REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. ENERO 2021
RESUMEN EJECUTIVO
Al 31 de enero de 2021 la cifra de presos políticos en Venezuela es de 353 personas.
En relación con los detenidos políticos, enero cerró con seis personas detenidas. Siendo en los estados Zulia y Lara los lugares donde los cuerpos de seguridad practicaron estas detenciones.
El 3 de enero de 2021 falleció estando en custodia en el Internado Judicial El Rodeo II, el preso político perteneciente a la etnia indígena Pemón, Salvador Franco, quien padecía desde hace varios meses trastornos de salud graves que fueron denunciados por el Foro Penal en varias oportunidades y al que no se le prestó la asistencia médica oportuna. Se trata de la muerte de una persona bajo custodia, esto constituye una violación al artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual estipula que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Sobre la muerte del indígena Salvador Franco, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exigió a las autoridades venezolanas realizar una investigación formal e independiente. Salvador Franco fue una de las personas señaladas por el gobierno de Nicolás Maduro de haber supuestamente participado en la denominada “Operación Aurora” en la que se habría realizado el asalto y sustracción de armamento militar de las instalaciones del Batallón 513° de Infantería de Selva del Ejército Venezolano “Mariano Montilla”, ubicado en la población de Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar y el asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado, conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.
Resalta además este mes, el caso de la organización no gubernamental de carácter humanitario “Azul Positivo”. Tras un allanamiento practicado en la sede de dicha organización por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 12 de enero de 2021, donde les fueron incautados algunos equipos y detenidos arbitrariamente cinco de sus miembros, quienes fueron procesados judicialmente, dejándolos privados de libertad, el 14 de enero. Este nuevo ataque a una organización humanitaria evidencia el patrón de persecución y criminalización impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de las organizaciones humanitarias y miembros de la sociedad civil. Sobre este particular el 29 de enero la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación, solicitando la liberación inmediata de estas personas y la restitución del material incautado.
