Organizaciones saludan establecimiento de una Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en el país
Organizaciones saludan establecimiento de una Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en el país
Las suscritas organizaciones de la Sociedad Civil saludamos el establecimiento de una Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en el país, como un paso hacia la plena implementación de los estándares del Estatuto de Roma en favor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El Fiscal Karim Khan ha dejado claro que su objetivo es mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma, y que continuará haciendo valer su jurisdicción ante los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I, “hasta que tengamos la opinión de que Venezuela puede implementar efectivamente sus obligaciones”.
Igualmente ha dejado claro que, al tiempo que avanza el dossier Venezuela I ante los jueces y se implementen las funciones de cooperación y asistencia técnica de su oficina en Venezuela, su Oficina “profundizará sus alianzas con todas las partes interesadas y, en particular, continuará fortaleciendo su compromiso crucial con la sociedad civil”. Ello indica el valor primordial dado a la sociedad civil para alcanzar los objetivos de la justicia internacional, como afirmara días atrás durante su visita a Colombia.
Deseamos subrayar los siguientes puntos sobre la apertura de la Oficina y su implementación en Venezuela:
Transparencia y participación ciudadana
Lamentamos la falta de información a la opinión pública sobre la visita, su desarrollo y que, hasta los momentos, no se haya hecho público el nuevo Memorando de Entendimiento (MdE). En un país en donde reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública, esperamos que esa no sea la dinámica impuesta en el desarrollo del mandato de la Oficina. Es necesario que se divulgue el MdE y en consecuencia, conocer cuáles son las áreas prioritarias que según el Fiscal se establecieron, y en las que la Oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades, más aún cuando en el MdE se incluye la “asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia”. Mal podría la Oficina brindar esta asistencia para que sea implementada en procesos legislativos, como los que adelanta la actual Asamblea Nacional, sin publicidad alguna y simulando la participación ciudadana. Insistimos en que las políticas deben ser elaboradas y adoptadas con transparencia, de cara a la nación.