Posición del Foro Penal, Presos Políticos y sus Familiares, sobre el informe del 2 de julio de 2020, emitido por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet
Caracas, 3 de julio de 2020
COMUNICADO
El Foro Penal, los presos políticos y familiares que abajo subscriben, en cuanto al informe sobre Venezuela del 2 de julio de 2020, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet considera lo siguiente:
A los efectos de realizar un análisis técnicamente objetivo de este informe del 2 de julio de 2020, destacamos que es necesario contrastarlo con el informe previo realizado por la ACNUDH, el 4 de julio de 2019, ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A tal efecto, es de notar, que las 23 recomendaciones realizadas por la ACNUDH en el informe 2019, todas ellas han sido incumplidas por el Estado venezolano.
El reciente Informe de la ACNUDH del 2 de julio de 2020, a pesar de establecer, de manera general, que se mantienen las graves violaciones a los Derechos Humanos, definidas en el informe del 4 de julio de 2019, en nuestro criterio debió haber realizado una evaluación técnica y objetiva más acuciosa sobre los incumplimientos del Estado venezolano de las 23 recomendaciones realizadas en el informe del año pasado. A continuación, nos referimos solo a algunas de las recomendaciones no cumplidas y que el informe de 2020, en su extensión a ser publicada el próximo 15 de julio, a manera de brindar un panorama completo, debiera mencionar de manera específica:
1. En cuanto a los “actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos” que, específicamente, el informe de julio 2019, requirió al Estado venezolano que cesaran, el reciente informe de la ACNUDH, a pesar de que reconoce la continuidad de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, solo se refiere a una muestra de 110 casos, sin indicar la magnitud real del problema y no se refiere a las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las representantes de la ACNUDH que se encuentran en Venezuela.
2. El informe de 2019 destacaba algunos casos de desapariciones forzadas y recomendaba se ratificará la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, el informe de 2020 denuncia que hay un patrón de desapariciones forzadas, en la mayoría de las personas detenidas por el DGCIM. Sin embargo, no resalta el retroceso que representa este patrón, ni menciona las personas que aún se encuentran desaparecidas, a pesar de varias acciones urgentes emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.
3. El informe de 2020, no se refiere a la utilización injustificada de la pandemia COVID -19, y del estado de alarma, para restringir absolutamente el acceso a la justicia y a los detenidos a los abogados defensores y ONG, y también a los representantes de la ACNUDH en Venezuela. Esto es una grave situación que viola el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad de las víctimas, sobre todo de los detenidos arbitrariamente. Tampoco indica los traslados ilegales de una cárcel a otra de varios presos políticos de los que, hasta el presente, no hay información oficial.
4. Una solicitud concreta de la ACNUDH al Estado venezolano, incluso como una condición previa a su visita a Venezuela en junio de 2019, fue el acceso a sitios de reclusión con denuncias muy graves sobre la condición de los presos, tales como la sede del DGCIM en Boleíta Norte (Caracas), las sedes del SEBIN (“El Helicoide» y “La Tumba”, Caracas) y de la PNB (Zona 7 – Boleíta Sur, también en Caracas). Sin embargo, esto no se ha cumplido, y en el informe de 2020, en su actualización del 15 de julio, debiera destacarse la importancia de acudir a estos centros de reclusión irregulares.
5. El informe de 2019 requiere al Estado venezolano “cesar, subsanar y prevenir … la tortura…”, situación que no solo continua, sino que se ha intensificado. El informe de 2020, por su parte, indica que el Ministerio Público “llevó a cabo 361 investigaciones de tortura y 9951 de malos tratos”. Sin embargo, no indica si dichas investigaciones se refieren a casos denunciados concretamente ante la ACNUDH, incluso directamente por víctimas en su visita a Venezuela el año pasado. Ciertamente, el informe reciente recomienda se “investigue y sancione con eficacia a los responsables de los casos de torturas y malos tratos” y en su contenido señala la continuidad de esta situación, pero no indica el claro incumplimiento por parte del Estado venezolano del llamado realizado en el informe del 2019.
