REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA AGOSTO 2025
REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA AGOSTO 2025
RESUMEN EJECUTIVO
En agosto se documentaron 4 nuevos detenidos políticos, 2 en Caracas y los otros 2 en los estados Bolívar y Barinas. Las personas detenidas corresponden a 2 hombres y 2 mujeres, todas mayores de edad. En relación con estos casos, se recibieron denuncias que señalan la práctica de desaparición forzada, así como detenciones efectuadas sin la correspondiente orden judicial.
Al cierre del mes, la cifra total de presos políticos ascendió a 816 personas. De este total, en 42 casos no se conoce el destino o paradero de estas personas. La población registrada incluye 96 mujeres, 170 militares y 4 adolescentes, entre 14 y 17 años de edad.
En cuanto a la situación procesal de los presos políticos, tenemos que 661 personas permanecen privadas de libertad sin haber recibido condena, mientras que 155 cuentan con sentencia firme.
Resaltan algunas excarcelaciones de presos políticos, específicamente, entre el 23 y el 24 de agosto de 2025 fueron excarceladas 13 personas. No obstante, estas medidas no alteraron la tendencia general caracterizada por detenciones arbitrarias, incomunicación y la imputación de delitos como conspiración o terrorismo.
El informe también reseña casos de larga data, como los de Carla Da Silva, Karen Hernández y Leonardo Chirinos, en los que se registraron traslados arbitrarios, desapariciones y procesos judiciales aún pendientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó varias medidas cautelares en favor de presos políticos en Venezuela. El 5 de agosto concedió protección a Ulises Ramón Martínez Silva, al determinar que enfrenta una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo irreparable sus derechos a la vida y a la integridad personal . Posteriormente, el 15 de agosto, la CIDH extendió medidas a favor de Pedro Miguel Guanipa Villalobos y Rafael Arturo Ramírez Colina, ambos miembros del partido Primero Justicia, quienes permanecen detenidos en condiciones de incomunicación y aislamiento. En este caso, la Comisión advirtió que su derecho a la vida, la integridad personal y la salud se encontraban en peligro . Finalmente, el 16 de agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares a Aldo Roso Vargas, activista y dirigente político detenido desde julio de 2024, señalando que su salud y vida corrían un riesgo grave.