SIP publica informe donde denuncia los atentados a la prensa en Venezuela

On 13 octubre, 2015

At 7:32 am

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La Sociedad Interamericana de Prensa publicó un informe donde denuncia atentados a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, así como también la “tiranía ejercida y compartida por el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello”. “Han cedido todos los elementos esenciales de la democracia. El periodismo independiente y la fuerza modeladora de la opinión pública se encuentran fracturadas, imponiéndose un totalitarismo comunicacional de Estado”.

A continuación el informe de la SIP.

Los atentados a la libertad de expresión y de prensa son parte del deteriorado contexto social e institucional de lo que ocurre en el país. Han cedido todos los elementos esenciales de la democracia. El periodismo independiente y la fuerza modeladora de la opinión pública se encuentran fracturadas, imponiéndose un totalitarismo comunicacional de Estado. Se trata de una tiranía ejercida y compartida por el presidente Nicolás Maduro Moros y el titular de la Asamblea Nacional, capitán Diosdado Cabello. Cabello, según la ONG Espacio Público, autor del 40% de las violaciones detectadas contra periodistas, ordenó la persecución judicial y la prohibición de salida del país de 22 directivos del diario El Nacional, el semanario Tal Cual, y el portal web La Patilla. Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell, sus editores, se suman a la legión de los exilados políticos. Dichos medios reprodujeron la información publicada por el periódico español ABC en la cual un ex edecán de Hugo Chávez, el capitán de Corbeta Leamsy Salazar, luego hombre de seguridad de Cabello, señaló que éste dirigiría el llamado Cartel de los Soles y participa del tráfico internacional de drogas. La jueza María Eugenia Núñez es la encargada, a pedido de Cabello, de dictar la orden de restricción que impide salir de Venezuela a los dueños y directivos de esos medios. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, responsabilizó a los medios de Colombia de exagerar la crisis de derechos humanos que se viene registrando desde agosto en la frontera bilateral. El presidente Nicolás Maduro, decretó a finales de agosto un estado de excepción tras un ataque de desconocidos en la zona fronteriza que dejó a tres militares venezolanos y a un civil herido. Maduro atribuyó la acción a paramilitares colombianos y a la criminalidad que afecta la frontera, justificando así la deportación de más de mil colombianos. El régimen y su Tribunal Supremo, violando la Constitución y el Derecho Internacional, dispusieron no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recién declaró a Venezuela como responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenándole restablecer la señal y bienes que se le confiscaron a Radio Caracas Televisión. Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos se manifestó “consternada”, preocupada por “la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo” en Venezuela. El Relator contra la Tortura confirmó que han sido víctimas de tratos crueles y degradantes distintos presos políticos por opinar. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias constató que el líder opositor Leopoldo López ha sido arbitrariamente encarcelado y condenado a 13 años de prisión sin pruebas ni derecho a la defensa. A los diarios El Carabobeño, El Correo del Caroní, El Impulso, El Nacional, El Regional del Zulia, se le niega o raciona por el gobierno el papel o las divisas para la compra de insumos que requiere, como medio indirecto para imponerles la censura; entre tanto se le da papel a periódicos que imprime y distribuye gratuitamente, en 5 estados el monopolio estatal de papel Editorial Maneiro. El Carabobeño, en lo particular, es vÃctima de una prohibición tácita del gobernador de dicho Estado de atender sus demandas de papel. Las cadenas oficiales y su uso indiscriminado para fines proselitistas y de propaganda, en radio y televisión, siguen atentando contra la libertad de expresión en Venezuela. Por todos estos hechos, 35 ex presidentes iberoamericanos, bajo los auspicios de IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) han endosado la Declaración de Bogotá que pide que se “otorgue su decidido apoyo y escrutinio a fin de que cuenten los venezolanos con un cuadro de garantías y justa competitividad como de transparencia que les permita realizar su compromiso de acudir a las urnas electorales”. Pidieron además que se impida que la suspensión de garantías y la militarización obstaculice el normal desarrollo de unas elecciones democráticas; y que la ONU, la OEA y la Unión Europea luchen por alcanzar una observación calificada sobre el andamiaje tecnológico-electoral impuesto por la dictadura. Más de 20 leyes sobre comunicaciones cibernéticas, satelitales o por cable, acceso a la información pública, prohibición de censura, o persecución penal de los delitos de opinión acosan a los medios y periodistas del país. Se ha impuesto un régimen de la mentira y simulación de la legalidad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el acceso a la información pública, constató que existe un marco legal restrictivo que afecta a seis sectores de la vida pública nacional: La Ley del Banco Central de Venezuela, establece que su director tiene la facultad discrecional