6. El reciente informe ratifica la recomendación de “proceder a la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria”. Sin embargo, hasta ahora, dicho informe no se refiere a la evidente existencia de presos y detenidos políticos y al mantenimiento de la táctica de la “puerta giratoria” en los presos políticos (mientras se liberan algunos se siguen encarcelando a otros). Tampoco el informe de 2020 se refiere al hecho de que, en vez del Estado venezolano acatar las recomendaciones del informe del año pasado, en cuanto al uso de la detención arbitraria con fines políticos, el número de presos y detenidos políticos ha aumentado, siendo que solo desde el informe del año pasado ha habido más de 337 detenciones arbitrarias con fines políticos y el número de presos políticos ha superado el promedio semanal de 400 personas, pasando el país con más presos políticos del Continente Americano. Por otra parte, hay casos de presos políticos, como el de la abogada Antonia Turbay, cuya liberación debiera ser obvia y prioritaria por existir una boleta de excarcelación desde julio del 2019, y hoy dicha ciudadana permanece privada ilegítimamente de libertad en la sede del SEBIN de “El Helicoide». Es de notar, que esto constituye, además, un incumplimiento continuado del compromiso adquirido por el Estado venezolano con la ACNUDH en este sentido, cuya exigencia condujo, a su vez, a un compromiso moral, adquirido por la propia Michelle Bachelet con los familiares y víctimas en su visita a Venezuela en junio de 2019, en reunión presencial con los familiares y la ONG Foro Penal.
7. A pesar de que el informe se refiere a los continuos asesinatos extrajudiciales, incluyendo al menos 432 muertes con presunta responsabilidad de la FAES, no indica ni menciona hasta ahora el total incumplimiento de la recomendación del informe anterior donde se hace un específico llamado al Estado venezolano para que “disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales”.
8. El informe de 2019 recomendó “el cese de toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas”. Sin embargo, el informe del 2 de julio de 2020, no ha dicho nada hasta ahora en cuanto al incumplimiento de esta recomendación. Particularmente, no se hace referencia a la falta de investigación en cuanto a los 4 indígenas pemones asesinados el 22 y 23 de febrero de 2019, no señala que cientos de indígenas pemones se mantienen fuera del país, particularmente en el Estado de Roraima de Brasil en virtud de la persecución política del Estado venezolano. Tampoco el informe señala nada, hasta ahora, sobre los 13 indígenas pemones que se mantienen como presos políticos desde diciembre de 2019, algunos de ellos desaparecidos forzosamente al inicio de su detención y que fueron trasladados a la cárcel Rodeo 2, de manera ilegal, sin notificación o aviso, y que hoy día se encuentran con situaciones de salud delicadas.
9. El informe de 2019 recomienda que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”. Por su parte, el reciente informe indica la documentación de solo 17 detenciones de manifestantes incluyendo menores de edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón de 16 años de edad, quien, el 1º de julio de 2020, cumplió un año de haber perdido ambos ojos por un disparo de perdigones directo a su cara.
10. El informe de 2019, hace un llamado a cesar la persecución de los periodistas y a que “revoque las clausuras y ponga fin a otras medidas de censuras a los medios de comunicación”, lo cual no solo no ha cesado sino que se ha incrementado tal como es el caso de Radio Caracas Radio que fue sacada del aire el 30 de abril de 2019, por referirnos a uno de tantos casos, tal como el propio informe reciente destaca de manera general. Sin embargo, por ahora, en el informe de 2020 no indica el incumplimiento a este llamado.
11. El informe de 2019 hace un llamado al Estado venezolano para que “desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados ‘colectivos armados’) y garantice la investigación de sus delitos”. El informe de 2020, hasta ahora, no toma en cuenta que dicha situación se mantiene, y que el Estado ni siquiera reconoce la existencia de estos grupos armados.
12. El informe de 2019 requiere al Estado venezolano que “garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as”. Sin embargo, por ahora, el informe de 2020, no indica si aún se mantienen las dificultades para obtener documentos de identidad como el pasaporte, particularmente para los millones de inmigrantes venezolanos que se encuentran restringidos en su derecho a circulación por no poseer pasaporte vigente.
En nombre del Foro Penal, los presos políticos y sus familiares que abajo suscriben, así como las diversas víctimas de la represión política que representamos, confiamos en que la ACNUDH responda concretamente lo aquí planteado en la extensión del referido informe del 2 de julio de 2020, a ser presentada el 15 de julio de este mismo año.