REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. JUNIO 2024
REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. JUNIO 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El 28 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un nuevo informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela. En este informe, que abarca el período entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, destaca, entre otros puntos, lo siguiente: “El ACNUDH pide que se respete el derecho a un juicio justo y del debido proceso, y que la legislación penal y su aplicación se ajusten plenamente al derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los principios de legalidad y seguridad jurídica.” También, “El ACNUDH reitera su llamado a proteger el derecho a participar en los asuntos públicos, que también requiere el respeto y la protección de la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la privacidad de todos los miembros de la sociedad.”
En ese mismo informe, el Alto Comisionado también manifestó su preocupación sobre el caso del preso político Javier Tarazona, activista de la organización no gubernamental FUNDAREDES. Sobre este particular el informe expresa: “El defensor de derechos humanos Javier Tarazona lleva detenido desde 2021 acusado de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo. El ACNUDH sigue recibiendo información preocupante sobre el deterioro de su salud. Después de tres reaperturas de juicio y aproximadamente 48 audiencias realizadas y aplazadas, desde la primera apertura de juicio el 16 de agosto de 2022 hasta el final del período que abarca el informe, su caso seguía pendiente de resolución. El ACNUDH reitera su llamamiento para que sea puesto en libertad sin condiciones.”
El Foro Penal verificó que, al 30 de junio de 2024, existen 287 presos políticos.
Durante el mes de junio se registraron nueve detenciones de “detenidos políticos”. Cinco de estos fueron liberados sin presentación en tribunales y cuatro fueron procesados y privados de libertad. Estas detenciones arbitrarias fueron practicadas por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en los estados Vargas (cuatro personas detenidas), Táchira (cuatro personas detenidas) y Nueva Esparta (una persona detenida).
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