para determinar la confidencialidad de cualquier información que considere una amenaza a la seguridad y estabilidad monetaria. La Ley de Contrataciones Públicas establece que los contratos de adquisición, obras y servicios no son de libre acceso, de ahí que se limita el acceso a los expedientes de contrataciones únicamente a los oferentes. El Decreto Presidencial de Creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dependiente del presidente Maduro, señala que su director puede declarar como reservada, clasificada o de divulgación limitada “cualquier información, hecho o circunstancia que sea tramitada por dicho ente y tenga interés estratégico para la Seguridad de la Nación. El Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, establece que “el registro de actividades de la Asamblea Nacional será confidencial”; tanto como también prohíbe la entrada de los periodistas al salón de sesiones, a excepción de los que trabajan para el canal del parlamento. El Instituto Prensa y Sociedad certificó este año 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización del trabajo de la prensa y limitaciones del acceso a la información. De las 287 violaciones ocurridas, 237 afectaron a medios privados, 14 a medios extranjeros, 11 a medios estatales, especialmente en Caracas, el estado Táchira que es frontera con Colombia y los estados Aragua, Monagas y Carabobo. Otros hechos relevantes En marzo además de la demanda de Cabello contra los editores; Maduro acusó a los medios de no informar sobre su gestión y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió la regulación de la información en las redes sociales. El Tribunal Supremo de Justicia multó al diario La Mañana de Coro por publicar imágenes sobre contenidos violentos. En abril el gobierno acusó al Diario Las Américas de Miami, de hacer campaña contra Cabello; mientras el Correo del Caroní se transformó en semanario después de circular como diario durante 37 años, por falta de papel. La SIP denunció el uso de la estatal Editorial Alfredo Maneiro y la prohibición de divisas para importar papel, como medio para castigar a la prensa independiente. Maduro acusó a CNN de ser la mayor cadena de mentiras contra el país. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvo al periodista Gerald Evans por tomar fotos en Plaza Venezuela a gente que aborda el transporte alternativo por la paralización del Metro de Caracas. Cerró Noti-Diario de Delta Amacuro, después de 28 años de existencia, también por falta de papel. La Fuerza Armada decomisó material grabado a la periodista Medelyn Palmar por cubrir la situación de emergencia natural vivida por los pobladores de El Diluvio, en Zulia. Por opinar en Facebook sobre divisas, despiden a la periodista Eliana Andrade del programa Polos Encontrados, de la TVS de Aragua; medida que ejecuta su productor independiente Erick Ramírez, a la sazón alcalde del municipio Lamas. El presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Estado Lara, Luis Vásquez Corro, es recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de haber declarado al diario El Impulso sobre la situación crítica de la represa hidroeléctrica El Guri; y se le imputó el delito establecido en el artículo 296 del Código Penal, que contempla la figura de difusión de informaciones falsas, penalizado con cárcel entre dos y cinco años. En mayo Tal Cual, uno de los diarios demandado por Cabello, pasó a ser semanario por falta de papel. Maduro acusó a las agencias de noticias AP, Reuters, AFP y EFE de ser maquinarias de guerra. El Impulso se redujo a un cuerpo por falta de papel. El Siglo, de Maracay, denunció no tener papel y estar en riesgo de afectar 321 puestos de trabajo. El Ministerio Público citó al editor Teodoro Petkoff para que informara sobre el periodista Omar Pineda, sin explicar los motivos le prohibió salir del país. Luis Córdoba, periodista de El Tiempo de Anzoátegui, recibió una golpiza y denunció ante la Fiscalía como autores del hecho a la Policía de Anaco y la Policía Nacional Bolivariana. El periodista Horacio Giusti, del Foro Penal Venezolano, ONG protectora de derechos humanos, fue golpeado por desconocidos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia amenazó al periodista Odell López del diario 2001, por darle cobertura a los expresidentes Pastrana y Quiroga, quienes visitaron en Caracas a López y Ledezma. El Banco Central de Venezuela ocultó las cifras de la economía nacional y frustró su conocimiento por la opinión pública. CONATEL se negó a suministrar información sobre las páginas web opositoras que sistemáticamente bloquea. Cabello denunció como “olla podrida” de Telemundo la telenovela “El señor de los cielos”, que recrea el supuesto Cártel de los Soles y los vínculos de la revolución bolivariana y sus militares con el narcotráfico internacional. En junio, CONATEL admitió que bloqueó 924 enlaces de la web Dollar Today y otros 1.060 sitios por pedido de las autoridades y sacaron del aire al canal de televisión NTN24 por promover “agitación social”. Dispararon contra la periodista Helena Santinés, recibió golpiza su colega Pedro Torres, y lanzaron al camarógrafo de la primera, Alejandro Ledo, desde un segundo piso, trabajadores adscritos a la Alcaldía Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua. Cerró el periódico infantil del diario El Carabobeño por falta de papel. Cerró el diario La Verdad del Estado Vargas