Organizaciones del Perú expresan su preocupación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela
El 20 de agosto la República Bolivariana de Venezuela decretó la militarización y el cierre de la frontera por 72 horas a fin de restablecer el orden, después que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con contrabandistas. Dos días después, el 22 de agosto, se dispuso el estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira, frontera con Colombia. De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, desde entonces, 1097 personas han sido deportadas a Colombia. Según la misma organización las personas deportadas “habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias”, violando con esto normas de derecho internacional. La declaración de un estado de sitio jamás puede habilitar las deportaciones masivas o colectivas, prohibidas por el artículo 22 inciso 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Paralelo a esto, en un discurso transmitido el pasado 21 de agosto de 2015, a través del sistema nacional de medios públicos, el Presidente de Venezuela, dedicó parte de su transmisión a atacar, una vez más, a una organización de derechos humanos de alto reconocimiento internacional PROVEA, señalando que: “una organización política de la derecha venezolana, dirigida por un señor que yo conozco, Marino Alvarado, nacido en Colombia, que lo conocí de hace muchos años, fue militante de Bandera Roja, es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, tenemos las pruebas de su financiamiento por parte de la NED (…) aquí están, acusándome de lo mismo que me acusa Uribe, de que soy anticolombiano; no, no soy anticolombiano y jamás lo seré, soy bolivariano, soy chavista y lo primero que tengo que hacer es defender al pueblo de Venezuela a la patria venezolana y lo que he dicho es toda la verdad, toda la verdad…”
Estos ataques contra PROVEA se dieron después que esta organización difundiera un pronunciamiento, el 13 de agosto, en el cual manifiesta que el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) instaurado, hace un mes, por el gobierno venezolano para combatir las mafias de las comunidades “supone graves riesgos para los derechos humanos (…) En nuestra opinión el OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”. La situación de presión ha llegado a tal punto que los integrantes de esta organización han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese el amedrentamiento estatal.
Finalmente, el 10 de septiembre, se hizo pública la sentencia de 13 años y nueve meses de prisión contra el político Leopoldo López Mendoza; la condena es la máxima para los delitos de los que estaba acusado López, con relación a los hechos violentos al final de una marcha antigubernamental convocada entre otros líderes opositores por él, el 12 de febrero de 2014, y que dejaron tres muertos. Si bien todo país tiene derecho a luchar contra el delito, el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta.
De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la detención de Leopoldo López –ocurrida el 18 de febrero de 2014- fue arbitraria y, en su Resolución del 23 de septiembre de 2014 (N° 26/2014), recomendaba al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que “disponga la inmediata libertad del Sr. Leopoldo López, y que se le otorgue una reparación integral”. La razón, “[a] juicio del Grupo de Trabajo, la participación en una marcha por motivos políticos o el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión durante la misma, tal como la que tuvo lugar el 12 de febrero de 2014, no constituye un ilícito que justifique la privación de la libertad de un orador o participante. No hay elementos que permitan concluir una relación de causa a efecto entre la convocatoria a una manifestación política, el discurso pronunciado durante la misma y los resultados de muertos, heridos y daños materiales que se produjeron al margen de dicha concentración que, por otra parte, ya había concluido”.
Es cierto que en Perú la situación de derechos humanos preocupa, el último informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demuestra, en cifras, que el nivel de criminalización de la protesta y de posiciones disidentes ha aumentado en nuestro país. Por los mismos motivos, creemos que lo que ocurre en Venezuela merece un llamado de atención de la región y de los movimientos de derechos humanos. Por ello, las organizaciones de derechos humanos peruanas nos solidarizamos con el pueblo venezolano y exigimos a la República Bolivariana de Venezuela que cese el hostigamiento a todas las personas defensoras de derechos humanos, como lo obliga la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales.
Las organizaciones de derechos humanos tenemos la convicción que el uso del sistema penal para castigar y perseguir a opositores políticos implica una grave afectación a nuestras democracias. Hemos reclamado constantemente lo que ocurre con varios opositores de las políticas extractivas en nuestro país, tanto en Cajamarca, Cusco (Espinar), Puno y con los líderes indígenas en Amazonas, Loreto y otras regiones. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela la criminalización a las y los opositores es una constante y mostramos nuestro rechazo y exhortamos a que el Estado venezolano cese con la persecución.
Nos alarma que, a partir del estado de excepción impuesto en la zona fronteriza, cientos de personas colombianas estén siendo deportadas de Venezuela sin respeto de sus derechos, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad, a la integridad personal, entre otros. La deportación es la más extrema de las medidas que un Estado puede tomar debido al enorme impacto en la vida personal y familiar. Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han señalado que los Estados tienen la obligación de fundamentar y decidir individualmente cada una de las deportaciones que se lleven a cabo. Esperamos que el diálogo diplomático entre los gobiernos de Venezuela y Colombia pueda encarar y superar esta situación de tensión y violaciones de derechos humanos en la frontera. A su vez, exhortamos a que el Perú, en las próximas reuniones a llevarse a cabo en relación a este tema, tanto a nivel de la OEA como de la Unasur, tome como alta prioridad la solución de este conflicto en su agenda internacional y tenga un rol protagónico en la resolución del mismo.
Asociación Nacional de Centros – ANC
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA, Cusco
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Centro Amazónico de Antropológica y Aplicación Práctica – CAAAP
Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos – CEPRODEH, Arequipa
Comité de Derechos Humanos de Pachitea – CODEH Pachitea, Huánuco
Comisión de Justicia Social de Chimbote – CJS
Comisión de Justicia y Paz DDHH del Vicariato Apostólico de Iquitos
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ Chiclayo
CooperAcción
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH
Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco – DHSF
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, Cajamarca
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal, IDL
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – Perú – IDECA-PERÚ
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, IPEDEHP
Movimiento Homosexual de Lima, MHOL
Servicios Educativos para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS, Trujillo
Fuente: Provea