REPORTE ESPECIAL SOBRE PRESOS POLÍTICOS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA EN VENEZUELA

REPORTE ESPECIAL SOBRE PRESOS POLÍTICOS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA EN VENEZUELA

RESUMEN EJECUTIVO

Este reporte documenta la detención con fines políticos de ciudadanos extranjeros y ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad, que han sido privados de libertad y sometidos a procesos judiciales irregulares en un contexto de criminalización de la disidencia política, particularmente, en el contexto represivo que se ha venido desarrollando desde las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024.

El Foro Penal ha identificado un patrón de represión selectiva dirigido a ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad. Por ejemplo, hasta el 27 de julio de 2024, período previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, se contabilizaban 17 venezolanos con doble nacionalidad, privados de libertad por motivos políticos. Sin embargo, durante el período poselectoral, es decir a partir del 28 de julio de 2024, esta cifra aumentó significativamente, llegando a la cifra de 36 a la fecha de cierre de este reporte, 28 de febrero de 2025. Esto evidencia un uso instrumental del encarcelamiento como mecanismo de coerción política y negociación internacional.

Las detenciones en referencia han sido sustentadas en imputaciones infundadas, relacionadas con presuntas conspiraciones contra el gobierno, sin que se hayan presentado pruebas válidas y contundentes contra los detenidos. En la mayoría de los casos, se han imputado delitos como terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, rebelión y traición a la patria, contraviniendo los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

En cuanto a los presos políticos con nacionalidad extranjera, llama la atención que para el 28 de julio de 2024 no se tenían registradas detenciones con fines políticos de ciudadanos extranjeros en Venezuela. Sin embargo, a partir de esa fecha, el Foro Penal ha documentado 29 nuevos casos de detención arbitraria de extranjeros por motivos políticos, lo que evidencia un cambio en la estrategia represiva del Estado, vinculada directamente con el contexto electoral y poselectoral.

En la mayoría de los casos, estas personas son etiquetadas como “mercenarios” o “terroristas” sin que existan pruebas sólidas que respalden tales imputaciones.

Como casos relevantes podemos señalar los de:

• Wilbert Joseph Castañeda Gómez, mexicano-estadounidense. Miembro activo de la Marina de los Estados Unidos (US Navy Seal), a quien se le atribuyen presuntas acciones de terrorismo. Estaría siendo procesado junto con su pareja venezolana y sus suegros.
• Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, españoles. Desaparecidos en la zona fronteriza cerca de Puerto Ayacucho y quienes son señalados como presuntos mercenarios.
• Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, peruano. Detenido en la zona fronteriza del estado Táchira, víctima de desaparición forzada, a quien se ha vinculado con una presunta red de “mercenarios”, cuyo objetivo era desestabilizar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Siendo detenido junto con su pareja, una amiga y el taxista que los trasportaba hacia Venezuela.
• Jan Darmovzal, checo. Detenido en el estado Amazonas, señalado de estar presuntamente vinculado a un supuesto plan terrorista que tenía como objetivo atacar el Palacio de Miraflores, el día 29 de julio de 2024.
• Yevhenii Trush, ucraniano. Joven dentro del espectro autista (Asperger). Detenido arbitrariamente en la frontera venezolana el 20 de octubre de 2024, cuando se disponía a ingresar a Venezuela para reunirse en el estado Carabobo con su novia venezolana. A la fecha de elaboración de este informe, permanece en desaparición forzada.

De acuerdo con nuestro análisis, se han vulnerado garantías procesales fundamentales, incluyendo la asistencia consular, el acceso a una defensa privada, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad al responder a una política de persecución sistemática con fines políticos.

El 31 de enero de 2025, Richard Grenell, representante especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro y otros funcionarios, con la intención de negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en el país y abordar acuerdos relacionados con la repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos.

Como resultado inmediato de las negociaciones, el gobierno otorgó la libertad a seis ciudadanos estadounidenses, quienes enfrentaban diversas acusaciones en Venezuela. Las personas liberadas, que fueron inmediatamente deportadas a los Estados Unidos fueron: David Estrella, David Guttemberg Guillaume, Aaron Barrett Logan, Eric Auther, Gregory DavidWerber y Samuel Batista.

Estas acciones afianzan el patrón utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro sobre la utilización de ciudadanos extranjeros como fichas de negociación en el ámbito diplomático.

Además, explica por qué estas liberaciones repentinas se realizaron sin las correspondientes órdenes de liberación, requisito fundamental para garantizar que la excarcelación de una persona privada de libertad se realice dentro del marco legal establecido. Igualmente, las órdenes deben ser emitidas por el tribunal competente y notificadas a las autoridades penitenciarias para su debida ejecución, pero esto no ocurrió en estos casos.

Una vez más, estaríamos ante una práctica arbitraria que menoscaba la independencia del Poder Judicial.

Reporte de Represión completo aquí: