Venezuela: Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela
El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos, señalaron en un informe difundido hoy Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal.
El informe de 73 páginas, “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, documenta 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana.
“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. También evaluamos las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales.
En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos.
En varios casos, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por los agresores— sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas, señalaron Human Rights Watch y el Foro Penal.
“No es nada más un líder político; no es nada más una figura pública. Es un ciudadano de a pie; fui yo”, dijo Ernesto Martin (seudónimo), de 34 años, quien fue detenido en su hogar por haber criticado públicamente al gobierno y luego torturado para incriminarse y confesar que tenía supuestos nexos con la oposición política.
A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y el Foro Penal no consiguieron ningún indicio de que funcionarios públicos en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o debían haber sabido sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos. Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo sucedido.
En abril, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en Venezuela, en respuesta a una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —que es completamente servil a la presidencia— para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del Presidente Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su gobierno.
Los abusos en las calles han disminuido desde julio tan sólo porque hay menos manifestaciones, pero el gobierno no ha dado señales de que tenga previsto renunciar a la represión brutal de opositores, ni mucho menos de exigir que los funcionarios rindan cuentas por los abusos generalizados que se cometieron. La impunidad ha sido la regla.
El gobierno venezolano ha caracterizado las protestas en todo el país como violentas. Hubo algunos episodios en los cuales ciertos manifestantes emplearon violencia, por ejemplo, arrojando piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, los abusos violentos documentados no fueron parte de un intento por reprimir manifestaciones violentas. Por el contrario, estas atrocidades se infligieron a personas que ya estaban bajo la custodia o el control de las fuerzas de seguridad, o constituyeron actos de violencia desproporcionada o abusos deliberados contra personas en protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.
Miembros de las fuerzas de seguridad y de pandillas armadas partidarias del gobierno, llamadas “colectivos” en Venezuela, han provocado decenas de muertes y cientos de heridos. En muchos casos, han disparado cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia, de tal forma que parecen haber tenido como propósito causar lesiones dolorosas.
“Desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas”, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal. “Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas de debido proceso”.
Al menos 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares por delitos que incluyeron traición a la patria y rebelión militar, en violación del derecho internacional.
Gobiernos de la región y otros continentes han condenado la represión de la expresión y protesta pacífica en Venezuela. Es crucial que, con urgencia, se redoble la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para que este libere a quienes fueron detenidos arbitrariamente, desista de los cargos en procesos penales con motivaciones políticas y actúe para que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.
Antes de la publicación del informe, Human Rights Watch y el Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los derechos humanos en el país.
“Hay altos funcionarios venezolanos que son responsables por los abusos graves y extendidos que están siendo cometidos por sus subordinados”, destacó Vivanco. “Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles un mensaje claro: si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”.