por órdenes del gobernador, general Jorge Luis García Carneiro, hasta que pague sus impuestos. Al gobernador opositor del Estado Miranda, Henrique Capriles le notificaron demanda judicial por twittear, interpuesta por el Ministro del Interior, general Gustavo González López, y otros generales. Gabriela Di Giancaterino, del diario La Nación del Estado Táchira es detenida por tomar una foto en la frontera durante los procedimientos militares anti-contrabando, en Peracal, San Antonio. Un miembro de la policía judicial, CICPC, desnudó e insultó a la periodista Beatriz Lara, en Villa de Cura, por darle cobertura a un traslado de presos de alta peligrosidad. En julio, El Universal prohibió publicar una columna de opinión sobre falta de protección a colectivos de lesbianas, gay, bisexuales y trans, escrito por Rafael Garrido. Se descubrió que CONATEL colaboró con el Servicio Bolivariano de Inteligencia para detener a tuiteros que escriben en contra del régimen. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, acusó al editor Miguel Henrique Otero, de ser traficante de armas. Durante los saqueos que ocurren en el Estado Bolívar, motorizados armados y militantes del oficialismo agredieron a los reporteros gráficos Carlos León y Luis Tovar, y a la periodista Claudia Páez, según lo denunció el Correo del Caroní. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, criminalizó a la radio Fe y Alegría 620 AM, de Guasdualito, Estado Apure, acusándola de hacer terrorismo mediático, por darle cobertura a los estragos causados por lluvias en la zona. Son agredidos el camarógrafo Miguel Lárez y la periodista Gladys Mongua, por darle cobertura a la cola de consumidores frente a los Abastos Bicentenario del Estado Anzoátegui. Transparencia Venezuela interpuso una demanda contra el presidente del Banco Central, por no publicar los indicadores económicos del país. Wikileaks informó sobre la compra de la empresa italiana Hacking Team de software para el espionaje de teléfonos en Venezuela, por parte del Ministerio del Interior y Justicia. Sacan de aire el programa radial comunitario “Al son de la Kalle”, que conduce el periodista Manuel Naveda en la emisora 107.3 FM, por criticar al gobierno municipal en Pueblo Nuevo, Estado Falcón. Nazaret Montilla, periodista del diario El Norte del Estado Anzoátegui, es apuntada en la cara con un arma de fuego por autoridades de policía quienes intentan detenerla luego de dar cobertura a la presencia masiva de consumidores en los Abastos Bicentenario, propiedad del gobierno. Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodísticas, solicitaron amparo constitucional en favor de la suspendida emisora de televisión NTN24 y en contra de la agencia estatal CONATEL. En agosto Cabello vinculó al periodista Damián Prat, del Correo del Caroní y Tal Cual, con un supuesto “Plan Guayanaso”, consistente en ataques a torres de transmisión eléctricas. Luego hostigó al defensor de derechos humanos Marino Alvarado y a los medios El Nacional, La Patilla, Efecto Cocuyo, Noti-tarde y El Carabobeño, por hablar de la ocurrencia de un robo masivo en Tucacas, a fin de desviar la protesta popular que en la zona recibe su esposa, como ministra de Turismo del régimen. La SIP exhortó al Estado venezolano asegurar trato justo y debido proceso al editor Leocenis García, de Sexto Poder, quien permanece bajo restricción de su libertad. La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera denunció que Osmary Hernandez, corresponsal de CNN, fue objeto de ataques y vejámenes por el gobierno, siendo acusada de terrorista por el Ministerio de Información. Cabello anunció que la Justicia admitió su demanda contra los directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla. La cuenta twitter de la periodista Ibéyise Pacheco fue interferida por el gobierno. La abogada de la embajadora alterna de Venezuela ante la ONU, María Gabriela Chávez, amenazó al Diario Las Américas de Miami por publicar la noticia de un portal web afirmando que la hija del ex presidente Hugo Chávez “podría ser la mujer más rica de Venezuela”. En septiembre Cabello cuestionó la visita académica que realizó a Venezuela el Relator de la ONU, Michael Forst, y por entrenar a los defensores de derechos humanos a formular sus denuncias. Fue allanada la casa de la periodista Ibéyise Pacheco, hoy exiliada. El gobernador del Estado Táchira, José Vielma Mora, criticó a diario La Nación, acusándolo de una campaña de desinformación sobre la crisis con Colombia La periodista de la web informativa En Pauta, Milagros Rivero, fue detenida por la Guardia Nacional mientras cubría incidencias en las inmediaciones del establecimiento comercial Farmatodo. Juan Guaidó, diputado opositor, es retenido en el Palacio de Justicia por tomar fotos mientras se desarrollaba la audiencia conclusiva del juicio al dirigente político Leopoldo López, mientras eran hostigados y agredidos 20 periodistas nacionales e internacionales. La agencia estatal de telecomunicaciones CONATEL ataca virulentamente y con trato discriminatorio al periodista ancla de la radio venezolana, César Miguel Rondón, por entrevistar al Alcalde de Cúcuta, Colombia, permitiéndole expresarse con libertad y duramente contra el gobierno de Maduro y las acciones de sus militares en la frontera. El Diario Los Andes se transforma en Semanario, por falta de suministro de papel en Venezuela.

Via EFE

Fuente: Mundo Oriental