente de Fetracabobo, Omar Escalante, una persona de tercera edad, también se encuentra privado de libertad con graves problemas de salud.
“Debemos ponderar cada caso y todo el sistema de administración de justicia, tanto los tribunales como la fiscalía, cuentan con nuestra organización a los fines de poder suministrar la información necesaria para poder agilizar la liberación de estas personas que hoy se encuentran privadas de libertad”.
Excarcelación no es libertad
El coordinador de Foro Penal en Carabobo aseguró que no deben justificarse las excarcelaciones porque los presos políticos merecen libertad plena y absoluta sin medidas restrictivas de libertad y, mucho menos, casa por cárcel como ha ocurrido en los días pasados.
“El arresto domiciliario no es ninguna medida cautelar distinta a la privativa de libertad. El arresto domiciliario y la medida privativa de libertad en un recinto penitenciario se equipara de la misma forma”.
No hace falta amnistía para liberación de presos políticos
Betancourt destacó que, sin decreto de ley de amnistía, ya se están produciendo excarcelaciones. “Quiere decir que no es necesario estar haciendo decretos, llevarlo a la sala, y discusiones, llevarlo después al Tribunal Supremo de Justicia. Lo único que hace falta es voluntad para abrir las puertas de donde están estas personas privadas de libertad que hoy ya suman 644 en toda Venezuela”.
Insistió en el respeto de los derechos humanos que deben ser garantizados según lo que dispone la Constitución.
También recordó que, desde hace muchos años, el Foro Penal ha planteado en diversas oportunidades una ley de amnistía que no es “un cheque en blanco. La ley de amnistía tiene ciertas limitaciones, pero estas limitaciones requieren que, efectivamente, se le diga no a la impunidad”.
Puntualizó que la ley de amnistía no es para todos los delitos, sino que constitucionalmente tiene unas excepciones, como, por ejemplo, violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, el tráfico de estupefacientes o corrupción.